Washington, D.C., 30 de junio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos presuntos operadores financieros vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y nueve empresas señaladas de integrar una red dedicada al robo, contrabando y lavado de combustible, conocida como «huachicol fiscal».
Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, como parte de la estrategia para combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional.
Los sancionados son Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, a quienes las autoridades estadounidenses identifican como presuntos operadores clave de una estructura encargada de obtener ganancias millonarias mediante el tráfico ilícito de combustibles y el uso de empresas fachada para ocultar el origen de los recursos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización utilizaba un esquema de contrabando de combustibles refinados entre Estados Unidos y México, declarando falsamente los cargamentos para evadir impuestos y facilitar su comercialización ilegal. Los recursos obtenidos, según la investigación, eran destinados al financiamiento de las actividades del CJNG.
Además de las dos personas físicas, fueron sancionadas nueve empresas presuntamente empleadas para transportar combustible, realizar operaciones comerciales simuladas y lavar dinero derivado de estas actividades ilícitas.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de los involucrados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron congelados. Asimismo, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con las personas y entidades incluidas en la lista de la OFAC.
El Departamento del Tesoro también señaló que la red criminal presuntamente utilizaba parte de sus ganancias para fortalecer su estructura mediante actos de corrupción, incluyendo pagos para proteger sus operaciones. Estas acusaciones forman parte de las investigaciones de las autoridades estadounidenses y no constituyen una resolución judicial.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a las personas y empresas sancionadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedir que realicen operaciones dentro del sistema financiero nacional.
Las acciones forman parte de la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico ilícito de combustibles y debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

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