Rosy RAMALES
Qué declaración tan objetiva la de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien sin ambages reconoció:
“El Poder Judicial no se ha ganado la plena confianza de la ciudadanía, pues son percibidos como un Poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas.
Y consideró que tal situación “se debe, en gran medida, al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción que, si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto.”
Nadie hubiese podido decirlo mejor.
Ciertamente, ministros, magistrados, jueces, pero sobre todo los primeros, son vistos como una clase ajena al empobrecido México; parecen venir de otro planeta con ese aire de seres superiores. Y, además, juzgan privilegiando al mejor postor, con sus excepciones.
Y es verdad, el Poder Judicial se escuda en la independencia y autonomía para no rendir cuentas. Pero, sus integrantes obedecen ciegamente al Ejecutivo, cuyo titular pone a los ministros y magistrados por más matizado que sea el procedimiento para designarlos.
Nada más hurguen en la historia y trayectoria de cada ministro y de cada magistrado y encontrarán, con sus honrosas excepciones, vínculos con ex presidentes de México y personajes poderosos. Son contados con los dedos de una mano (y todavía sobran dedos) aquellos jurisconsultos que llegan al cargo por mérito propio o carrera judicial.
Precisamente la principal reforma al Poder Judicial será establecer un mecanismo de designación de ministros y magistrados donde no intervenga el Poder Ejecutivo ni siquiera sugiriendo terna, ni el Poder Legislativo haciendo la designación; ambos poderes politizan el nombramiento de estos integrantes del Poder Judicial.
Claro, el Presidente de la República siempre obedecerá a una filiación política, salvo que un día no muy lejano llegue un candidato independiente; los legisladores pertenecen a algún partido político, entonces la bancada que lleva mano pone al jurisconsulto.
Por lo tanto, para empezar a extirpar el altísimo grado de corrupción en el Poder Judicial, y a rediseñarlo realmente independiente, es necesario arrancarle las ataduras con los otros dos poderes; el equilibrio se guardará con la rendición de cuentas peso sobre peso.
La administración de justicia se duele de falta de recursos económicos. Y sin embargo, los hay. Pero alcanza poco porque buena parte del presupuesto del Poder Judicial se invierte en gasto corriente; todo podrá faltar, menos la sagrada y onerosa dieta de los juzgadores.
Y hasta se dan buenos periodos vacacionales.
Quizá una selección al azar solucionaría la necesidad de independencia: Que se emita una convocatoria, que se seleccione a los más aptos en cuanto a conocimientos aplicándoles un examen de oposición vía una institución educativa de alto prestigio y los más aptos luego que sean sometidos a un procedimiento de insaculación.
¿Y la carrera judicial? Pues si se trata se ir oxigenando al Poder Judicial, bien valdría la pena establecer en un transitorio la excepción por tiempo determinado; o sea, que en por lo menos diez años no se privilegie dicha carrera en la selección de ministros, magistrados y jueces.
La razón es simple: Porque tantos años de nepotismo y padrinazgos han enquistado una diversidad de intereses malsanos en el Poder Judicial, entonces solamente se dará oportunidad a quienes han sido colocados en magistraturas y juzgados por tratarse de familiares de algún integrante de este Poder o por ser recomendados.
Los casos pululan. Vaya, quienes entraron así solo esperan que los hijos obtengan el título de abogados para dejarles el puesto.
Claro, en el Poder Judicial hay casos verdaderamente valiosos de ministros, magistrados y jueces. Por tanto, la excepción no sería absoluta, sino con la oportunidad de participar en el proceso de selección, pero sin tener prioridad.
Otra reforma importante sería reducir los años de duración en el cargo de ministros, magistrados y jueces, pues la larguísima duración ya no cumple su objetivo; fue puesta para garantizar la permanencia y estabilidad económica de los juzgadores con el propósito de evitarles tentaciones pecaminosas e impedir la corrupción en el Poder Judicial.
Como ejemplo ahí están los recientes escándalos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el contexto de las elecciones ordinarias de gobernador de Puebla; los casos de jueces de probidad en entredicho.
Una larga duración en el cargo se ha vuelto un privilegio.
Y bueno, en lo que fue el Proyecto de Nación de AMLO (siendo candidato) prevaleció una propuesta muy interesante: La eliminación del Consejo de la Judicatura, un órgano muy obeso que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial y la disciplina de sus miembros.
Debe de eliminarse cuando menos por dos razones: En el país financieramente el horno no está para bollos y la intromisión de agentes externos es negativa para la independencia del Poder Judicial.
Por cierto, será imprescindible revisar si es necesario el número de salas existentes en la SCJN y el número de sus integrantes. Se habla de reducciones en la reforma que viene, y debe haberlas. Si los ministros quieren seguir ganando como reyes, que desquiten el altísimo sueldo, el cual resulta un insulto frente a la pobreza de millones de mexicanos.
Y luego de la reforma federal, que ésta baje al Poder Judicial de las entidades federativas.
LA COMISIÓN
En fin, que ayer ya inició el Diálogo para la Reforma del Poder Judicial en la casona de Xicoténcatl, con la concurrencia de senadores de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
Quieren tener listo un borrador antes del 20 de enero próximo. Veremos que resulta.
Por lo pronto, según el decir de Ricardo Monreal Ávila, líder la Junta de Coordinación Política, ésta y el Poder Judicial conformarán un grupo de alto nivel para iniciar la construcción del andamiaje jurídico, con la participación también de la Fiscalía General de la República.
Mmm…¿entonces en realidad se trata de una reforma en administración y procuración de justicia, no solamente del Poder Judicial?
En fin, que a ese grupo de alto nivel Monreal ha comisionado al oaxaqueño Raúl Bolaños Cacho Cué, según trascendió en corrillos de la Cámara Alta.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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