Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Supongamos lo que sucedería si de pronto nuestra fuente habitual -individual o familiar- de trabajo e ingresos desaparece, se reduce o simplemente queramos que crezca, pues es la única que permite nuestra subsistencia económica y su mejoría. Naturalmente, en cualquiera de tales supuestos vendrían restricciones y la reorientación de algunos de nuestros gastos y la búsqueda de otras fuentes de ingreso, pues el dinero disponible se buscaría obtenerlo y gastarlo de la manera más conveniente para alcanzar los nuevos objetivos, hayan sido éstos impuestos o voluntariamente modificados; eventualmente, se podría echar mano del crédito disponible pues el apalancamiento financiero es una de las formas más usuales para emprender nuevos proyectos.
Supongamos ahora que eso mismo sucede con la fuente habitual de ingresos del Estado Nacional -que es la recaudación fiscal, la deuda externa, los ingresos por la producción de las empresas y servicios públicos y, en México, durante muchos años, el ingreso petrolero-. Nosotros, en lo individual, no tenemos otra vía para asegurar nuestra subsistencia y el Estado Nacional tampoco para asegurar los satisfactores que debe ofrecer a sus gobernados y administrados -desde que fueron creados los bancos centrales autónomos se supone que la maquinita de hacer billetes tiene ya algunos controles, por suerte-. El caso es que tan limitados estamos los particulares en nuestros gastos y los cambios en nuestras preferencias o alternativas, como también lo está el Estado Nacional -en sus diferentes órdenes de gobierno-. Lo curioso es que, en el caso del Estado -federación, entidades federativas o municipios-, aunque nos afecten de manera directa e indirecta, las decisiones al respecto no las tomamos nosotros sino nuestros representantes electos mediante nuestro voto popular; razón por la cual hay que estar muy pendiente de por quién votamos.
Nicolás Maquiavelo fue pionero en el análisis objetivo de las relaciones de poder al interior del Estado Nacional, base de los estudios políticos que formalmente desembocan en el Derecho Constitucional -donde se supone que se encuentran las decisiones políticas fundamentales para hacer realidad esas opciones o alternativas que ya comenté-. Como trato de demostrarlo en un trabajo reciente, Maquiavelo también fue pionero en los estudios de administración pública, además de haber continuado una tradición milenaria en los estudios de la estrategia militar -en buen número de ocasiones ésta motor de aquella-. Corresponde a Adam Smith, por su parte, ser el pionero de los estudios objetivos de la economía pública de los Estados Nacionales, naturalmente vinculada a los aspectos éticos de la actividad pública; frente a la economía liberal iniciada por Smith, aparece la economía socialista cuyo exponente más conocido fue Carlos Marx, todavía seguido por muchos marxistas de manual -aunque sucede lo mismo con los seguidores de Smith-.
Desde una perspectiva académica de la economía pública encontramos dos extremos teóricos que difícilmente se dan en la realidad: una economía completamente descentralizada a cargo de las leyes del mercado económico y, de otra parte, una economía planificada centralmente. A cada una de estas perspectivas teóricas -cuando son extremas- corresponde una actividad propia del Estado Nacional: una mínima o una máxima intervención en la economía, esto es, una sociedad sin Estado o un Estado sin sociedad. Reitero que ambos extremos teóricos no se presentan en la realidad, puesto que por más descentralizada que pueda encontrarse la economía, esto es, por menor que sea la intervención del Estado en los asuntos económicos -es decir, en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades individuales y colectivas-, siempre habrá alguna presencia estatal por lo menos para regular dichos intercambios. Igualmente, por más centralizada que se encuentre una economía, habrá algunas actividades económicas -desde luego las vinculadas a la producción doméstica, por ejemplo, pero también algunas otras-, en las que el Estado tendrá que permitir que sean realizadas por los individuos particulares.
El caso es que siempre ha habido y siempre habrá académicos teóricos y políticos prácticos que propongan una u otra aproximación extrema para resolver los problemas que permitan asegurar la producción, distribución y servicios que resuelvan nuestras necesidades en todos los ámbitos: nada de Estado o solamente el Estado. En cualquier caso, será mediante los impuestos que pagamos los contribuyentes con lo que se financiará una u otra forma de resolver los grandes problemas nacionales. Naturalmente que la mayor parte de los gobiernos de los Estados Nacionales han buscado una especie de justo medio aristotélico, o sea -para decirlo en términos coloquiales- ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre. Así es que dependiendo de la historia económica de los países habrá algunas actividades económicas que mantenga el Estado -y no solo su regulación-, en tanto que habrá otras que queden totalmente en manos de los particulares, es decir, de las empresas privadas; son decisiones que, finalmente, se toman a veces por necesidad, conveniencia o puro gusto.
Pero ha sucedido también que algunas de esas empresas particulares han tenido un crecimiento de tal importancia que el tamaño de sus operaciones se ha vuelto mucho mayor que el presupuesto de muchos Estados Nacionales, que corresponden a territorios geográficos pequeños y actividades económicas subordinadas y dependientes de otros países y empresas transnacionales. Si bien es cierto que desde el punto de vista del Derecho Internacional todos los Estados Nacionales son iguales, desde el punto de vista de la importancia de la economía entre esos países resulta que hay unos más iguales que otros, es decir, sencillamente que no puede haber igualdad. De la misma manera que entre los individuos, pues si algo nos caracteriza a los seres humanos es la desigualdad de condiciones y oportunidades, aunque pueda no gustarnos, sobre todo cuando nos toca la peor parte.
Ciertamente, la historia de la humanidad, por lo menos en los siglos recientes, ha sido la de una incansable búsqueda por encontrar -en las actividades económicas colectivas- una forma de crear los satisfactores necesarios para tratar de igualar dichas condiciones y oportunidades. Es el caso, primero, de la producción industrial de satisfactores y, más tarde, de la aplicación a dicha producción y sus intercambios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A veces esto ha sucedido gracias a la iniciativa privada y a veces gracias al Estado. Aunque a veces también ha sido puro bla, bla, bla de quienes gobiernan los Estados Nacionales. Por eso hay que poner atención a lo que hacen y dicen.
En México, como en cualquier otro país del mundo, para asegurar el crecimiento de la producción industrial de satisfactores es necesaria la energía, particularmente la derivada del petróleo y de la electricidad. Se requiere también de materias primas, servicios públicos diversos y mano de obra calificada, pero por ahora me quedo con el petróleo y la electricidad. Puesto que en México la explotación de uno fue expropiada a las empresas extranjeras en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y la otra nada más fue nacionalizada o mexicanizada, es decir, comprada, también a empresas extranjeras; esto trajo como consecuencia un fervor nacionalista que no siempre atendió a los números de los resultados de la operación de una y otras empresas -Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro (hoy desaparecida)-. Pero es un nacionalismo económico que ciertos académicos teóricos y políticos prácticos han aprovechado para colocarlo en el centro de la solución de los grandes problemas nacionales, no obstante que -nuevamente los números- en la práctica no haya sucedido así.
La inversión para la extracción y la refinación del petróleo o la producción de energía eléctrica es cuantiosa y los recursos públicos no son ilimitados, pues tienen que alcanzar los que existan para financiar otras actividades y servicios públicos de todo tipo. Así es que ese financiamiento para asegurar la energía suficiente -tanto para que haya luz en nuestras casas como combustible en las fábricas- o lo aporta exclusivamente el Estado -mediante nuestros impuestos y la deuda contraída que también se paga con nuestros impuestos-, o los particulares -empresarios nacionales y extranjeros-, o ambos.
Los partidos políticos de izquierda o que se dicen de izquierda, dicen que debe ser el Estado el que haga todo eso. Los partidos políticos de derecha -aunque no siempre se reconozcan como tales, porque los de enfrente les hacen burla pues suponen que solo ellos tienen la razón- dicen que deben ser los particulares regulados por el Estado. Ser de izquierda o de derecha es una preferencia personal a partir de nuestro contexto personalísimo, de un lado, y es también una propuesta ideológico política en función de un compromiso político, por el otro; si la derecha o la izquierda existen o no o son lo mismo -es decir, solo una forma de legitimación-, no es asunto a tratar por ahora. El caso es que, en México, hace ocho años parecía que se ponían de acuerdo y dijeron que ambos, Estado y particulares se dedicarían a financiar la materia energética. Así es que reformaron la Constitución y sucedió que ya se empezó a aceptar inversión privada, nacional y extranjera en esas actividades relacionadas con el petróleo y la electricidad. Pero ocurre que la semana pasada, sin necesidad de reforma constitucional y solamente basados en un memorándum firmado por el presidente de la república, se convocó a los directivos de los organismos nacionales reguladores de energía para darles a conocer que ya no habría permisos o concesiones a empresas privadas.
Encontramos así un punto de conexión entre la Economía, la Política y el Derecho -es decir, el modelo económico, el modelo democrático y el modelo constitucional-. Ciertamente, 30 millones de votantes dieron su confianza al actual presidente de la república para ocupar el cargo. Solamente que dicho cargo solo se puede desempeñar conforme a las decisiones políticas fundamentales establecidas en la Constitución; las cuales, para ser cambiadas, tienen que serlo conforme a un procedimiento de reforma constitucional, pues se supone que esa es una regla básica en un modelo democrático como el que se supone tenemos. Sin embargo, la complejidad de la conexión de esas tres disciplinas y modelos mencionados tiene rasgos todavía más enredados en el momento actual, que muchas veces escapan al elector promedio, es decir, al ciudadano que difícilmente se puede especializar en temas técnicos y dominar la interpretación de datos y cifras igualmente difíciles ya no de entender, por lo menos de encontrar disponibles con facilidad en algún lado para analizarlos.
Un ejercicio didáctico de explicación de esas relaciones complejas queda inmerso, y por lo tanto es rápidamente cubierto, por las preferencias y simpatías políticas de los lectores o interlocutores, de tal suerte que el acto de votar se convierte en un asunto de fe, simpatía o azar -una especie de volado a ver si sale bien-. Si a esto se agrega un ejercicio de gobierno que se desentiende de esos formalismos constitucionales y legales, lo único que se puede esperar es la afirmación de un gobierno apartado de los valores y principios constitucionales que deberían normar nuestra vida pública, apoyado por una ciudadanía desinformada que lo avala con su voto y que, más tarde o más temprano, pagará las consecuencias de su desinformación. Mientras tanto, el presidente de la república y su partido aseguran que vamos requetebién y que los que no lo aceptan es porque son unos envidiosos, malquerientes y malosos.
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e investigador. Doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs. Maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciado en Derecho por la UNAM. Tiene la Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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