DECÁLOGO PARA PREPARAR EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

 

El pasado miércoles 6 de julio del año en curso se inició una serie de foros ciudadanos y plurales denominados DIÁLOGOS POR OAXACA, con el propósito de formular propuestas útiles para la preparación y redacción del Plan Estatal de Desarrollo. Las sesiones correspondientes se realizarán cada semana en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en la Ciudad Universitaria de dicha Institución. Es por ello que la primera sesión, dedicada al tema Política y Gobierno, fue inaugurada por el señor rector de la UABJO, el C. P. Cristian Eder Carreño López, y moderada por el diputado federal Benjamín Robles Montoya. Puesto que previamente había recibido yo la invitación a participar, doy cuenta ahora de las razones y antecedentes de mis propuestas en dicha sesión del foro al que con gusto acudí como oriundo de la ciudad de Oaxaca, de la entidad federativa del mismo nombre y egresado también de esa Casa de Estudios, aunque sea solo un trabajador académico migrante y ciudadano apartidista. 

 

Realicé una exposición oral que en buena medida coincide, salvo en un punto que adelante preciso, con mi contribución escrita enviada previamente a los organizadores. El texto escrito empieza por señalar, sin pesimismo y sin resignación, que se debe partir de reconocer la imposibilidad de resolver todos los males o problemas de la entidad en los próximos seis años, cuando los doscientos anteriores no han sido suficientes para lograrlo -si partimos de las constituciones Federal de 1824 y Local de 1825, pues entonces no había planes de desarrollo y todo se confiaba al Derecho-. Pero, de cualquier forma -sostengo-, se debe mantener como brújula para dicho ejercicio de planeación: la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto al derecho de propiedad. Y como instrumento, el conocimiento, la ciencia y la tecnología para construir una geografía de la voluntad. Conforme a los lineamientos generales de participación sugeridos, formulé un resumen con diez propuestas específicas que al final de esta contribución transcribo, pero que paso antes a explicarlas y darles contexto.

 

Referencias bibliográficas

Hace casi cuarenta años, en la Universidad de París, para obtener el grado de doctor en Estudios Políticos presenté una tesis sobre La Relación entre el Plan Nacional y los Planes Regionales de Desarrollo, cuya traducción al español fue publicada por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, siendo entonces rector de esa Casa de Estudios, nuestra Alma Mater, el licenciado Miguel Ángel Concha Viloria y tesorera general la contadora Marbella Flores Téllez; a quienes siempre agradeceré haber hecho posible la publicación de mi primer libro. Apenas el año pasado la Editorial Tirant lo Blanch publicó dos nuevos libros de mi autoría: Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México, así como Constitucionalismo Multinivel, Argumentación, Deontología y Otros Temas Jurídicos. Tampoco omití señalar que está por entrar a prensa el primer tomo de mi libro Política y Administración Pública, con un énfasis en la importancia del poder legislativo en la planeación del desarrollo, así como en la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. De los sistemas electorales y de la administración de justicia, entre otros temas, me ocupo en el segundo tomo en preparación.

 

Referencias políticas y jurídicas

Pero puesto que el tema de la mesa era Política y Gobierno, así es que propuse hablar de política, por lo que necesariamente también de gobernabilidad democrática. Ya que el Plan Estatal de Desarrollo del que empezábamos a platicar corresponde a un gobierno de alternancia partidista en el Poder Ejecutivo Local. Tercera alternancia en tan solo doce años, aunque si bien el partido que ahora sale es el mismo que salió hace doce años, el partido o la coalición ganadora no es la misma. De alguna manera, aunque con diferentes periodos de permanencia y protagonistas ganadores, se repite el esquema de alternancia que en el orden federal de gobierno. Luego entonces, la coalición electoral local ahora ganadora debe nutrirse de la experiencia de su homóloga federal para no repetir sus errores y omisiones de planeación prospectiva y gestión cotidiana, porque cuestan mucho dinero. Pero hay otra coincidencia, como en su momento -en su primera legislatura- el Ejecutivo federal, el Ejecutivo local electo tiene mayoría calificada en el Congreso.

 

Por lo que no dejé recordar en mi exposición oral -y también en la escrita- que los griegos, en la antigüedad decían que los dioses envanecen a los que quieren perder. Y que, en la religión católica, la soberbia es uno de los siete pecados capitales. Por eso es importante, sostuve, recordar también que el sistema electoral forma parte de un macrosistema de control de gestión de la ética pública que, a pesar de posibles distorsiones, resulta un juez implacable de la buena o mala gestión pública. Sobre todo, si tenemos en cuenta de que, si bien la regla de oro de la democracia es la regla de la mayoría, la mayoría no tiene la verdad constitucional ni convencional. Menos aún, a partir del nuevo modelo de control difuso ex officio de constitucionalidad y convencionalidad en vigor desde el 10 de junio de 2011. Para ser más exacto, desde la resolución del expediente varios 912/2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como consecuencia de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Que no se empiece, entonces -sostuve- ignorando y descalificando todo lo anterior. La experiencia que ahora mismo observamos nos muestra -afirmé- que es más difícil empezar a construir a partir de nada. Más aún todavía si se cancela la posibilidad de diálogo y concertación. Además, la exigencia ciudadana es más severa si no se entregan resultados tangibles, cuantificables, comparables; que muestren avances y no solo declaraciones festivas.

 

Centralización y federalismo

Adelanté una primera constatación: la planeación estatal del desarrollo en cualquier entidad federativa donde sus ingresos propios no llegan al cinco por ciento del total de los ingresos públicos tiene que sobrevivir al amparo de la planeación nacional. Pero si la planeación estatal transita a remolque de la planeación y del presupuesto federales, las políticas públicas que de esos marcos rectores se derivan sin duda que siguen la misma suerte, pero con un agravante que hace más impredecible ya no sus resultados, por lo menos su diseño. Me referí, entonces, a que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 concluirá apenas al año siguiente de que se inicie el plan estatal del que aquí empezamos a platicar. Luego entonces, se tiene que empezar por una evaluación objetiva de lo alcanzado hasta ahora gracias a la planeación y presupuestación federales para el desarrollo de Oaxaca, pero también de lo que falta todavía por alcanzar en la etapa final del PND vigente. Por esto, insistí, el proceso de entrega-recepción es una pieza clave de información para cuantificar la realidad sobre lo que ahora platicamos. Además de haber propuesto, al efecto, durante mi exposición oral, tanto un plan interino como un plan definitivo. Lo que no se mide no es evaluable -reiteré- así es que la medición y evaluación de cuanto a partir de ahora se planifique tendrá que ser una obligación cumplida de manera ordenada y sistemática, con transparencia.

 

Recursos presupuestales disponibles

La clave para lograr los objetivos y metas de la planeación, federal o estatal o municipal está, en primer lugar, en el dinero disponible, es decir, en el presupuesto. Para aumentar los ingresos presupuestales, una entidad federativa como Oaxaca tiene las siguientes vías: aumentar impuestos locales, contraer deuda pública, o bien, recibir más dinero del presupuesto federal vía participaciones federales. Pero, esos recursos federales están previstos, según una fórmula matemática, en la Ley (Federal) de Coordinación Fiscal; sujetos a una serie de variables que son otras tantas restricciones y compromisos por cumplir so pena de sanción. Los recursos federales invertidos en Oaxaca, fuera de los anteriores ya conocidos, son los que provengan de las nuevas políticas públicas del PND vigente y del siguiente, que aparecerán en los respectivos presupuestos federales.

 

Realismo económico-administrativo

Pero, aseguré que mi realismo económico-administrativo no tiene nada que ver con el pesimismo ni con el escepticismo sobre el ejercicio que ahí se iniciaba, mucho menos con cualquier forma de resignación. Por una razón muy simple: sabedores desde el principio que es poco el dinero sobre el que se va a planificar, pero de entrada ya se sabe cuánto es en cada rubro o sector -solo hay que seguir las series estadísticas del gasto público y los documentos de entrega-recepción-; sabemos también que ese poco dinero va a lucir mejor si se planea con cuidado en qué se va a invertir y a gastar -porque invertir y gastar no es lo mismo-. Aunque esta mesa era sobre Política y Gobierno, intencionalmente me fui por el lado del dinero porque sin dinero la política no funciona y el gobierno tampoco. Después de todo, el dinero para política y gobierno está más encuadrado en ese gran sector del gasto público que economistas y contadores llaman presupuesto comprometido, es decir, el gasto de administración.

 

Nueva gobernabilidad democrática

Si este ejercicio ciudadano de unidad estatal o local que ahí se empezó a materializar fructifica y continúa, se tendrá una primera base muy sólida para la nueva gobernabilidad democrática de Oaxaca: un gobierno local de unidad. No me atreví a decir un gobierno de coalición, pues los resultados electorales no lo hacen necesario. Pero lo que sí hace urgente un gobierno de unidad oaxaqueña es la necesidad de recomponer el tejido social; la necesidad de darnos objetivos y metas comunes que nosotros mismos, como lo seguirán intentando en esas sesiones, nos hayamos propuesto alcanzar. Con una gran ventaja: una política de unidad como la que empecé a perfilar no cuesta dinero, sólo requiere de voluntad política. Y además deja grandes dividendos. No es lo mismo gobernar una entidad dividida que una Oaxaca unida.

 

Prioridades e instrumentación

Lo ya conocido son las políticas públicas federales que, en esencia, son las prioridades escogidas, seleccionadas o asignadas por el gobierno federal.  Lo que está por definirse son las políticas públicas locales ¿Cuáles? Las que de aquí surjan, y de otros foros como éste. Pues habrá otros foros e instancias, pero lo importante es que nosotros ciudadanos elevemos la voz y nos hagamos escuchar. Foros como éste sirven para elaborar un diagnóstico fidedigno, que después tendrá que pasar por las horcas caudinas de las posibilidades presupuestales, para llegar a la instrumentación de lo que se haya planeado.

 

Estado de derecho y combate a la impunidad

Reiteré una y otra vez que el respeto a la legalidad y el castigo a la violación de la ley es un elemento central para lograr gobernabilidad.

 

Reclutamiento y selección de personal directivo

Me referí también a la idoneidad de los perfiles en la selección del personal directivo público. Lamentablemente, la labor de reclutamiento, de selección de personal directivo, hasta ahora se ha caracterizado por privilegiar las lealtades partidistas. Hace muchos años un presidente electo se propuso contratar head hunters para ese reclutamiento y selección de personal, aunque creo que no logró culminar su intento. Los extremos son igualmente poco fructíferos. Pero es una decisión personal que marca gobiernos. Por eso un plan estatal de desarrollo auténticamente construido y consensado con grupos sociales da coherencia, unidad, objetivos y metas comunes. Luego entonces, su instrumentación, no requiere de lealtades o compromisos inconfesables. El respeto al Estado de derecho es la vertiente de seguridad del sistema de reclutamiento y de operación del personal directivo.

 

Poner fin a una visión patrimonialista de la función pública

Porque el gobierno del estado o del país o de un municipio no es un patrimonio personal, ni partidista, ni de tribus al interior de los partidos. La administración pública no puede ser patrimonio de un señor feudal. Para eso está el servicio público de carrera, tan lejos de la visión patrimonialista de los políticos mexicanos. Tan necesario es el servicio civil en la obra pública como en la seguridad pública. Y no se trata solamente de los juicios laborales que finalmente ganan los trabajadores despedidos, sino también y sobre todo de la pérdida de personal calificado para realizar funciones públicas especializadas.

 

Por una planeación integral y realista del desarrollo local

Por todo lo expuesto, presenté el siguiente decálogo:

  1. Desterrar cualquier visión patrimonialista de la función pública local con un gobierno de unidad oaxaqueña. Gobernar para todos para que todos se sientan motivados a colaborar con el gobierno.
  2. Una alternancia que asegure una nueva gobernabilidad democrática con un ejecutivo y una mayoría legislativa conscientes y vigilantes del control de la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad.
  3. Planificar y presupuestar en sintonía con la planeación y presupuestación federales y locales existentes, sin abandonar las obras y equipamientos en proceso. Alternancia no quiere decir ruptura ni confrontación, mucho menos despilfarro.
  4. Evaluación objetiva de lo alcanzado hasta ahora gracias a dichos ejercicios para no planificar fantasías, así como evaluar cuanto se planifique. Ahora mismo, el proceso de entrega-recepción ofrece una magnífica oportunidad de planificación realista.
  5. Concordancia de las prioridades y políticas públicas locales con sus homólogas federales, peros sin perder originalidad, oportunidad y pertinencia.
  6. Asegurar la consecución de los objetivos de la planeación estatal, mediante una selección rigurosa del personal directivo responsable de instrumentarla.
  7. Servicio civil profesional de carrera en los tres poderes, tribunales y organismos constitucionales autónomos locales, así como en los municipios con más de cien mil habitantes.
  8. Permanente y activa presencia en las instancias federales del ejecutivo y legislativo para la gestión de recursos presupuestales.
  9. Una administración pública local atenta y comprometida con la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
  10. Planificar con realismo, pero sin pesimismo ni escepticismo; con mucha confianza en construir un futuro mejor para Oaxaca.

 

Ciudad de México, 4 de julio de 2022.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.

Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México); autor, entre otros, de los libros: Nuevo Derecho Electoral Mexicano (Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Trillas), Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México (Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Editorial Tirant lo Blanch); Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición (Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Editorial Flores); coordinador y coautor del libro Porfirio Díaz y el Derecho. Balance Crítico; coautor de los cuatro tomos de la colección Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión).

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