El Comité De Participación Ciudadana Del Sistema Nacional Anticorrupción

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

Hace algunos días, un querido amigo -condiscípulo en estudios de posgrado y coautor de varios libros en los que también participé- me hizo el favor de reenviar un mensaje que twitteó la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual anunciaba que el siguiente 5 de agosto se publicaría la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana del SNA. 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema -estructura, organización-, nacional, como su nombre lo indica, resultado de la reforma constitucional de 2015 que lo estableció y configuró en el artículo 113 constitucional, bajo el principio de colegialidad, como una forma más para lograr el buen gobierno. Así es que está integrado por una serie de cuerpos colegiados como los ya mencionados y uno más, el Comité Coordinador, al que concurren los titulares y representantes de los diferentes entes públicos encargados de la fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

 

Dichos entes públicos son los siguientes: la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyos titulares participan en el Comité Coordinador; así como representantes del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y del Comité de Participación Ciudadana. El Comité Coordinador es presidido por el presidente, a su vez, del Comité de Participación Ciudadana a cuya integración ahora se convoca.

 

Pero, Sistema Nacional Anticorrupción es también el nombre de un organismo descentralizado no sectorizado, creado ex profeso para implementar, entre otras -además de las previstas en la Ley-, las políticas públicas que sugiera el Comité Coordinador, que es su órgano de gobierno. El director de este organismo es designado por el Comité Coordinador.

 

Como hace un par de años, antes de la pandemia, fui invitado por una institución educativa a impartir un curso, entre otros más, sobre el tema “Sistema Nacional Anticorrupción”, precisamente en el Senado de la República, entendí de inmediato el valor y la oportunidad de la información que llegaba a mis manos. Más aún, alentada por el siguiente comentario amistoso y breve: “cubres con creces el perfil”.

 

De tal suerte que, en efecto, el viernes 5 de agosto siguiente apareció publicada en la página web de la Comisión de Selección -www.comisiondeseleccionsna.org/- la convocatoria pública abierta para que quienes desearan postular candidatos a ser evaluados en un proceso de selección muy riguroso, acudieran a postularlos. Aparecieron publicados -y ahí siguen, por si quiere echarles un vistazo-, igualmente, la metodología que habrán de observar los integrantes de la Comisión de Selección durante el proceso de selección, las consideraciones generales a las propuestas de la ciudadanía, así como los diferentes formatos y documentación que los interesados deberán entregar.

 

Desde luego que el asunto de participar en el proceso no resulta tan sencillo. En primer lugar, los interesados en acudir deben ser postulados por instituciones educativas u organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sociales u otras. Lo cual implica acudir prestos a molestar a amigos vinculados a dichas organizaciones, que quieran comprometer en principio su tiempo para redactar una carta de apoyo a alguien que consideran que puede tener los méritos suficientes para participar en el proceso, con alguna posibilidad de ser considerado favorablemente.

 

La verdad es que ya me siento un decano en este asunto de participar en convocatorias públicas abiertas que son como las llamadas a misa, donde los que quieren van y los que no quieren no van. Mi amigo que me reenvío el mensaje twitteado lo sabe -al igual que otros amigos y familiares-, por lo que supuso, fundadamente, que la idea me iba a interesar. Pero es la primera vez que me veo obligado a pedir cartas de postulación.

 

Así es que ahí me tiene usted pidiendo cartas, llenando formatos, reuniendo y escaneando documentos con la historia de mi vida laboral profesional; gracias a los cuales me doy cuenta que, después de todo, mi amigo, además de generoso como siempre ha sido conmigo y con todos sus amigos, puede ser que haya tenido razón, en virtud de las cosas que en seguida le cuento.

 

La convocatoria exige, entre otros requisitos señalados en la Ley General del SNA, los siguientes -los pongo en el orden en que quiero acordarme-: 1) Experiencia laboral o conocimiento de la administración pública federal, estatal o local. Como, además de haber trabajado en las administraciones de los tres órdenes de gobierno, he tomado cursos y diplomados de actualización sobre su estudio -de las tres, y lo puedo acreditar documentalmente-, me doy cuenta que este requisito lo cumplo tranquilamente.

 

2) Experiencia de participación en cuerpos colegiados o mecanismos de participación ciudadana. Como, desde que en 1988 doña Idolina Moguel, muy distinguida senadora por Oaxaca, me hizo el favor de invitar a trabajar con ella en la Cámara de Senadores he trabajado después en órganos legislativos federales y locales -incluidas ambas cámaras federales y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México-, además de mi actividad de colegiación profesional y en cuerpos académicos, pues también es un requisito que creo cumplir holgadamente.

 

3) Experiencia o conocimiento en el diseño, implementación, evaluación o análisis de políticas públicas. Como todas estas son cuestiones que nunca nos enseñan a los licenciados en Derecho, cuando tuve que ocuparlas mejor cursé una maestría en Administración de Empresas, por lo que de ahí en adelante he tomado cursos de actualización en diferentes partes sobre estos temas. Con el buen resultado que hasta he escrito algunos libros sobre ellos, donde recojo además mi experiencia práctica.

 

4) Experiencia o conocimiento en cualquiera de las siguientes materias: Administración Pública, Fiscalización, Procuración y Administración de Justicia y Plataformas Digitales. Por fortuna la convocatoria dice “en cualquiera” de ellas, porque la única sobre la que no he escrito libros y artículos en revistas especializadas es la materia de Plataformas Digitales. Así es que este otro requisito creo que también lo puedo cubrir.

 

5) Experiencia o conocimiento en el diseño de indicadores y metodologías en las materias de esta convocatoria. No me siento un “anticorruptólogo” consumado como algunos que habrán de llegar, pero espero que los cinco libros colectivos en los que he participado, durante los últimos seis años, con mis aportaciones sobre estos temas sean estimados suficientes para cubrir este requisito. Esos libros, por cierto, han sido publicados por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y están disponibles para su consulta en el micrositio de la UEC en la página web de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Bueno, casualmente, en los días presentes doy cursos en varios posgrados impartidos tanto por la Fiscalía General de la República como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

6) Experiencia en vinculación con organizaciones sociales y académicas específicamente en la formación de redes y 7) Experiencia en coordinación interinstitucional e intergubernamental. Espero que la experiencia que tuve al diseñar e implementar la política pública de fomento de la cultura de la legalidad a población abierta, tanto para lograr la compilación jurídica nacional como los registros nacionales de avisos de testamento y de poderes notariales, con la contribución tanto de la sociedad civil organizada como de representantes de todas las entidades federativas, sea algo que pueda avalar que cumplo estos otros requisitos. 

 

Finalmente, 8) Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. Espero que las funciones de dirección que he desarrollado como servidor público en diversas organizaciones a nivel federal y estatal puedan ser consideradas suficientes para cubrir este otro requisito, con el que espero completar holgadamente el listado de todos los que se exigen.

 

Como ya he mencionado, soy decano en estos menesteres. Me consta, entonces, que cuando uno no resulta favorecido lo primero que surge a la mente es que hubo dados cargados, que la decisión estaba tomada de antemano a favor de tal o cual. A lo mejor a veces es cierto, así es que quienes escriben sobre este tema le llaman simplemente “sistema de cuotas”. Pero en el proceso que ahora me ocupa, insisto, hay una metodología precisa -más o menos precisa, no lo sé-, que puede aminorar el “sistema de cuotas” por las razones que en seguida explico.

 

En primer lugar, los integrantes de la Comisión de Selección encargada de convocar, evaluar, entrevistar y designar triunfadores, fue renovada hace algunos meses por la Cámara de Senadores -por haberse terminado el periodo de los anteriores-. Es decir, se convoca en principio en sede legislativa pero no son los senadores de la república los que votan a favor de los seleccionados, sino los integrantes de la comisión escogida por los senadores; se supone entonces su neutralidad político partidista, su imparcialidad, autonomía e independencia para seleccionar sólo con base a la idoneidad del perfil de los escogidos.

 

Algo parecido dicen que sucede con el comité técnico de evaluación que, en la Cámara de Diputados federal, se tiene para seleccionar a los consejeros del consejo general del Instituto Nacional Electoral -procesos en los que también he participado varias veces-. Sin embargo, en el caso del INE la vinculación institucional y partidista de algunos de los integrantes de este selecto grupo es más notoria. Pero, además, los que votan y deciden son los diputados, a partir de las ternas que propone el comité de selección señalado. En mi libro publicado más recientemente analizo el tema.

 

La metodología de evaluación durante el proceso de selección en el que me propongo participar muy pronto -pasado mañana a más tardar espero enviar mi documentación vía internet- está escrita y publicada. Pero de cualquier manera enfrenta, desde luego, la dificultad de comparar peras con manzanas, problema habitual en estos procedimientos. Por ejemplo, ¿a quién se debe dar mejor puntuación, al experto en plataformas digitales, al experto en fiscalización o al que sabe un poco o bastantito de todas las materias señaladas en la convocatoria? Como la metodología no señala valores cuantitativos para cada parámetro de evaluación previsto -aunque distingue, por ejemplo, entre postulantes con licenciatura, maestría o doctorado-, siempre será posible transitar entre la objetividad y la discrecionalidad -pues lo que se no se puede medir no se puede evaluar-. Al final de cuentas, como sucede, cada quien hablará de la feria según le haya ido en ella.

 

Por mi parte, espero terminar a tiempo de llenar los formatos que me falta concluir, para entregar documentos en tiempo y forma; otorgo una vez más un voto de confianza a los que deciden; confío en que mi perfil profesional resulta más o menos holgado en el cumplimiento de requisitos; espero que no lleguen muchos aspirantes con perfiles más holgados que los míos en el cumplimiento de los requisitos; y espero -como “Los amorosos” de Sabines, no espero nada pero espero-  que, si hay por ahí alguien que venga “sembrado/a”, con bendición papal y toda la cosa, la aplicación puntual de la metodología que he platicado pueda alcanzar para neutralizar sus cartas marcadas.

 

Ciudad de México, 15 de agosto de 2021.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Licenciado en Derecho por la UNAM; maestro en Administración de Empresas por la UAEMéx; doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España); posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA).