Rosy RAMALES
En el archivo del Congreso de la Unión duermen infinidad de propuestas para una segunda vuelta electoral en la elección a la Presidencia de la República, y en la presente Legislatura se han ido acumulando las iniciativas en el mismo sentido a propósito de una probable reforma electoral próxima.
Precisamente la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, acaba de presentar una iniciativa, donde plantea la elección del titular del Ejecutivo tanto en primera como en segunda vuelta en base a una votación que dote al electo de una legitimidad indiscutible: La mayoría absoluta.
Es un planteamiento muy interesante, que no debería echarse a saco roto. Es más, una reforma así debería aplicarse también para la elección de gobernadores y de presidentes municipales.
La senadora priista propone, vía la pertinente reforma a la Constitución Política General, que la elección de la persona titular de la Presidencia de la República tenga validez “con la mayoría absoluta de votos emitidos y, de no obtenerse dicha mayoría, habrá una segunda vuelta electoral en la que sólo participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la primera vuelta”.
Sería un cambio en el sistema político mexicano. Pero un cambio positivo, para la democracia y para nuestra nación. Porque ciertamente como explica la senadora Paredes y como harto han dicho diversos especialistas en el tema, la falta de legitimidad derivada de resultados electorales genera inestabilidad.
No es el caso del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuya legitimidad jamás ha estado en tela de juicio porque ganó dos y tres a uno frente a sus más cercanos competidores. Es el mandatario electo con la más alta votación en la historia reciente de México, de competencia real y reglas un poco más parejas (aunque todavía equitativas).
No obstante, fue electo por una mayoría relativa, porque así es el principio asentado en la Carta Magna, mediante el cual gana quien obtiene el mayor número de votos.
Lo que la senadora Paredes Rangel propone, según se entiende, es que la elección presidencial se decida a favor de quien obtenga la mitad más uno del total de los votos emitidos en las urnas electorales; o sea, con la mayoría absoluta.
Aunque no está muy claro si del total de los votos válidos emitidos o total de votos emitidos, sería cuestión de revisar de “p” a “pa” la iniciativa.
En fin, la legisladora plantea que si ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta, entonces “la Sala Superior del Tribunal Electoral hará la declaratoria correspondiente, la cual no admitirá recurso alguno y expedirá, la convocatoria a la segunda vuelta electoral, la cual se verificará el tercer domingo posterior a la publicación de aquella.”
Y argumenta: “La segunda vuelta electoral no debe fundarse en la escasa diferencia de sufragios entre los dos punteros, sino en la calidad representativa del elegido por mayoría absoluta de los votantes, porque si cualquier mayoría proporciona legitimidad, con más razón la mayoría absoluta es un factor de legitimación indiscutible del poder, tanto por su origen democrático como para la eficacia en el ejercicio de los cargos”.
Porque los sistemas electorales democráticos “pretenden reducir a su mínima expresión el abstencionismo, así como que los elegidos obtengan la mayoría de votos del total de los electores”.
Sería lo ideal.
Pero también aunado a lo anterior, como también han propuesto algunos legisladores y especialistas en el tema, es necesario hacer efectivo el voto obligatorio.
Ya se ha dicho que el voto es un derecho y es una obligación que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, las autoridades en materia electoral se han preocupado más por garantizar el derecho dejando al garete la obligación.
Incluso, la Carta Magna estipula la sanción cuando se incumple la obligación de votar, consistente en cierta afectación a los derechos político electorales del ciudadano.
En otros países por ejemplo, cuando se falta a la obligación de votar los ciudadanos son multados o, incluso, se les suspenden algunos de sus derechos político electorales por determinado tiempo.
Entonces, tanto en una elección primaria como en una segunda vuelta la participación ciudadana debe considerarse en función del más amplio universo de electores mediante el voto obligatorio; caso contrario, la legitimidad seguirá padeciendo dolores y los electos seguirán teniendo problemas para gobernar.
Claro, los problemas dependen también de la capacidad del gobernante para resolverlos o para complicarlos. Sin embargo, llegar respaldado con la voluntad de más de la mitad del total del electorado ayudaría mucho al consenso en la ejecución de proyectos.
Y como una cosa lleva a la otra, también sería necesario perfeccionar las normas en materia de delitos electorales, violaciones a la ley electoral e infracciones administrativas, a efecto de garantizar votos de voluntad real, porque los partidos políticos se pintan solos para manipular conciencias y comprar voluntades.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
Rosy RAMALES
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