No es partida secreta, sino discrecional, la autorizada por los senadores al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No es secreta porque de manera clara se establece en ley. Y así se sabe de su existencia y es legal por voluntad del mismo mandatario y por obediencia de los legisladores.
Pero es discrecional, porque la partida queda al libre manejo por parte del titular del Ejecutivo; él decide cómo, en qué y a quién destina los recursos de dicho rubro.
Buscando la definición de discrecional encontramos las siguientes: “Que se deja a la discreción o prudencia de una persona determinada y no está sometido a regla o norma”, “Que se hace libre y prudencia
lmente.” “Que se hace libremente, que se deja al criterio de la persona o autoridad que puede regularlo”. Y viene del vocablo discrecionalidad, que significa jurídicamente: “Potestad atribuida a los órganos administrativos por las leyes sin predeterminar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo cual el titular de las potestades y competencias queda habilitado para elegir dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan”, según la Real Academia Española.
Y miren, en la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece lo siguiente:
“Artículo Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
“Artículo 61.-…
“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas (de austeridad) deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular.”
Mmm…¿Quiere decir que el presidente emitirá un decreto donde determine el destino de tales ahorros?
En el campo del derecho, Decreto “es toda decisión, disposición o m
andamiento emanado de autoridad superior de un poder u órgano administrativo, en especial del jefe de Estado. Su contenido puede ser general o individual. El acto individual implicará una decisión; el acto general significara una disposición.” Quizá en razón de ello, el presidente López Obrador rechazó que en la ley se haya creado una “partida secreta” porque “en la democracia la regla de oro es la transparencia”, y aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administrará los ahorros generados al interior del gobierno ya que es la dependencia encargada del manejo del presupuesto, por lo que “no habrá uso discrecional”.
Bien, es lo que el mandatario considera. Sin embargo, la ley recién aprobada por el Senado sí le da una facultad discrecional sobre el destino de los ahorros. Y a pesar de la reforma, de abril pasado, al artículo 74 de la Constitución para eliminar y desaparecer las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, la ciudadanía en general ¿cómo puede tener la certeza de la cuantía de los ahorros y del uso de los mismos?
Habrá que concederle el beneficio de la duda.
Y ojalá los recursos se destinen a acciones en beneficio general y sin tintes político-electorales, ni para provecho de unos cuántos como ocurrió en administraciones federales anteriores.
Antaño, la partida discrecional o secreta funcionaba como una caja a disposición del titular del Ejecutivo sin que éste rindiera cuentas del destino de los recursos. De ahí salían los incrementos a gastos presupuestados o el flujo para nuevos gastos no autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero además, era la caja para financiar partidos políticos, incluido el partido gobernante, al margen del financiamiento legal; para tranquilizar a grupos políticos y a toda clase de organizaciones; para gastos electorales, y para premiar con compensaciones económicas a servidores públicos, legisladores y toda persona a las atentas órdenes del Presidente.
En fin, se requiere probar con hechos que México vive una Cuarta Transformación, pues las simples palabras difícilmente generan convicción sobre todo cuando hay evidencias de contracciones que generan dudas.
Y el probar con hechos, no es nada más una tarea del Presidente de la República, sino también de los legisladores de su misma filiación, quienes deben dejar de actuar a la usanza priista: Como aplanadora y sin replicarle al titular del Ejecutivo cual empleados de éste.
Se trata de dos Poderes. Además, se supone que los legisladores son personas pensantes, con criterio propio y dignidad como seres humanos.
No obstante, dada su actuación sumisa ¿quién les cree que no le otorgaron facultad discrecional al Ejecutivo en el manejo de los ahorros provenientes de las medidas de austeridad?
Al tiempo.
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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