Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Escribo sobre este tema justo cuando acaba de concluir el Seminario Internacional “La Administración Pública Neoliberal y la construcción de un nuevo paradigma administrativo”, organizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán”, pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante este evento presenté un primer esbozo del tema “Marco doctrinal y constitucional de un nuevo paradigma administrativo público: antecedentes, restricciones y alcances”, que espero muy pronto convertir en un artículo que pueda ser publicado en revistas universitarias. Sin embargo, en esta -más breve- colaboración semanal no pretendo reproducir lo que expuse en mi ponencia y desarrollaré en el artículo, sino que trataré de expresar las enseñanzas y conclusiones después de haber escuchado durante dos días a mis colegas, de diversas instituciones y países, cada uno sobre diferentes temas específicos y desde diferentes ópticas, pero apuntando todos hacia el paradigma administrativo público neoliberal y cualquier otro emergente.
El asunto no es estrictamente académico y tampoco es menor, puesto que estamos hablando de la forma como un gobierno -en este caso el autodenominado de la Cuarta Transformación- se propone resolver los problemas del país; lo cual, en términos de administración pública, significa dotar de servicios públicos -o regular eficientemente los servicios privados- que aseguren educación, salud, abasto, empleo, seguridad, cultura, diversión, transporte, servicios urbanos, seguridad y certeza jurídicas, etc., a toda la población del país. Así es que después de haber escuchado a mis colegas, confirmo mi convicción de que un paradigma administrativo público en las democracias contemporáneas reúne necesariamente aspectos de carácter ideológico, político, económico, social y no necesaria, únicamente, administrativos.
Confirmo, también, como habitualmente lo señalo al iniciar un curso cuando el tema viene al caso, que no hay sistemas económicos puros -de economía socialista o de economía capitalista-, como tampoco hay sistemas políticos puros -democráticos o totalitarios-, puesto que cada sistema político real combina elementos de unos y otros esquemas teóricos ideales, construidos para efectos explicativos pero que, en la realidad cotidiana, combinan o necesitan de algo útil -y también lo inútil- que pueda haber en todos ellos. Además, unos y otros sistemas -económico, político, social, administrativo- se interrelacionan e influyen mutuamente, generando cambios constantes -a veces perceptibles, a veces imperceptibles-, matizados todos por un aspecto eminentemente ideológico que los justifica, legítima, hace aceptables o vuelve confiables, al punto de comprometer a los involucrados en su defensa y compromiso para mantenerlo; o bien, en tratar de desaparecerlo, derrocarlo o por lo menos criticarlo.
Escuché a expositores que se pronunciaron por una administración pública neutral, totalmente desligada de la política, para lo que pusieron como ejemplo los servicios civiles de carrera en las democracias consolidadas; según ellos, totalmente desligados de los avatares de la política. Sin embargo, me imagino, supongo, que lo mismo en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos, cada vez que un nuevo partido político gana la titularidad del gobierno ejecutivo se dedica a implementar su oferta electoral; la cual, supongo también, presume cambios de la que hayan desarrollado quien o quienes le hayan antecedido en el cargo. Así es que, entonces, los servidores públicos de carrera, ciertamente con eficacia y eficiencia cristalinas, se dedican a operar dichos cambios. Consecuentemente, respecto a lo que ahora sucede en México con el nuevo gobierno, los empleados públicos -al parecer, algunos de ellos todavía de servicio civil de carrera-, se dedican a instrumentar la oferta político electoral del partido en el gobierno. No podía ser de otra forma.
Pero veamos ahora qué es lo que caracteriza esta operación, cómo están haciendo el cambio, cuál es el nuevo paradigma, pues. Creo que todos los expositores coincidimos en que dicho cambio está siendo realizado sin necesidad de reformas constitucionales -lo cual es importante a destacar, pues se trataba de un seminario organizado por un instituto de investigación y facultades de enseñanza jurídica-, en materia económica y administrativa. Ciertamente ha habido reformas legales en tales materias y varios decretos administrativos del presidente de la República, así como un Plan Nacional de Desarrollo del que se derivan, naturalmente, políticas de Estado, de gobierno y políticas públicas. Pero como hice una pregunta sobre la desaparición de un organismo constitucional autónomo, el Consejo de Evaluación Educativa, me doy cuenta de que por lo menos ha habido esta reforma constitucional. Sin embargo, por lo que toca a privilegiar la inversión pública para convertir a PEMEX y CFE en motores del desarrollo nacional y menospreciar la inversión privada, nacional y extranjera, para esto no ha sido necesario reformar la Constitución.
Alguien recordó la fecha en que el presidente declaró que había terminado el neoliberalismo en México; en ese momento recordé una caricatura muy ingeniosa en la que el presidente invita a celebrarlo en la casa de un vicepresidente de Televisa, donde -en efecto- esa noche cenó con el yerno de Donald Trump. Nadie exhibió la caricatura, ni siquiera la recordó, pero a lo largo de las exposiciones todos coincidimos en que las reglas de la condenada economía neoliberal siguen rigiendo en nuestro país y que el nuevo gobierno se acomoda muy bien a ellas. Por ejemplo, el redimensionamiento del sector público, la reducción de personal e, incluso, la reducción de salarios. Se podría agregar también la centralización de compras gubernamentales para conseguir mejores precios y evitar corrupción, pero no recuerdo que alguien se haya referido a esto, ni siquiera para señalar el desabasto. Pero creo que todos coincidimos, también, en que el combate a la corrupción ha sido una pieza clave del nuevo paradigma. Desde luego que, en la mesa de cierre, el último expositor no dejó de advertir que en algunos casos ese discurso de combate a la corrupción ha servido muy bien para violar la ley.
Termino esta colaboración recordando algo de mi exposición, sobre cómo la inicié y cómo la cerré. La inicié presentando un breve resumen de la Visión 2024 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde subrayé afirmaciones tales como que para 2024 la tasa de crecimiento será del 6%, con un promedio anual del 4% -creo que ahorita andamos apenas por el menos once-, que ya no habrá emigración al exterior, que el país quedará reforestado, que se habrá acabado la corrupción y varias cosas más por el estilo. Pero cerré diciendo, entre otras, dos cosas que aquí me interesa resaltar; que hay un parámetro objetivo de evaluación del éxito o del fracaso del nuevo paradigma administrativo de la 4T: si logra cumplir o qué tanto se acerca a cumplir lo comprometido en esta Visión 2024, propuesta por el presidente y aprobada por su mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. Y, también, que el sistema de representación política y los procesos electorales forman un macrosistema de control de gestión del paradigma administrativo, por lo que habrán de calificar y, en su caso, sancionar o premiar en esa medida al gobierno de la 4T y su partido, junto con los demás partidos de su coalición. Claro que la ideología, la propaganda y la operación política ayudan mucho a lograr un resultado.
Ciudad de México, 28 de octubre de 2020.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador.
Sé el primero en comentar