Rosy RAMALES
Dos legisladoras federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) plantean que los súper delegados que deseen contender por un cargo de elección popular dejen su cargo con seis meses de anticipación al registro de candidaturas.
Se trata de las diputadas Verónica Juárez Piña y Azucena Rodríguez Zamora; la primera de ellas, coordinadora de la bancada perredista en el Cámara Baja. Dieron a conocer su propuesta mediante un comunicado.
Y según éste, plantean plasmar en la Constitución General y en las leyes electorales un requisito de elegibilidad dirigido a los súper delegados, en los siguientes términos:
“(Tales) sólo pueden aspirar a una diputación, senaduría, gubernatura, alcaldía, jefatura de gobierno o la presidencia de la República si se separaron del cargo seis meses antes de registrarse como candidatas o candidatos”.
Es una muy buena y justificada propuesta; incluso, hasta se quedaron cortas. Verán:
En materia electoral, una separación simple del cargo da pie a solicitar nada más licencia o bien, una renuncia, pero ésta quedaría a voluntad del jefe político de los súper delegados.
En cambio, si la norma exige la separación definitiva las personas quedarían obligadas a renunciar a la titularidad de dichas delegaciones.
Y así debería plantearse cuando el ánimo de la propuesta de reforma constitucional es “evitar candidaturas ventajosas y alevosas” al amparo de los programas sociales y recursos públicos a cargo de los súper delegados.
Porque como bien dicen las legisladoras: “El objetivo es evitar que un poder ajeno incida en el proceso electoral, evitar coacciones, garantizar la libertad del elector y proteger el principio de equidad, de modo que alguien con autoridad política o legal no utilice los recursos del erario ni al personal a su disposición para promocionarse”.
Además, los súper delegados, “controlan información de beneficiarios, padrones y entrega de recursos públicos de cada uno de los estados y regiones donde operan”.
Claro. Nadie asegura que la Cuarta Transformación no recurra a la práctica de sembrar candidatos y candidatas a los distintos cargos de elección popular nombrándolos con antelación como súper delegados con el fin de posicionarlos electoralmente.
Algo similar a la praxis a la cual recurrió Morena cuando nombró como coordinadores distritales y estatales del partido a personas destinadas desde entonces a candidaturas a diputaciones y senadurías para las elecciones del 2018. ¿Recuerdan?
Una praxis además muy vieja copiada al PRI.
En fin, retomando el tema: Las legisladoras federales perredistas plantean que los súper delegados que aspiren a cualquier cargo de elección popular, sesepararen de la función pública seis meses antes de registrarse como candidatas o candidatos”.
¿Y por qué no con un año de anticipación? Seis meses es muy poco tiempo considerando las súper facultades de los funcionarios en comento; es una distancia que les permitiría dejar promesas totalmente cubiertas a cambio de favores electorales.
Incluso, ello les permitiría ventajas sobre los mismos aspirantes internos a tal candidatura.
Y a propósito de cualquier cargo de elección popular, en la propuesta de las legisladoras del PRD no se incluye la aspiración a concejales a los ayuntamientos, solo alcaldías, y es necesario precisar ambos conceptos porque en algunas entidades federativas los cargos son distintos.
En fin, los Delegados Estatales y Coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo que surgieron con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en noviembre de 2018.
Por tanto, se hace necesario reformar los preceptos constitucionales y legales para establecer con precisión los requisitos de elegibilidad aplicables a los súper delegados.
La propuesta es muy oportuna considerando que en estos momentos en la Cámara de Diputados Federal se debate una próxima reforma político-electoral y del Estado de manera integral.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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