* Exige considerar crimen de lesa humanidad la masacre por diferencias religiosas al ser varios de los ejecutados protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio contra las mujeres y diferencia de género, y por diferencia político-ideológica al pugnar por la apertura democrática contra los caciques.
* El contador y maestro en Fiscal, afirma que, incluso, puede tipificarse como un crimen de estado, al ser torturados por 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como por los involucrados, como el líder político priista de Salina Cruz José Luis Vásquez Jiménez.
Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, activista del Movimiento de Acción Social y del Comité de Víctimas de la Masacre de San Mateo del Mar, rompe el silencio y revela que el probable autor intelectual es, entre otros, el influyente priista de Salina Cruz, Jose Luis Vásquez Jiménez.
“Él es uno de los azuzadores de la descomposición social y política de San Mateo del Mar y con sus incondicionales serviles en el IEEPCO destituyó en 2021 al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, a pesar de violar el artículo 2º. Constitucional y el convenio 169 de la OIT”.
Aclara que no son institución investigadora, pero José Luis Vásquez es señalado de tráfico de personas y de huachicol. Los elementos que provocaron la masacre son el interés por conservar el control político y económico del huachicol y del tráfico ilegal de personas. “Confiamos en la investigación de la Fiscalía General del Estado”.
Exige considerar crimen de lesa humanidad la masacre por diferencias religiosas al ser varios de los ejecutados protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio contra las mujeres y diferencia de género, y por diferencia político-ideológica, al pugnar por la apertura democrática contra los caciques.
El contador y maestro en Fiscal, afirma que la masacre del 21 de junio de 2020 puede tipificarse como crimen de estado, al ser torturadas las víctimas por 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como por los involucrados, como el líder político priista de Salina Cruz José Luis Vásquez Jiménez.
Resalta la indiferencia de la Secretaría General de Gobierno como simple espectadora de una barbarie y su silencio cómplice porque los involucrados son sus correligionarios militantes priistas, entrevistado en Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad.
Alienta su búsqueda de la verdad, justicia y castigo a los responsables para que la masacre de trece homicidios y dos feminicidios no quede impune la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo para investigar la masacre y la reparación del daño.
Al mismo tiempo, el reconocimiento de la calidad de víctimas de los ejecutados en la masacre por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, representa una victoria que les hace abrigar esperanzas, después de más de dos años de demandar justicia.
Denuncian nacional e internacionalmente la masacre para visibilizarla y que la política no sea barbarie. “Si este crimen queda impune, sentará el nefasto precedente que la barbarie es parte de la política, porque los medios realizaron un linchamiento en mí contra y de mis compañeros del MAS al endosarnos la responsabilidad de la masacre”.
En 2020, inició un largo proceso de descomposición y José Luis Vásquez jugó un papel decisivo en los medios de comunicación afines al PRI y empezaron a atacar a los operadores políticos y simpatizantes de nuestro movimiento para crear el ambiente propicio que justificara la masacre.
La noche del 3 de mayo los paramilitares al servicio de los priistas detuvieron en Huazantlán del Río, a la entrada de San Mateo del Mar, a un grupo de 20 habitantes de Laguna Santa Cruz, por y en la noche inició una cacería de brujas en Huazantlán del Río contra las mujeres activistas.
Es el caso de Rosario Guerra Salazar, quien fue sacada de su casa y la llevaron a golpes a la Agencia Municipal, donde la torturaron y violaron, al igual que a Okaz Maritza Rangel, madre soltera con dos hijas, la mayor huyó y se refugió en el cerro, y Estela Virgen Olavarri Montero.
El 4 y 5 de junio acudieron a la Vicefiscalía en Salina Cruz para interponer su denuncia, pero no les tomaron su declaración ni certificaron médicamente sus lesiones y violaciones. Los funcionarios dijeron que había “línea” política para no hacerlo, actitud que se repitió en la capital oaxaqueña.
No hubo acompañamiento de la Fiscalía del Estado, la declaración les fue tomada a la ligera y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no les otorgó medidas cautelares para prevenir otra agresión; deciden regresar y exigir la destitución del Agente Municipal que violentó sus derechos políticos, física y sexualmente.
La toma de la Agencia de Huazantlán del Río duró 30 días y el domingo 21 de junio que se festejó el Día del Padre y las y los activistas estaban con sus familias, un grupo de priistas encabezados por los paramilitares les atacaron, escoltados por la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional.
Al no poder romper el cerco para escapar, agredieron a más de 30 personas, 15 de los cuales no lograron huir, 13 hombres y dos mujeres, quienes fueron golpeados con palos y las mujeres violadas, al igual que algunos hombres, amén que fueron torturados en una jornada de 10 horas en la Agencia Municipal.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
Antes del 21 de junio de 2020. En San Mateo del Mar existía un modelo electivo de gobierno municipal rotativo, registrado en el Catálogo de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO).
De las 16 localidades, tres secciones definían quien es el presidente municipal. A la cabecera municipal se le llama Tikambaj y ahí se tomaba la decisión sobre quién sería presidente municipal entre las tres secciones, a pesar que son 16 localidades.
Como Movimiento de Acción Social (MAS) han avanzado durante seis años, previos a la masacre, en la transición política en beneficio de la mayoría de la población de las comunidades en el conflicto del centro contra la periferia, a fin que en la elección municipal participen las agencias.
No habían podido ganar, pero una modificación al Catálogo Sistemas Normativos Indígenas hubo, por fin, una elección aparentemente democrática, aunque no quedó un representante de las agencias que encabezó Hortensio Zaragoza Dublán, y que fue un gobierno honrado y decoroso.
Después, lamentablemente se impuso un grupo de paramilitares, encabezado por Camerino Dávalos, identificados con el PRI en Salina Cruz. Se autonombró presidente en un municipio con más de 15 mil habitantes con 200 votos, imposición que se impugnó fue retirado.
Se hizo una elección extraordinaria resultó electo Gelasio Hidalgo, un ex militar con buen nombre y buena fama, por un periodo de transición de dos años en los que enfrentó muchos problemas creados por el grupo de paramilitares que perdieron el control político y económico.
En la siguiente elección ordinaria triunfó Bernardino Ponce Hinojosa, identificado con el MAS, que derrotó al grupo muy violento de paramilitares, probable responsable de varios crímenes, y con su red política en el estado empieza a construir una narrativa con un discurso de odio.
Creó el ambiente propicio para estallar la masacre, apoyado por priistas de Salina Cruz con influencia política de peso. Uno de estos personajes siniestros es José Luis Vásquez Jiménez con bien ganada historia de corrupto, por lo que no es bien visto en el propio PRI.
Él es uno de los azuzadores de la descomposición social y política de San Mateo del Mar y con sus incondicionales en el IEEPCO destituyeron a Bernardino Ponce Hinojosa por el servilismo abierto de los consejeros en 2021, a pesar de violar el artículo 2º. Constitucional y del convenio 169 de la OIT.
Hoy el director de Sistemas Normativos Indígenas está en manos de un funcionario completamente alineado a la consejera presidenta del IEEPCO. Tenemos conocimiento suficiente que el Consejero General del IEEPCO ha servido a intereses se ha corrompido y ha funcionado de manera facciosa, pero hoy no tiene un antecedente tan corrupto como el que se vive.
Tenemos que ponernos a reflexionar la vigencia o no del OPLE en la reforma electoral federal que debe destituir a todas y todos los consejeros de los OPLES porque se ha vuelto un mafia de corruptos. No ha habido antecedentes más siniestros en el pasado, es gente siniestra que solo funciona a intereses económicos, quien tiene la capacidad para comprar una lección, que no la tenga no tendrá un árbitro electoral imparcial.
El IEEPCO operó en detrimento de la autoridad que fue producto de las urnas al entregar la Constancia de Mayoría y después lo destituyó en una sesión largamente pospuesta tan cínico y evidente la noche que lo destituyeron, lo que es bochornoso y vergonzoso. Esa sesión es un ejemplo de la corrupción en el IEEPCO.
En 2020, inició un proceso largo de descomposición y José Luis Vásquez jugó un papel decisivo en los medios de comunicación afines al PRI y empezaron a atacar a los operadores políticos y simpatizantes de nuestro movimiento. La noche del 3 de mayo detuvieron a un grupo de 20 habitantes de Laguna Santa Cruz, en Huazantlán del Río, a la entrada de San Mateo del Mar por los paramilitares y en la noche inicia una cacería de brujas contra nuestras mujeres activistas de Huazantlán del Río.
Es el caso de Rosario Guerra Salazar, fue sacada de su casa y la llevaron a golpes a la Agencia Municipal donde la torturaron y violaron al igual que a Okaz Maritza Rangel, madre soltera con dos hijas, la mayor huyó y se refugió en el cerro y Estela Virgen Olavarri.
El 4 y 5 de junio acudieron a la Vicefiscalía del Estado en Salina Cruz para interponer su denuncia, pero no les tomaron su declaración ni certificaron médicamente sus lesiones y violaciones. Los funcionarios dijeron que había “línea” política para no hacerlo, actitud que se repitió en la capital oaxaqueña.
No hubo acompañamiento de la Fiscalía General del Estado, la declaración les fue tomada a la ligera, incluso, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para solicitar medidas cautelares que no les otorgaron para prevenir otra agresión y deciden regresar y exigir la destitución del Agente Municipal que violentó sus derechos políticos, física y sexualmente.
La toma de la Agencia de Huazantlán del Río duró 30 días y el domingo que se festejó el Día del Padre y estaban con sus familias un grupo de priistas encabezados por los paramilitares, escoltados por la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional.
Al no poder romper el cerco para escapar agredieron a más de 30 personas, 15 de los cuales no lograron huir, 13 hombres y dos mujeres, quienes fueron golpeados con palos y las mujeres violadas, al igual que algunos hombres, fueron torturados en una jornada de 10 horas en la Agencia Municipal.
Por la forma en que nuestros compañeros fueron asesinados demandamos que se considere crimen de lesa humanidad por ser el móvil, diferencias religiosas al ser varios de nuestros compañeros protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio por diferencia de género y por diferencia político-ideológicas al pugnar por la apertura democrática contra los caciques.
Demandamos que la masacre se acredite como crimen de lesa humanidad al ser torturados por 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, por lo que, incluso, puede tipificarse como un crimen de estado por los involucrados, el líder político priista José Luis Vásquez, la indiferencia de la Secretaría General de Gobierno como simple espectador de una barbarie y su silencio complica porque los involucrados son sus correligionarios priistas.
Insisten en denunciar nacional e internacionalmente la masacre para visibilizarla y que la política no debe ser barbarie. Si este crimen queda impune sentara el precedente nefasto que la barbarie es parte de la política, porque los medios nos endosaron la responsabilidad de la masacre realizaron un linchamiento en mí contra y de mis compañeros del MAS.
Salimos a los medios para desenmascarar a los agresores y a los que construyeron la narrativa que los dirigentes y miembros de nuestra organización somos los responsables de la masacre, lo que les causó mucho daño. El MAS es de izquierda, comprometida con el trabajo social y político y como no tenemos pacto, acuerdo, techo financiero con el gobierno de ninguna clase, fuimos atacados, vilipendiados.
Nuestro objetivo es la búsqueda de la verdad, justicia y castigo a los responsables para que la masacre de trece homicidios y dos feminicidios no quede impune.
No somos institución investigadora, pero José Luis Vásquez es señalado de tráfico de personas y de huachicol. Los elementos que provocaron la masacre es el interés por conservar el control político y económico del huachicol y del tráfico ilegal de personas. Confiamos en la investigación de la Fiscalía General del Estado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo para investigar la masacre y la reparación del daño, porque reconoce su categoría de víctimas reconocida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que representa una victoria después de más de dos años.
Las 160 órdenes de aprehensión fueron libradas antes de un mes después de la masacre. La Fiscalía sabe bien quienes son los responsables de las cuales únicamente han ejecutado tres, lo que pasó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, les alienta en la búsqueda de verdad y justicia.
Demandan una investigación profunda no solo contra los asesinos materiales, sino que se profundice la investigación contra los autores intelectuales, los mandos policíacos que no hicieron nada por detener la tortura durante las 10 horas y la masacre y los mandos políticos que indujeron a cometer la masacre porque los responsables materiales e intelectuales siguen libres.
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