DON ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ

 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

Escribo esta nota, en principio -pero, sobre todo, por la razón que señalo al final-, porque me llamó mucho la atención que durante los últimos cinco días hayan salido publicadas en los periódicos de circulación nacional numerosas esquelas de condolencia con motivo del fallecimiento del empresario Alberto Bailleres González. Me llamó la atención, además, la diversidad e importancia de las organizaciones y personas que suscriben dichas esquelas, incluido el tono en muchas de ellas de auténtica condolencia y no solo de una manifestación cortés y formal.

 

Ciertamente, se trata de uno de los empresarios más importantes y ricos de México, parece que el cuarto más rico del país, según he leído. Pero no por eso deja de llamar la atención, insisto, no solo el número sino sobre todo las expresiones de afecto, respeto y reconocimiento al economista Alberto Bailleres González, por parte de quienes suscriben dichos mensajes.

 

Recuerdo que hace muchos años, la defunción de otra persona connotada me llamó igualmente la atención por el número de esquelas de condolencia publicadas en la prensa con motivo de su fallecimiento. En esa ocasión, fue en el año 1972, me llamó la atención, además del número de esquelas de condolencia, el hecho de que la mayor parte de ellas, si no es que todas, eran suscritas por empresas dedicadas a la industria de la construcción.

 

Aunque por este dato se puede suponer que la persona fallecida era un empresario de la industria de la construcción, dicha persona tenía otra característica: había sido candidato perdedor a la presidencia de la república en dos ocasiones, aunque muchos de sus partidarios afirmaran, como suele suceder, que era el que había ganado en la elección presidencial de 1952. Se trata del general Miguel Henríquez Guzmán.

 

Traigo a colación esta referencia, si usted quiere anecdótica, en principio, también, porque en ambos casos, como ya he dicho antes, atrajo mi atención el número de esquelas de condolencia publicadas en los periódicos. Pero aprovecho esta coincidencia para hacer algunas reflexiones de carácter sociológico político con respecto al contexto de ambos personajes -el general Henríquez y el empresario Bailleres-; tan distintos ellos y tan distinto el momento político y económico en que a cada uno le tocó vivir y sobresalir.

 

El general Henríquez Guzmán, en 1952, contendió por la presidencia de la república en contra de Adolfo Ruiz Cortines, Efraín González Luna y Vicente Lombardo Toledano -seis años antes, según lo consigna la Enciclopedia de México, también lo había intentado contra Miguel Alemán, pero con menos partidarios supongo-. Esto sucedió en esa etapa de la historia política de México en la que el gobierno organizaba las elecciones, contaba los votos y declaraba quién era el ganador. Por lo tanto, la duda sobre la autenticidad de la derrota del general Henríquez Guzmán en 1952 habrá de permanecer, al igual que las de otros candidatos perdedores, como el general Juan Andrew Almazán, en 1940, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988, cuyas derrotas ocurrieron con el mismo árbitro electoral.

 

El general Henríquez Guzmán fue postulado a la presidencia de la república por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Pero su mayor mérito, tal vez, fue haber evitado un movimiento cívico-militar para exigir el reconocimiento de su triunfo, a pesar de la disposición y el apoyo de numerosos militares, como antes solía suceder -lo que podría explicar su prosperidad económica, aunque desde antes un hermano suyo ya era empresario exitoso-. El Plan de Agua Prieta, por ejemplo, fue una insurrección militar en contra de un presidente constitucionalmente electo, aunque haya triunfado la insurrección; la rebelión militar delahuertista de 1923 tuvo menos fortuna, y menos todavía la escobarista en 1929 y la cedillista en 1939.

 

El caso es que el general Henríquez Guzmán fundó un partido político, el partido henriquista, que poco tiempo después perdió su registro, sus partidarios fueron reprimidos y el general se retiró de la política. No hay que olvidar que unos años antes, también, los tres candidatos presidenciales, incluido el ganador, murieron asesinados -Francisco R. Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón-. En fin, historia política sobre la que los gobiernos sucesivos lanzaron un pudoroso velo de olvido.

 

Por el contrario, en otro contexto político, en 2006 -cuando ganó Felipe Calderón Hinojosa y perdió Andrés Manuel López Obrador- las instituciones y procedimientos electorales eran totalmente diferentes a los de 1940 y 1952; por lo que la bien conocida leyenda del fraude electoral en esa elección no se sostiene más que entre los que la defienden -y mucho provecho le han sacado-, pero nunca entre quienes se acerquen al estudio del contexto sociológico político e institucional de este otro momento político mexicano.

 

De 1988 a 2006, la transición mexicana a la democracia había construido y tenía ya dos sólidas autoridades electorales que, por diferentes razones -aunque tal vez sea la misma-, lamentablemente han ido perdiendo su vigor: el Instituto Federal Electoral, hoy Nacional, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; cuyo desempeño tiene que ser evaluado de manera objetiva y sin sesgos ideológicos que favorezcan una interpretación que descalifique su desempeño en ese momento, 2006. Más aún, por lo que adelante habré de hacer notar.

 

La muerte del empresario Alberto Bailleres -a los noventa años de vida- ocurre cuando se avecina un proceso electoral en sentido amplio, aunque no en sentido estricto, es decir, para elegir autoridades, sino para eventualmente revocarle el mandato al presidente de la república; aunque los partidarios de éste, y él mismo, lo entiendan más bien como un plebiscito para pronunciarse por su ratificación. Al efecto, la descalificación del árbitro electoral, el INE, es una tarea a la que el Ejecutivo federal, la mayoría legislativa y la coalición partidista que lo sustentan se han dedicado meticulosamente a propiciar.

 

Durante estos días, igualmente, se discute la reforma a la reforma inmediata anterior en materia de energía eléctrica, o sea, una contrarreforma, dar marcha atrás -como ya sucedió con la contrarreforma educativa o con la cancelación del aeropuerto de Texcoco-. En 2013 apenas, se consolidó la apertura del sector eléctrico a la inversión privada, nacional y extranjera, iniciada con motivo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y confirmada con la suscripción del T-MEC en vigor -por el que el ahora presidente López Obrador fue a agradecer personalmente a la Casa Blanca al entonces presidente Donald Trump-.

 

Lo curioso es que la iniciativa presidencial que ahora se discute propone, en la práctica, un monopolio y un monopsonio en favor de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, fuera los empresarios privados del sector eléctrico; con altos costos de todo tipo porque sin duda alguna se trata, como usted quiera verlo, o bien de una expropiación o por lo menos de la violación flagrante a compromisos internacionales adquiridos a la luz de convenios de inversión y de libre comercio -además de que esas obras y empresas ya están en funcionamiento-.

 

En 2015, el Senado de la República otorgó la medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón que el gobierno otorga a un mexicano, a don Alberto Bailleres González. Nadie puede dudar de la importancia que tiene el sector privado en la economía de nuestro país. Sin la participación de los empresarios privados, tanto de las grandes, medianas y pequeñas empresas, incluidas las microempresas familiares, el crecimiento económico y el desarrollo social del país estarían permanentemente incompletos.

 

Lo opuesto a la participación de los empresarios privados en la economía es una economía planificada centralmente por el Estado, es decir, el gobierno, la élite burocrático-política, o militar, según el caso, que en ese momento detente el control de las instituciones del Estado. Puede haber mayor o menor intervención estatal en las diferentes áreas de la economía. Ahora mismo, en México, se proponen y discuten las modalidades de la ampliación de la intervención estatal en el sector eléctrico nacional, como acabo de recordar. Estado e iniciativa privada se necesitan mutuamente, pero sobre todo la colectividad en general para disfrutar de un mejor funcionamiento del sistema económico.

 

Por esto es que el reconocimiento que en su momento el Senado Mexicano le hizo a don Alberto Bailleres González, al igual que el reconocimiento que sus pares le hacen en esos mensajes de condolencia a su familia que siguen apareciendo en los periódicos; particularmente por los mensajes del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, las dos instituciones educativas privadas de mayor prestigio y calidad en México, a las cuales dicho empresario fue tan cercano, no me queda la menor duda que nuestro país ha perdido a un gran mexicano, pérdida que todos debemos lamentar.

 

Ciudad de México, 8 de febrero de 2022.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México.