Rosy RAMALES
A quien le fue como en feria, fue al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, al comparecer ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso Local: Con sus excepciones, diputados y diputadas se le fueron encima.
Además, familiares de víctimas reclamaron y clamaron justicia; con gritos a todo pulmón, mantas y todo tipo de manifestaciones de dolor y descontento.
Hay personas dolidas por el incremento de feminicidios y diversos delitos. Legisladores lo reprocharon en tribuna, y ciudadanos lo gritaron desde galerías.
LA FISCALÍA “NO PREVIENE DELITOS”
Sin embargo, Rubén Vasconcelos tiene razón al decir: “Las Fiscalías no prevenimos delitos, les damos respuesta. No tenemos como función la seguridad ciudadana, sino el combate a la impunidad. Contribuimos a la seguridad ciudadana y a la prevención del delito combatiendo la impunidad”.
Y que a “las Fiscalías no se les puede achacar el incremento de los delitos ni a ningún órgano del sistema penal, pero sí reclamar no dar respuesta a los casos de que conocen.”
Cierto, es a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, a la cual corresponde la prevención. Entonces, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa debería revisar los resultados en la materia y compararlos con el reclamo social.
Además deberían analizar las causas generadoras de la actividad delictiva: Falta de fuentes de empleo; muchas veces las personas delinquen para allegarse de dinero para comprar comida. Los programas sociales no son suficientes, ni todos los ciudadanos tienen acceso a ellos.
Otras causas: El aumento del narcomenudeo y en consecuencia del consumo de enervantes, sobre todo entre jóvenes; la apertura desmedida de cantinas en casi todos los municipios de la entidad, los cuales, por cierto, carecen de policías idóneas.
Y también hay causas mayores: El huachicol, la siembra y tráfico de marihuana, así como de otro tipo de drogas. Apenas este martes, la Secretaría de Marina-Armada de México informó que:
“Personal adscrito al Sector Naval de Huatulco aseguró dos embarcaciones menores, las cuales contenían en su interior 11 bultos con un peso aproximado de 550 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína y 66 bidones con aproximadamente 350 litros de combustible; así mismo se logró la detención de un presunto infractor de la ley, frente a las costas de Oaxaca.”
Y la semana pasada, la misma Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca realizó la destrucción de 3 sembradíos de marihuana y 100 almácigos de la misma en la comunidad de San Esteban Amatlán.
Un dato curioso: En enero pasado, dicha Secretaría en sendos comunicados informó de tres casos de localización y aseguramiento de hidrocarburo “al parecer de procedencia ilícita”, y en lo que va de febrero ha reportado dos casos más; todos ocurridos en el Istmo de Tehuantepec.
El 7 de enero, en inmediaciones de la Carretera Federal 185; el 11 de enero en un recorrido en la colonia Barrio Nuevo jurisdicción de Santa María Petapa, en el distrito de Juchitán; el 18 de enero en localidades pertenecientes a Matías Romero; el 3 y el 5 de febrero otra vez en lugares de las dos últimas comunidades.
Lo curioso es que en los cinco casos localizaron los vehículos abandonados con los recipientes conteniendo combustible. ¿Es creíble?
En fin, y a esos delitos súmenle los del fuero común, además de los feminicidios.
LA FISCALÍA “DA RESPUESTAS”
Bueno, pero como dijo el mismo Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, “Las Fiscalías no prevenimos delitos, les damos respuesta. No tenemos como función la seguridad ciudadana, sino el combate a la impunidad…”
Y que “a las Fiscalías no se les puede achacar el incremento de los delitos ni a ningún órgano del sistema penal, pero sí reclamar no dar respuesta a los casos de que conocen.”
Justamente es el reclamo ciudadano: Respuestas y combate a la impunidad.
Y si bien el Fiscal sostuvo que “no son los intereses políticos o presiones mediáticas los que conducen los trabajos de la institución”, hay varios casos donde los familiares de las víctimas solamente exigen justicia sin perseguir fines políticos.
Son los casos de la periodista María del Sol Cruz Jarquín y de Ivanna Mingo; ambas muy jóvenes.
En junio del 2018 la primera fue víctima colateral en la ejecución de Pamela Terán, candidata a segunda concejala al ayuntamiento de Juchitán vía la planilla del PRI. Y la segunda, falleció el 21 de octubre en un accidente automovilístico.
María del Sol, siendo jefa de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, fue enviada por el titular de esta dependencia, Francisco Javier Montero López, a cubrir la campaña de su hermano Hageo, candidato a la presidencia municipal de Juchitán.
Ivanna Mingo murió en un accidente del cual responsabilizan a su novio A.C., entonces líder juvenil del PRI; ambos habían salido de una fiesta. Supuestamente el joven conducía en estado de ebriedad; el automóvil fue abandonado a la puerta del Hospital Civil.
En ambos casos, los familiares exigen a la Fiscalía resultados de las investigaciones. Y si bien, éstas conllevan todo un procedimiento (que no es tan rápido a pesar del nuevo proceso penal), el Fiscal tampoco ha sido para citar a los deudos y explicarles en la medida de lo posible hasta dónde van las indagatorias y cuáles son los obstáculos, en todo caso.
Pero sí los citó, según testimonio de un familiar, previo a su comparecencia así como para calmar los ánimos y evitar manifestaciones de inconformidad en el recinto legislativo.
Resultados de las investigaciones. ¿Esto es mucho pedir?
Y vaya, luego se echan la bolita: Los juzgadores dejan en libertad a presuntos culpables por falta de elementos, argumentando deficiencias en la investigación. Y el Ministerio Público le achaca la culpa a los jueces. Es un cuento de nunca acabar.
Hay asesinatos a todas luces políticos. Y ahí se complica más el panorama.
Confiemos en que el Fiscal no se deje llevar por “presiones políticas o mediáticas”, pero de parte de los imputados, o por parte de grupos de poder.
LOS DIPUTADOS TAMBIÉN TIENEN CULPA
El trabajo de las Fiscalías no es asunto menor. Sin embargo, el presupuesto que se les asigna es ínfimo; no alcanza para pagar sueldos, comprar insumos, viáticos, renta de oficinas en el interior de la entidad, gastos de investigación, etc.
¿Y quienes aprueban el presupuesto? ¡Las y los diputados! Entonces, sean congruentes y asignen más recursos a las Fiscalías, y por separado. En todo caso, hagan la reforma pertinente para la autonomía plena de las Fiscalías.
Porque las Fiscalías Anticorrupción y en Delitos Electorales dependen de la Fiscalía General, y ésta les dará recursos no en base a sus funciones y necesidades, sino en base a los remanentes. Y de ahí derivan los pleitos entre fiscales.
Por cierto, la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales en Oaxaca nada ha dado a conocer de la denuncia presentada por la periodista Soledad Jarquín Edgar sobre la orden del entonces Secretario de Asuntos Indígenas de enviar a María del Sol a cubrir la campaña electoral de Hageo.
Y eso que tanto el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos fallos ya dijeron que sí hubo desvío de recursos por parte de dicha Secretaría en el caso María del Sol.
LOS TROLLES FANS DEL FISCAL
Y por si fuera poco, en redes sociales se ha desatado una guerra de trolles en contra de los periodistas que se atreven a cuestionar al Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, de quien no creemos comande ese ejército de “encapuchados” bajo seudónimos.
Que han atacado a corresponsales de medios de circulación nacional, a columnistas locales, a periodistas en general y a todo ciudadano que critica el trabajo de la Fiscalía.
En fin, Rubén Vasconcelos como persona es buena persona y como profesionista es excelente. Pero le tocó un cargo muy difícil, complejo por su misma naturaleza; sin embargo, es hora que vaya sacudiendo inercias; a veces su mismo equipo no le ayuda.
***
Sé el primero en comentar