Rosy RAMALES
Con sus excepciones, los legisladores de Morena prácticamente en todo el país andan imparables en la producción propia de su función, sobre todo para cambiar el Derecho, las instituciones y las cosas a su favor; como en los mejores tiempos del más rancio PRI.
Y, además del Congreso de la Unión, Morena ha empezado a utilizar las entidades federativas como laboratorios para experimentar reformas, a implementar más tarde en el orden federal. Por lo menos así es la percepción de una parte la ciudadanía.
Primero fue en el estado de Baja California, donde diputados morenistas del Congreso Local, insólitamente con el apoyo de panistas y priistas, reformaron la Constitución para ampliar el periodo del mandato de dos a cinco años al gobernador, ex profeso de Jaime Bonilla de Morena.
Luego fue Tabasco, donde los legisladores confeccionaron la llamada “Ley Garrote”, la cual más bien es una reforma al Código Penal de dicho estado para tipificar la extorsión derivada de la protesta cuando se realiza obra pública o privada.
(Aunque no solo en aquella entidad, sino en muchas más es necesario ejercer cabalmente el Estado de Derecho ante tantísima manifestación ciertamente como forma de extorsión de sindicatos y falsas organizaciones sociales…claro, bastaría con aplicar las disposiciones que sancionan, por ejemplo, el ataque a las vías generales de comunicación).
Y ahora parece que va Oaxaca, donde Morena, vía el diputado local Fredie Delfín Avendaño como presidente de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupciónpromovió una iniciativa de ley para reformar la Constitución en materia anticorrupción.
Lo hizo de una manera que deshonra principios morenistas, sobre todo el de honestidad.
Resulta que utilizó a profesionales de dicho Sistema, tanto locales como nacionales, para realizar una serie de foros tendentes a promover la aprobación de la autonomía de la Fiscalía Estatal en Materia de Combate a la Corrupción; pidió, vía sus asesores, ayuda a las instituciones en la materia para elaborar la iniciativa de reformas.
Pero qué creen, el diputado ha sido acusado de haberse apropiado de la iniciativa.
Y no solo eso, la Comisión que preside modificó parte del articulado, entre éste algunos transitorios como el Segundo, para establecer un plazo de 60 días hábiles posteriores a la publicación del decreto respectivo para la emisión de una convocatoria para designar al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción.
Cuando la iniciativa elaborada original preveía que por única vez sería ratificado en el cargo el actual Fiscal, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, y solo por el periodo que aún le falta: Él fue designado el 10 de junio de 2017 (sin ningún reclamo en su contra) por un periodo de siete años por la anterior Legislatura del Congreso Local, donde la bancada de Morena era la segunda con mayor número de diputados después de la bancada del PRI.
En la actual Legislatura, el grupo parlamentario de Morena tiene la mayoría: 26 de 42 diputados, y completa la mayoría absoluta con legisladores diputados del PT o del PES. Mientras la bancada priista se redujo solo a seis diputados.
Y bueno, el diputado Fredie Delfín y demás integrantes de Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción pueden modificar cualquier iniciativa de ley, pero no apropiársela cuando es de la autoría de especialistas a quienes se les pidió ayuda ex profeso para elaborarla (no se les contrató).
Ahí lo deshonesto.
Y hay más, pues el fondo parece una simulación de autonomía e independencia de una Fiscalía controlada por Morena.
Verán, actualmente la Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía General sin gozar de autonomía presupuestal, y el titular se elige bajo el mismo procedimiento derivado de la Constitución General en virtud del Sistema en la materia: Mediante una convocatoria pública, entrevista a los aspirantes, selección de una decena de ellos de entre la cual el gobernador elige una terna para que de ésta el Congreso elija al Fiscal.
El procedimiento es idéntico al federal.
Ahora, en la iniciativa en comento se propone separar a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General, dotarla de autonomía presupuestal e independencia en sus decisiones, y que el titular sea electo directamente por el Congreso Local.
La iniciativa es casi perfecta, pues la selección de tal servidor público ya no pasaría en ningún momento por manos del gobernador, pero ello tampoco garantiza que no influya; en Oaxaca los morenistas cuidan más al mandatario que los propios priistas. Vaya, los diputados federales hasta lo sentaron en la mesa de honor en su reciente informe legislativo.
En fin, dicha iniciativa que en teoría y en el texto es muy buena, en el campo fáctico parece llevar la intención de Morena de controlar la Fiscalía Anticorrupción, pues la elección directa del titular de la misma por el pleno cameral implica un dictamen con proyecto de decreto elaborado precisamente por la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Y tal Comisión se integra por cinco diputados y diputadas, de los cuales tres son morenistas: Fredie Delfín, Horacio Sosa Villavicencio y Helena Cuevas Hernández; uno es del PT, Noé Doroteo Castillejos y una es panista, María de Jesús Mendoza Sánchez. O sea, Morena tiene mayoría en la Comisión
Y siendo Morena la bancada mayoritaria en la actual Legislatura Local con toda la posibilidad de conseguir la mayoría calificada con dos diputados del PT o dos del PES, tiene garantizada la imposición del Fiscal Anticorrupción.
¿Morena en verdad busca la autonomía de tal Fiscalía? ¿O va por su control absoluto?
Fredie Delfín, quien le debe la curul al ex perredista y ex petista Jesús Romero López, propaló la idea de concretar la autonomía, y las instituciones del Sistema Anticorrupción le creyeron por eso ayudaron en la confección de la iniciativa, de foros, mesas de trabajo, etc., para que al final los diputados dieran la estocada para quedarse con la Fiscalía.
Si fuera el caso, los morenistas quedarán muy mal parados frente a la ciudadanía, pues están proyectando las mismas prácticas de poder omnímodo que tanto criticaron del priismo. Además, tendrán que indemnizar al actual Fiscal por los cinco años que le faltan en el cargo y esperar a que se resuelva la controversia constitucional o el amparo, que en su caso promueva Iruegas Álvarez.
En fin, en ese contexto cabe preguntar: Oaxaca ¿es otro laboratorio de Morena, ahora en materia anticorrupción?
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Correo: rosyrama@hotmail.com
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