Al determinar que es violatorio del derecho a la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, reformado por el actual gobierno morenista de Cuitláhuac García.
En respuesta, el mandatario estatal anunció que enviará una nueva iniciativa de ley que sustituya dicho ilícito en el Código Penal de la entidad por uno que quizá pueda nombrarse como “agresión violenta”.
Durante la sesión pública de este lunes, el pleno del máximo tribunal del país analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, mediante la cual impugnó las reformas y adiciones al artículo 331, relativo a ultrajes a la autoridad, así como a las fracciones 1, 2 y 4, correspondientes a las agravantes de este delito, contenido en el Código Penal del estado.
El organismo defensor de derechos humanos del estado consideró que resultaba inconstitucional el castigar con pena de prisión discursos y expresiones que se encuentran protegidos por ese derecho, al tiempo que sostuvo que las agravantes previstas utilizaban expresiones “ambiguas”, lo que vulneraba el principio de taxatividad, es decir, la obligación de que los textos describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, calificó de “esencialmente fundados” los argumentos de la comisión, al explicar que el artículo 331 impugnado no limitaba “razonablemente” el conjunto de conductas que pueden actualizar ese tipo penal.
“Genera que la norma impugnada tenga un impacto desproporcional sobre las personas, pues al criminalizar cualquier amenaza o agresión, sin poder saber, a priori, si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión ante el miedo de que por expresar sus opiniones sean sujetos de la acción penal del Estado, cuestión que limita, consideramos, de manera irrazonable el ejercicio de esa libertad”, expuso.
Por lo que el pleno de la SCJN declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, lo que implicó que también se invalidaran las fracciones 1, 2 y 4 que establecían agravante en cuanto al modo de cometer el delito.
“Tales agravantes no son independientes ni autónomas del delito de ultrajes a la autoridad”, concluyó el ministro Pardo Rebolledo. Tras el fallo el gobernador Cuitláhuac García aseguró que “no hay problema” y anunció que presentará una nueva iniciativa para cumplir lo que mandata la Constitución, “que es proteger de quien agreda con violencia o armas a la autoridad”. Adelantó que eliminará la palabra “ultrajes”, aunque no dijo cómo se llamará el nuevo delito.
“En definitiva no puede ser ultrajes a la autoridad porque la Corte te lo está diciendo. Puede ser agresión violenta”, comentó.
En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano indicó que con la decisión de la Corte, al menos 200 personas que están presas solamente por el delito de ultrajes a la autoridad pueden ser liberados, aunque ya a 90 de ellos los están vinculando por otros delitos.
Consideró que lo que la SCJN declaró inconstitucional fue la “redacción” de la ley, por lo que culpó a los diputados locales que integraban la legislatura en 2003 de lo que tiraron los ministros.
Al respecto, el senador morenista Ricardo Monreal consideró “justa y correcta” el fallo de la Corte, por lo que ahora se tiene que luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por ese “ominoso” ilícito.
“Estoy contento, porque la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional este delito ominoso: ultrajes a la autoridad, a través del cual se han cometido excesos y barbaridades, violaciones a los derechos humanos en Veracruz”, expresó en un mensaje en redes sociales.
CNDH
VÍA | MILENIO
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