El Gobierno de México destinará un 3,3% del total del Presupuesto para 2022 en reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres. Más de 232.000 millones de pesos (11.193 millones de dólares) que representan un 75% más que la partida de hace un año. Sin embargo, casi el 90% de dicha cantidad irá destinada a los programas prioritarios de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que los programas que atienden a víctimas de violencia o se encargan de las alertas de género en los Estados verán recortado su presupuesto o tendrán incrementos insignificantes por debajo de lo que ha crecido la inflación.
Mientras el Gobierno dobla los recursos para Jóvenes construyendo el futuro, las Becas Benito Juárez para jóvenes, Sembrando Vida o el Programa de pensiones de adultos mayores, especialistas en el combate contra la violencia de género e integrantes del movimiento feminista miran con desconfianza que se alimenten los programas insignia de la Cuarta Transformación con el presupuesto destinado para igualdad, no discriminación y erradicación de la violencia, cuando es cuestionable si realmente cumplen con ese fin por su falta de perspectiva de género.
“No queda muy claro cómo [los programas prioritarios] contribuyen a cerrar la brecha de desigualdad que es para lo que fue creado el Anexo 13 en los presupuestos. Por ejemplo, no está claro cómo la bolsa de pensiones va a combatir la brecha de género, cuando ni siquiera se da más pensión a las mujeres por representar el 52% de la población”, señala Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar. La experta en presupuesto Magdalena García Hernández lo explica como “transversalidad inexistente” y advierte que se corre el riesgo de que realmente con el gasto destinado a igualdad no se cierren las “desigualdades existentes entre mujeres y hombres”.
Desde 2008 el movimiento feminista en el país impulsó de manera legislativa la creación de una partida presupuestaria, conocida como Anexo 13 del Presupuesto General, que asegura cada año una parte del dinero público para programas de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, año tras año las cuentas salen peor.
Por mucho que los gobiernos pretendan aparentar que cada año se destine más al tema, la realidad es que los mayores recortes en el Anexo 13 se los llevan los programas de deberían ser prioridad. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.
Vía | El País
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