Joel Hernández Santiago
De los muchísimos y grandes problemas nacionales que están en la mesa de discusiones dos son los que podría decirse que son prioritarios para identificar quién es quién en las campañas electorales que comenzaron el 1 de marzo: La inseguridad pública en México y la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral.
En el primer caso, cada uno de los candidatos ha lanzado su cuarto a espadas para decir cómo habrá de solucionarse el gran problema de la violencia criminal en el país. Los miles de muertos por homicidio doloso tan sólo en este sexenio son ya 170 mil; cientos de desaparecidos y amenazas que generan terror.
El gobierno insiste en mantener su estrategia de “abrazos, no balazos” y aunque la cosa en el país está que arde, nada los conmueve, nada los preocupa. Todo está en paz, según dice Palacio Nacional y según repite a coro la señora Claudia Sheinbaum. Los habitantes de esta República estamos felices-felices-felices, dice el presidente de México… Es lo que dice…
Si, pero no. El tema de la seguridad pública está en la agenda de responsabilidades de gobierno desde el momento mismo en el que el presidente asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Dijo que acabaría con este ‘flagelo’ y que los militares deberían volver a los cuarteles para que el gobierno pudiera hacer su trabajo de poner fin al peligro y a la masacre que ya es hoy.
Nada de las promesas exaltadas desde aquella campaña se ha complido. Todo lo contrario: la violencia criminal se ha expandido por casi todo el país; la impunidad es flagrante; la tolerancia es evidente; la contracción de la autoridad está a la vista… ¿Por qué?
Y ese es el gran tema nacional que ahora se traslada a lo internacional. El tema de la violencia criminal en México y sus gravísimas consecuencias en la sociedad mexicana han llamado la atención de organismos del mundo:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llamado la atención al gobierno mexicano sobre el tema: la respuesta es que esta organización está compuesta por “adversarios y conservadores”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha expresado y la respuesta de Palacio Nacional es la misma. Según la candidata del gobierno de la 4-T, aquí en México no hay tal violencia, son excesos producidos por los medios de comunicación “adversarios y conservadores”, dice.
Y sin embargo el dinosaurio todavía está ahí. No hay un día, uno sólo, de nuestros días en los que no ocurran homicidios dolosos en distintas partes del país, a esto hay que agregar la delincuencia que está desatada y agravia a miles de mexicanos de trabajo: ahí está el caso de los choferes de camiones de carga en carretera; el robo de tráileres con mercancía, el asalto a mano armada por todos lados, los asaltos en calles, en transporte colectivo, secuestros, violaciones… Todo-todo-todas las maldades de seres humanos a la vista.
Claudia Sheinbaum dice que no hay tal grado de peligro con el tema del crimen organizado pero que, en todo caso, que si llega a ser presidenta seguirá la misma línea trazada por su mentor desde Palacio Nacional. Nada de grandes cárceles para los delincuentes: política de tolerancia, pues.
Xóchitl Gálvez dice que si llega a la presidencia del país, habrá de terminar con la violencia criminal y que habrá cero tolerancia y que se harán grandes cárceles para encerrar a esta delincuencia; a toda delincuencia que será tratada con base en la ley y en la responsabilidad del Estado. Nada de “abrazos, no balazos”.
El señor Álvarez Máynez anda por las mismas, lo de la inseguridad es un tema del que no se puede desprender ni hacer a un lado cualquiera que llegue a la presidencia. Aun cuando llegara la enviada de Palacio Nacional hoy. Si llega a ocupar este cargo tendrá en las manos una bomba de tiempo y será muy difícil que la pueda contener aplicando la continuidad de lo que hoy hace la 4-T.
Y el otro tema: el de la infiltración del crimen organizado en la votación de más de 20 mil cargos de elección popular. Tan sólo en lo que va del año 2024 han sido asesinados casi 20 los aspirantes de distinto partido. Las razones son evidentemente políticas.
El crimen organizado quiere imponer a sus candidatos para que éstos sean su apoyo para sus actividades ilegales. Narco gobiernos, pues. El gobierno federal guarda silencio. El Instituto Nacional Electoral dice que está vigilante: el resultado es la amenaza, el peligro, el miedo a participar en democracia y la impunidad.
A todo esto hay que sumar que en fechas recientes por dos vías distintas, desde Estados Unidos se ha dado a conocer que presuntamente gente vinculada con el actual presidente de México habría recibido millones de dólares para apoyar a la candidatura del actual Ejecutivo mexicano.
Que según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, dos millones de dólares fueron entregados por narcotraficantes a los asesores de campaña de López Obrador en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes.
Semanas después The New York Times publicó que, presuntamente, gente muy cercana al mismo presidente recibió recursos del crimen organizado para la campaña 2018. Por supuesto todo ha quedado en presunción, pero la mosca está ahí.
En todo caso son los dos temas que parecen ser el obscuro objeto del deseo de las dos candidatas y el candidato, para llevar agua a su molino electoral. Pero visto así es sólo un tema de campaña. Sin embargo la realidad sigue siendo la misma: el terror, el miedo, la inseguridad y el acecho son parte de la vida dramática de los mexicanos en todo el país, cuando estamos en 2024, año electoral, cuando vivimos la 4-T-.
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