Construcción de la ciudadanía en la Universidad Pública de Oaxaca

 

Gladys Karina Sánchez Juárez, UABJO, México

Resumen: El presente trabajo aborda una reflexión en torno a la importancia que representan las instituciones de educación superior en México, en los ejercicios de enseñanza-aprendizaje de la formación de ciudadanía, este análisis tiene relevancia porque en México se reconoció la existencia de un “déficit democrático” en el año 2014, por lo que es una necesidad del sistema político consolidar sus procesos democráticos. La reflexión se realiza con el análisis de caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a partir del concepto responsabilidad social universitaria que nos permite reconocer su incidencia en la formación de ciudadanía, con el análisis histórico del desarrollo de la institución encontramos que los procesos de participación política estudiantil en la elección de sus representantes inciden directamente en las prácticas de la cultura democrática representativa.

Palabras clave: instituciones de educación superiror, participación política, méxico

Abstract: The present work addresses a reflection on the importance of higher education institutions in Mexico, in the teaching-learning exercises of citizenship training, this analysis is relevant because in Mexico the existence of a “deficit democratic” in 2014, so it is a need for the political system to consolidate its democratic processes. The reflection is carried out with the case analysis of the University Autonomus Benito Juárez of Oaxaca, based on the concept of university social responsibility that allows us to recognize its incidence in the formation of citizenship, with the historical analysis of the development of the institution we find that the processes Student political participation in the election of their representatives directly influences the practices of representative democracy culture.

Keywords: Higher Education Institutions, Political Participation, México

Introducción

El debate sobre la construcción y consolidación de las democracias atraviesa por el cuestionamiento de la falta de confianza en las instituciones, la corrupción, la eficiencia de su sistema de justicia, la pluralidad partidista y en la capacidad ciudadana de involucrarse y participar, para esto último siempre que se cumplan con los derechos ciudadanos, o que las desigualdades existentes se compensen de algún modo desde el aparato gubernamental para asegurar así la participación ciudadana.
Por estas razones, en México, a través del Instituto Federal Electoral en el año 2014 publicaron los resultados de una investigación que partió del supuesto de que en México los ciudadanos desconfían de sus autoridades y de otros ciudadanos. El estudio mencionado trata de identificar las causas que generan la baja participación ciudadana, entre ellas asumen que existe una baja cultura de participación política, así como poca educación cívica, por tanto, en México se refleja un déficit democrático, principalmente acotado a la baja participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Los resultados de la investigación sobre esa participación ciudadana se vierte con un análisis serio a través del “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México” que se publicó en el año 2014, en el que se señala la baja cultura política y de participación ciudadana en el país; por lo que fue de nuestro interés cuestionar el papel de las universidades públicas en esa educación cívica, puesto que, partimos de que las instituciones de educación superior son núcleos de enseñanza-aprendizaje en los ejercicios de ciudadanía activa y crítica.
La pregunta eje que guía este análisis es ¿Cómo se desarrolla la formación ciudadana en la comunidad estudiantil de la UABJO con el proceso electoral de rector?; ante esta pregunta, nuestro objetivo es analizar las prácticas políticas que se realizan en la vida interna de una universidad pública y autónoma en México, ésta es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), puesto que, a través de su forma de elección de representante se ejercen mecanismos de enseñanza-aprendizaje en la formación ciudadana de la comunidad estudiantil.
Partimos de que la ciudadanía va más allá de pensar en el ejercicio de los derechos ciudadanos como la libertad de expresión, el voto y el acceso a los beneficios públicos, ya que nos sumamos a los planteamientos teóricos de que la ciudadanía se ejerce en la medida que se involucra conscientemente en asuntos de carácter público, atendiendo a la legalidad, a los marcos culturales de su nación, a sus valores y su ética. En este sentido, en los estudios superiores se aprenden varios de estos elementos para ejercer la ciudadanía.
Por lo anterior, consideramos que en la medida en que las universidades cumplen consciente y reflexivamente con su responsabilidad social universitaria, pueden contribuir desde estos núcleos a la formación de ciudanía activa, por lo que, sólo con el análisis de sus alcances y límites en este proceso, las propias universidades serán capaces de repensar sus mecanismos de impacto positivo en este sentido.
En el análisis se reconoce en principio que México tiene un sistema político que se basa en una democracia representativa, por tanto, la participación en el voto es uno de los mecanismos más importantes para definir la calidad de la democracia, de tal forma que, todos los mecanismos que se implementan para fortalecer la educación cívica resultan fundamental en la consolidación de ese proceso democrático, asimismo considerar a las instituciones que son responsables de esa educación.
Históricamente en México las universidades son instituciones que permiten cumplir con uno de los derechos ciudadanos de elevada importancia, este es el acceso a la educación pública, en este sentido, si bien, cumplen con un derecho, también debe haber un compromiso de aportar al país en consecuencia con el surgimiento de la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria a través de la cual se exigió que cumplieran con la generación de conocimiento para la solución de problemas sociales, puesto que, así contribuyen con el desarrollo del país.
De esta forma, en las universidades no sólo se profesionaliza a los estudiantes en sus diversas áreas, sino además tienen que educar para ejercer su profesión con compromiso social, por ello en las universidades públicas cómo lo es el caso de la UABJO, en el que por ejemplo, existe el esquema de cumplimiento con servicio social, el cual consiste en que los y las estudiantes aporten seis meses de su trabajo profesional en alguna institución pública, organización no gubernamental o comunidad. Éste trabajo es obligatorio para realizar su proceso de culminación de programa educativo, después con ello pueden realizar su trámite de solitud de certificado, al tiempo que ese proceso permite abonar en la formación de una ciudadanía consciente, reflexiva y crítica, puesto que, la interacción con la realidad en ese tiempo permite a los estudiantes observar sus ejercicios profesionales propios.
Por otra parte, aseveramos que desde el surgimiento de las universidades, éstas se crearon como núcleos de formación crítica porque es el espacio en dónde se realizan reflexiones de participación social y política, por lo que, incluso han sido núcleos en dónde se gestaron movimientos sociales importantes en diversas partes del mundo en 1968, por ejemplo, México no fue la excepción y el estado de Oaxaca en la UABJO tampoco, ya que, éstas reflexiones hicieron que el estudiantado se involucrara en procesos sociales. Incluso en 1971 en la UABJO fueron los estudiantes quienes exigieron la autonomía de la universidad y también en el presente texto menciono más adelante en el apartado de la historia de la UABJO los procesos en los que se involucraron los estudiantes en Oaxaca.
El trabajo que se presenta en este documento es un resultado de investigación que se realizó a partir de analizar el caso concreto de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), de la cual soy integrante del conjunto académico de la universidad, por lo que igual que toda la comunidad universitaria tuve la oportunidad de participar en el proceso electoral del año 2016, por lo anterior, la metodología se basa en algunos elementos de la observación participante, así como revisiones documentales para entender y explicar el devenir histórico de la universidad, puesto que, partimos también de reconocer que toda realidad sólo se puede entender al conocer su proceso histórico.
La observación se llevó a cabo durante los 13 días que duró el proceso de campaña electoral en la UABJO, del 1 al 13 de mayo del 2016, las fuentes documentales que se revisaron fue un libro que documenta gran parte de la construcción histórica de la UABJO, artículos que analizan la construcción histórica de la Universidad desde su origen como Instituto de Artes, documentos oficiales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, artículos varios que analizan la constitución de universidades en México, finalmente se revisaron artículos periodísticos que documentan los cambios de rectores y conflictos derivados de procesos electorales en la UABJO.
En las universidades públicas, eminentemente autónomas mantienen dos mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, estas son la vía de la vinculación a través de la responsabilidad social universitaria que generalmente contiene estrategias de consciencia de cuidado del medio ambiente tanto al interior como en el exterior de la universidad, asimismo la vinculación con la sociedad fortalece la participación activa que influye para la formación de ciudadanía comprometida con la solución de problemas sociales. Este mecanismo no es objeto de estudio del presente análisis; sin embargo, se menciona porque el objetivo de institucionalizar la responsabilidad social universitaria es reforzar la reflexión en las universidades sobre su función en la sociedad.
En nuestra perspectiva, el segundo mecanismo de fortalecimiento de participación ciudadana, es a través de la vida interna de la universidad, ya que la participación de la comunidad universitaria en la elección de sus representantes es un ejercicio electoral a través del que se practica la educación cívica, debido a que elegir a la máxima autoridad de la universidad no sólo es un ejercicio de voto, también se trata de prácticas de cultura política, puesto que, con ello se define el rumbo que puede tomar la institución de acuerdo con el representante que se elige y en ésta práctica de elección de rector se centra el análisis que se expone en el presente documento.
Para realizar la reflexión de la presente investigación se recurre a dos conceptos clave que nos permiten exponer la importancia de las universidades en la formación ciudadana, en principio el concepto de Responsabilidad Social Universitaria es clave para entender la función actual de las universidades en México y analizar la manera en que tratan de cumplir con las exigencias de esa función; asimismo se discute el concepto de ciudadanía para explicar a qué nos referimos cuando se expresa que las universidades son instituciones fundamentales en la formación ciudadana.

Participación política y formación de ciudadanía en la Universidad
Si bien, la Universidad Pública en particular tiene las funciones de formar personas con capacidad crítica para desenvolverse en el ámbito profesional correspondiente, generar conocimientos y desarrollar investigación que genere beneficios a la sociedad en general, en ese proceso, la formación humanística es fundamental, en tanto históricamente han sido las instituciones públicas que dependen del Estado para la formación intelectual bajo pautas culturales y valores éticos que define la propia Universidad siempre que cuente con el respaldo del propio Estado.
Por otra parte, la educación fue reconocida como un derecho humano fundamental para lograr cambios sociales profundos en la sociedad, esto desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, incluso se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con ese marco, las instituciones de educación superior también son espacios en dónde se forma para la participación, por tanto, se forma ciudadanía, con sentido de libertad y construcción colectiva.
La expectativa de formar ciudadanos críticos está presente como imaginario colectivo porque se mantiene el objetivo de lograr transformaciones que generen una sociedad más inclusiva, con la intención de erradicar las desigualdades materiales y simbólicas. Es decir, pese a las contradicciones que pueden presentarse respecto a las universidades públicas, principalmente por la crisis institucional de éstas, aún está clara la función tan importante que cumplen en el marco de la formación ciudadana, en teoría con posicionamiento crítico necesario para hacer frente a las transformaciones que requiere nuestro país.
De tal forma, si bien, la educación es un derecho fundamental, también es la herramienta más importante para lograr transformaciones sociales, por tanto, las universidades no sólo representan la posibilidad de ejercer derechos fundamentales a través del acceso a la educación, sino, sobre todo, son las instituciones que se mantienen como espacios de construcción colectiva para la formación del pensamiento crítico con el objetivo de buscar valores históricos en la sociedad: libertad e igualdad.
En este sentido, pese a las tres crisis principales que se observan en las universidades públicas (Santos 2015) , siguen siendo los espacios institucionales en dónde se construye un tipo de ciudadanía, porque se forma una cultura política por medio de la propia dinámica interna de las instituciones, en particular a través de aquéllas instituciones que aún mantienen la elección de su máxima autoridad con el voto universal, es decir, dónde el voto de estudiantes, comunidad académica y administrativa tienen el mismo peso, asimismo en su proceso electoral se fomenta la cultura política de la democracia representativa.

Responsabilidad social universitaria y ciudadanía
En ese sentido, las universidades históricamente cumplen funciones fundamentales en la sociedad en general, porque se generan conocimientos que ayudan a entender la realidad, tienen la intención de transformar esa realidad para lograr el bienestar social y se procura actualizar ese conocimiento para impulsar procesos de desarrollo en todas las dimensiones sociales, económicas, culturales, biológicas, médicas, tecnológicas, siempre que representen un bienestar para la sociedad en general.
De esta forma a partir del siglo XXI, surgió el concepto de Responsabilidad Social Universitaria en América Latina, en una red universitaria que estuvo apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta reflexión surgió porque se plantearon el objetivo de reconocer los cuatro impactos más importantes que tienen las instituciones de educación superior, a) los que derivan de su organización interna en su personal y el medio ambiente, b) por la formación de profesionistas, c) por la construcción de conocimientos desde sus procesos de investigación hasta sus procesos epistemológicos y d) el impacto en el exterior a través de su vinculación social y sus implicaciones sociales, económicas y políticas (Vallaeys 2013, Pp.107).
Por lo anterior, se analiza la importancia de que al interior de las universidades deben ser conscientes de sus impactos y actuar de manera responsable para lograr impactos positivos, lo cual requiere una revisión de sus dinámicas internas y su dimensión académica debe diseñarse también en forma socialmente responsable (Vallaeys 2013).
Ahora bien, la idea de responsabilidad social universitaria inicialmente se limitó a centrar la atención en el cuidado del ambiente a través de la formación estudiantil, por ello, en muchas universidades implementaron desde botes de basura separados para los desechos orgánicos y los inorgánicos, avisos de cuidado del agua en los sanitarios como responsabilidad del ambiente, algunas universidades, aunque eventualmente, implementaron incluso plantas tratadoras de agua, de hecho en la misma UABJO en la facultad de ciencias químicas, se construyó una planta de éstas, misma que duró un par de años solamente, en otras universidades crearon programas educativos afines, cómo la Licenciatura de Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas, o aquí mismo en la UABJO, se creó el programa de Licenciatura de Turismo y Desarrollo Sustentable. También se implementan campañas de difusión de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, se alienta el uso de la bicicleta y el cuidado del uso de energías.
La idea de responsabilidad social también ha estado asociada a la vinculación social; con el paso del tiempo en América Latina en particular se planteó integrar la dimensión epistemológica, además ha permitido cuestionar en cierta medida la mercantilización de la educación superior; sin embargo, esto último también generó cierto desarraigo o deslocalización de la educación porque en universidades privadas de Estados Unidos se propició la impartición de cursos gratuitos para todo el mundo, lo cual provoca homogeneización de los conocimientos.
De esta manera, es importante retomar una visión crítica en la idea de responsabilidad social universitaria, es decir, partir de la idea de que no se trata de extensionismo solidario, sino de una visión ética, social y un tanto colectiva en la construcción del conocimiento, por ello, el paradigma epistemológico debe ser diferente, claro siempre que se considere la ética como una obligación y no compromiso altruista, pues la universidad debe responder a las necesidades de los problemas sociales, por tanto esa obligación sólo se puede cumplir en la medida que se articula con otros sectores y no de manera aislada, así estos dos factores diferentes entre la visión ética y de obligación con la sociedad hace que la ciencia cuestione su legitimidad social.
Por lo anterior, la responsabilidad social universitaria es un eje que permite evaluar, cuestionar y replantear la función de la universidad a partir de identificar y reafirmar su legitimidad a través de la producción de conocimientos pertinentes para resolver problemas de una sociedad actual, altamente globalizada, sin dejar de ser conscientes de la localización de cada institución de educación superior.
En el caso de América Latina, en nuestra visión uno de los cambios de mayor exigencia en la sociedad es lo referente a fomentar una cultura democrática que promueva la participación ciudadana, esto a su vez implica realizar cambios en las instituciones al tiempo que impulsar una participación activa para fortalecer la ciudadanía. En el caso particular de México, derivado del “informe país” en el que se expone el déficit democrático, considero que las universidades enfrentan el reto de fomentar esa cultura democrática entre la población joven que después ejercerá, o no, su ciudadanía con una postura crítica capaz de interesarse por el bienestar común y no sólo quedarse en el nivel de participación en los procesos electorales.
Por tanto, la universidad incide en la formación ciudadana, ya que se practican también procesos de participación a través de la implementación de la responsabilidad social, desde las acciones en procesos electorales hasta el involucramiento para resolver problemáticas sociales. Así en nuestra perspectiva, en las universidades existen dos vías claras en la formación ciudadana, por una parte, a través de sus prácticas de responsabilidad social universitaria y la otra con la participación de los estudiantes en la vida interna de las instituciones, ambas las consideramos con carácter de práctica política; sin embargo, me centré exclusivamente en la formación ciudadana por medio de la participación de elección de representantes.
En esta línea de reflexión, debemos reconocer que al asumirse la ciudadanía nos referimos directamente a la esencia del ejercicio político en una democracia, por tanto, la ciudanía en principio parte de una dimensión jurídica, puesto que hace referencia a la nacionalidad de una persona, lo que le implica contar con derechos en una nación al tiempo que también se asumen responsabilidades. La segunda dimensión de ciudadanía es política, referida principalmente a la participación electoral, es decir, la posibilidad de elegir a sus representantes (Balma 2013).
Para el caso de América Latina, desde el concepto de ciudadanía se cuestionan los derechos iguales en condiciones de histórica desigualdad en el continente, misma que se genera por desempleo, pobreza y privilegios que existen para algunos sectores, por tanto, al referenciar la democracia vinculada a los derechos individuales para un conjunto de personas que son parte de una nación, tendría que suponer también un conjunto de derechos que puedan asegurar que las personas se encuentran en condiciones de participar en la vida política y social de su país.
En esa lógica, para resolver dicha problemática se demanda o se exige al Estado cumplir con un papel protector para asegurar niveles mínimos de bienestar de su población, con el objetivo de compensar en cierta medida las desigualdades existentes y de esta forma se aseguren los derechos de los ciudadanos (Balma 2013, 81).
Si bien, se plantea la participación como un ejercicio de la ciudanía, también se exige al Estado que compense algunas desigualdades para asegurar el desarrollo democrático, por lo que entre el aseguramiento de los derechos para el pleno ejercicio de la ciudadanía está el acceso a la educación superior que en el caso concreto de México aún es gratuita. Por lo que se espera que también estas universidades públicas cumplan con la responsabilidad social universitaria como una práctica y no como filantropía, puesto que eso puede ser consecuente con la formación de ciudadanía con ética y con principios de sustentabilidad.
Asimismo, las universidades se han convertido en instituciones públicas de gran importancia en la formación ciudadana, ya que son por excelencia el espacio público para la educación política, tanto por la propia vida interna como a través de los programas educativos; sobre éstos últimos es importante tomar en cuenta que no todos los programas son propicios para exponer estos temas; sin embargo, en particular todo lo referente a sociología, ciencia política y en general ciencias sociales, sí están retomando reflexiones sobre cultura democrática, a través, por ejemplo, del curso Democracia y Ciudadanía que imparten en la Licenciatura de Ciencias Sociales y Estudios Políticos del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO.
Aunque, aclaro que participación política se entiende en el sentido del ejercicio ciudadano, es decir, me refiero a las acciones que toman las personas para involucrarse no sólo con la elección de representantes que es un nivel muy importante; sobre todo por los mecanismos individuales o colectivos en los que se involucran para resolver problemas sociales, por ello, la importancia del papel de las universidades en este proceso.
Consideramos que la universidad es un espacio social, en el que se concentra una diversidad de visiones y de historias de vida, a partir de las cuáles también se construye conocimiento, es decir se abstraen situaciones de la realidad por lo que se puede acceder a un estado superior de la mente -he ahí el término educación superior-, a su vez, ese conocimiento debe difundirse entre la sociedad en general. En ese proceso, los estudiantes a través de los profesores y profesoras tienen la misión de comprender, conceptualizar, dominar lo que aprenden y hacen desde distintos ángulos para impulsar habilidades que les permita asumir una posición crítica de lo que aprende y cómo lo aprende, compartiéndolo con ética, mediante la participación ciudadana (González Cuevas 1997).
En esta discusión sobre la importancia de las Universidades en la formación ciudadana, en el caso particular de México, aunque existen universidades públicas en todos los estados de la República que se apegan a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y están adscritas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aún con esta generalidad, cada Universidad tiene modelos educativos diferenciados y perspectivas diversas sobre la formación de su comunidad estudiantil, por lo que cada institución varía en sus formas de incidir en el fomento de la cultura democrática. En este sentido, aunque en general las universidades se rigen por el sistema de formación por competencias, en realidad la perspectiva pedagógica puede variar en su flexibilidad de libertad de cátedra, en sus formas de planeación, en las formas de evaluación, finalmente en función de sus programas educativos, en el caso de la UABJO por ejemplo, existe un modelo que se basa en competencias; sin embargo, no existe una competencia dedicada a fomentar la cultura democrática en particular, a pesar de que la elección de su máxima autoridad es por voto universal. No obstante, en los planes institucionales de cada rector se menciona la Responsabilidad Social Universitaria como eje transversal de sus actuaciones.
Al mismo tiempo, la historia de constitución y los sistemas democráticos internos son diferentes para cada universidad, ambos rasgos son de particular importancia porque esto incide en las prácticas políticas que aprenden los estudiantes en su tránsito por sus estudios superiores. Por lo mismo, al realizar un análisis de la formación ciudadana de estudiantes universitarios, debemos considerar las diferencias existente en la vida interna institucional, puesto que en México existen 12 subsistemas de Instituciones de Educación Superior, por tanto, cada uno de estos tiene sus particularidades.
Universidades de México
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), existen 12 subsistemas de Instituciones de Educación Superior, las cuales se dividen en: Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario, Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Centros Públicos de Investigación, Escuelas Normales Públicas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, y otras instituciones públicas: instituciones de educación militar, educación en materia judicial, seguridad e impartición de justicia, educación en bellas artes, educación en salud, educación en deportes, educación de la marina mercante, entre otras.
Dentro del subsistema de las Universidades Públicas Federales se registran nueve, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Abierta y a Distancia de México, Universidad Pedagógica Nacional, El Colegio de México y el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, A.C. Dichas instituciones realizan funciones de docencia, llevan a cabo amplios programas y proyectos de investigación, extensión y difusión de la cultura.
Respecto a las Universidades Públicas Estatales, se crearon por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados (SEP 2015) también desarrollan funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, extensión y difusión de la cultura. Son 34 Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana, entre ellas se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Tanto las Universidades Públicas Federales como las Estatales, tienen los mismos objetivos, aunque su nivel de dependencia gubernamental es diferente, por tanto, también sus formas de elección de su máxima autoridad que es el rector son diferentes.
Las universidades al ser formas sociales de organización necesitan un sistema de autoridad que distribuya, dosifique y guíe las actividades entre órganos colegiados, académicos, administrativos y estudiantiles a través de la participación, ante las exigencias y retos de la comunidad universitaria, además de cumplir con el objetivo de dar respuesta a las necesidades sociales y ciudadanas desde un contexto estatal y nacional (López Zarate et al. 2011). En este sentido, la máxima autoridad es quien asume de manera formal y legítima los modos de guiar a la institución para lograr sus objetivos y mantener la estabilidad interna.
Ahora bien, en la organización administrativa de las universidades públicas y de manera particular las del sistema estatal, existen formas particulares para nombrar a sus autoridades, por tanto, de acuerdo con algunas investigaciones existen tres modalidades de elección de su rectoría, estas son a través de una junta de gobierno, un consejo universitario y votación universal secreta y directa (López Zarate et al. 2011).
Estas modalidades como hemos referido antes, inciden directamente en las prácticas políticas que aprenden los estudiantes, además de que conjugan esas prácticas también con lo aprendido en las aulas a través del profesorado; sin embargo, los momentos de elección de autoridades marcan un modo de desenvolverse en una práctica política concreta, por ello, considero que estas modalidades son mecanismos de enseñanza-aprendizaje en la formación ciudadana, pues de la forma de elección de su autoridad depende el nivel de participación de los estudiantes y en ese sentido, se les enseña una práctica política. Aunque cabe mencionar, que no se trata de un proceso amplio acompañado por profesores; más bien, se trata de procesos que se dan de forma tácita, en particular durante los 13 o 15 días de campaña electoral para la elección de rector, ya que, durante esos días los profesores alientan la participación estudiantil para acudir a votar, para revisar los proyectos institucionales que plantean los y las candidatas, con el objetivo de que el voto que emitan se realice con información suficiente para tomar su decisión consciente.
De tal forma, en las universidades cuya elección es a través de una junta de gobierno, esta funciona con la integración de un grupo de miembros académicos distinguidos que son electos por el consejo universitario (máximo órgano de autoridad colegiada de la institución). Esta Junta de gobierno además de nombrar al rector, elige a los directores y directoras de las facultades, escuelas o institutos de la universidad y designa a los miembros del Patronato Universitario (Junta de Gobierno 2018).
Aquellas universidades cuya forma de elección es a través del consejo universitario, en principio éste se integra por el rector en curso, los y las directoras de las facultades, escuelas o institutos, representantes de investigadores, docentes, estudiantes y un representante de los trabajadores universitarios (Consejo Universitario 2015), su función es elegir al nuevo rector, por lo que esta modalidad fomenta los procesos de democracia representativa (Pardo Martínez 2003).
La tercera forma y última, es la votación universal secreta y directa, en la que toda la comunidad universitaria tiene el derecho de participar y elegir a su representante máximo de manera democrática, similar al sistema político nacional, en esta modalidad cabe destacar que al ser voto universal, el voto de un trabajador administrativo como de un estudiante o de un académico tiene el mismo peso de manera general.
Esta votación universal, se mantiene en siete universidades públicas de México, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma de Guerrero y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el rasgo característico de estas instituciones es que son autónomas (Gómez, 2015).
La autonomía no sólo es una enunciación, también tiene su fundamento en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio porque toda persona tiene derecho a recibir educación y en la fracción VII del mencionado artículo se enuncia que “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas” (2019, 10), además, añade que es necesario obedecer a las leyes orgánicas específicas que tiene cada institución autónoma, las cuales describen su personalidad jurídica, autónoma, académica, administrativa y estudiantil, también establecen la forma de elección del rector; estas leyes orgánicas integran las disposiciones generales aprobadas por los congresos estatales o federales.
Nos centramos en la votación universal secreta y directa, porque es tan similar a la práctica de elección existente en el sistema político en sus diferentes niveles de gobierno, que considero es una modalidad a través de la cual los estudiantes ejercen prácticas de participación política, mismas que en el futuro van a reproducir ya sea de forma natural o crítica para la elección de representantes en nuestro país.
Es decir, con esta modalidad se fomenta la democracia representativa, que por un lado mantiene la particularidad de estos sistemas universitarios, por otro, es el reflejo de la práctica sociopolítica que se da en el Estado al momento de elegir a los representantes (Pardo Martínez 2003). Por tanto, esta es una forma de mantener el sistema democrático actual, puesto que, a través del voto universal de elección se fomenta la educación ciudadana desde las universidades públicas y autónomas.
El proceso electoral es una de las bases principales de la existencia universitaria porque es el momento de elegir a su representante máximo; aunque también esta práctica se conjuga con el desarrollo del saber, el esfuerzo disciplinario de la crítica, el uso público de la razón, la axiología y los argumentos fundados en los saberes particulares de las disciplinas profesionales y científicas a través, del buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje (Pardo Martínez 2003), volviéndose en sí mismo un acto de reconocimiento de las dimensiones electorales, que no solo se rigen por el principio de mayoría, sino, que a su vez, permiten reflexionar sobre el porvenir de la universidad, que si bien se manifiesta a través de los procesos electorales con la votación universal, la implicación es mayor, pues el objetivo es contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad universitaria, mismo que permea en lo social para lograr una democracia (Martínez Marín 2006).
Este ejercicio de fomentar los procesos democráticos es fundamental en las universidades que se rigen bajo el sistema de voto universal porque con ello pueden aseguran que su elección se realiza libremente; sin embargo, algunas de estas acciones se limitan por prácticas que en ciertas ocasiones son semejantes a las clientelares, idealizando este modo de elección, dando la idea de que se trata de una participación consiente electoral de jóvenes universitarios para elegir a los representantes máximos de las universidades. Precisamente por esta situación que observamos, consideramos que el análisis que se expone en este texto es importante para reflexionar sobre el impacto real que tienen los procesos electorales en los estudiantes y con ello, es posible que la comunidad académica pueda analizar la vía más apropiada de elección de rector para este momento actual, por ejemplo, en una universidad como la UABJO.
En este análisis de participación se debe tomar en cuenta que la formación general de los estudiantes para participar es diversa, ya que la comunidad de algunas de estas universidades se conforma también por estudiantes de preparatoria de entre 15 y 19 años, es decir, no tienen ninguna otra referencia de participación electoral y posiblemente al integrarse a la educación media superior será su primer momento de participación en estos sistemas de elección. Adicionalmente existe un número importante de estudiantes que vienen de tradiciones culturales étnicas específicas que tienen modelos diferentes de elección representativa.
Por lo tanto, estas prácticas si bien son un ejercicio de participación política, también representan un reto para las universidades que mantienen este sistema de elección, puesto que, es importante analizar las habilidades del estudiantado en sus diferentes niveles, sobre todo si el voto incluye a estudiantes de nivel medio superior, esto no porque no sean capaces de ser críticos, sino porque quizá el desarrollo de sus habilidades para estas prácticas es menor con respecto al de estudiantes que son mayores de edad y han participado más en estos procesos.
Si bien, estos procesos permiten fomentar la educación de participar en una democracia representativa, también se fomenta una cultura política muy específica en la ciudadanía, porque los estudiantes son los jóvenes ciudadanos que van a votar en procesos electorales generales del país y del estado, con ello, resalta una formación de ciudadanos con una cultura política particular, aprendida desde la universidad.
En este sentido, el análisis se realiza a partir del caso particular de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, debido a que cuento con el conocimiento cercano de esta por ser también parte de la comunidad universitaria y que esto nos ha llevado a reflexionar sobre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior que realizan elecciones mediante voto universal, ya que, en nuestra opinión el reto mayor es que estas universidades están ante la posible necesidad de cambiar sus formas de organización política-administrativa, ya que, si bien, fue sumamente importante el momento histórico en el que surgió la votación universal al interior de estas instituciones; la sociedad ha cambiado y por tanto, también las instituciones enfrentan la necesidad de realizar cambios acordes a la sociedad actual.
El Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca, antecedente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)
Como se mencionó antes, el análisis se centra en el caso particular de la UABJO, por lo cual exponemos de forma sucinta su desarrollo de constitución para poder entender sus rasgos y su influencia en la ciudadanía oaxaqueña.
Este breve recuento histórico nos permite partir de ello para realizar el análisis del desarrollo político-organizativo que además coincide con otras instituciones del país que tienen un origen similar, lo cual nos ayuda a entender mejor su origen y desarrollo del sistema organizativo de la Universidad en cuestión.
A partir de la independencia de México y con el establecimiento del gobierno federal, se planteó la necesidad de crear instituciones gubernamentales que tuvieran el objetivo de realizar funciones que permitieran garantizar el bienestar social, para lo cual se requerían personas preparadas para hacerlo, por ello, se crearon los institutos de educación superior, tipificados con ese nombre a fin de lograr una innovación, de acuerdo con los requisitos del liberalismo y utilitarismo en ascenso (Peregrina 2006).
En el estado de Oaxaca, por disposición de la ley de 1826 y la Ley de Instrucción Pública del 26 de agosto del mismo año, se creó el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca que se inauguró el 8 de enero de 1827, con la disposición de dar educación gratuita y pública, su director lo nombraría el gobierno que recaía en esa época en los senadores, esto fue así durante todo el siglo XIX y parte del XX. La organización y gobernanza interna del Instituto promovió en su ley orgánica la creación de una junta directiva, compuesta por el director del instituto y todos los profesores, un dato relevante porque las decisiones recaían en un cuerpo colegiado de profesores, ya que la intención era que las decisiones se apegaran a principios colectivos y académicos, es decir, originalmente era un modelo colegiado (Martínez Vásquez 2012).
Entre las facultades que se le asignaron a la junta directiva del Instituto, estaba elaborar los reglamentos no sólo del instituto, sino, los lineamientos de la política de enseñanza que refería el Estado, presentándolos al congreso local, situación que deja ver la importancia que ya presentaba el Instituto en la educación superior y la estrecha relación que mantenía con el poder legislativo del que dependía. Por otro lado, el nombramiento de los profesores lo realizaba el gobierno por periodos de cuatro años, después de ese periodo debían presentar examen público para tener la posibilidad de ser reelectos o promovidos según sus méritos (Martínez Vásquez 2012).
De esta forma, transcurrió un largo periodo de la vida del Instituto desde su creación en 1826 y hasta las primeras décadas del siglo XX, en el que aumentó la matrícula, en gran medida porque el subsidio gubernamental se elevó precisamente para asegurar la educación pública, además creció el éxito social al contar con una formación superior, ya que algunos egresados lograron posicionarse entre la sociedad política, asimismo fue una época en que la formación de esta naturaleza permitía el ascenso social en términos económicos.
En el año 1931, se aprobó una nueva ley orgánica que otorgó autonomía al instituto; sin embargo, tenía varias limitantes, ya que el gobernador seguía nombrando al director, asimismo el nombramiento de los catedráticos lo realizaba una academia a propuesta del director y aprobado igualmente por el gobernador; también el director estaba obligado a presentar informes trimestrales ante el congreso local; aunque con esta Ley el gobierno se comprometió a seguir otorgando subsidio, su presupuesto debía complementarse con cuotas de inscripción, donativos de instituciones y de particulares (Martínez Vásquez 2012).
Con la historia del Instituto se observa que desde su origen tuvo gran importancia en la educación superior por lo mismo su desarrollo fue constante, además por su incidencia en la formación de muchos actores políticos del gobierno estatal y federal, su organización política-administrativa tuvo también gran importancia porque de esto dependía la política educativa y pedagógica; que hasta cierto punto demostraba éxito político y social.
En este sentido, el Instituto fue el núcleo de formación de la élite política en el estado de Oaxaca, situación que permitió fortalecer al Instituto con cierto poder político en el plano local y nacional, que si bien, permitió formarse con la ideología liberal fundamentada en el mérito individual, libertad y progreso, el hecho de impulsarse por ciertos grupos familiares hizo que se afianzara una élite, que aunque impulsaron la separación con la religión, la educación superior oaxaqueña se desarrolló entonces en un entorno de estructuras familiares además de mantener la ideología ligada al partido liberal del momento histórico por el que atravesaba el estado y la recién república que se constituía (Lempérière 1994).
Por otro lado, desde 1746 hubo esfuerzos para fortalecer la educación superior en las provincias, principalmente por el arzobispo de Oaxaca, Felipe Gómez de Angulo, quien propuso al rey de España, Fernando VI, fundar en Antequera Oaxaca, la Universidad del Sur, pues sólo existía en el país la Real y Pontifica Universidad de México como monopolio de la educación superior. En el siglo XVIII, en la ciudad de Oaxaca se dio un periodo de prosperidad, en diferentes aspectos, uno de ellos era la educación, a través de la coordinación de colegios y seminarios, que según Ibarra (2001), formaron profesionistas, miembros del clero secular, funcionarios tanto de familias españolas como de la nobleza indígena. Sin embargo, los esfuerzos por fundar la Universidad del Sur en la ciudad de Oaxaca fueron vanos.
En el siglo XIX, La Real y Pontifica Universidad de México, era la única institución autorizada para expedir grados de bachiller, licenciado y doctor, accediendo a esta sólo quienes podían estudiar en la Ciudad de México, de tal forma, quienes vivían en provincia, únicamente podían obtener el grado de bachiller en artes, mientras que los estudiantes que deseaban obtener un grado más alto, debían matricularse en la Real y Pontifica Universidad desde la ciudad de Oaxaca bajo juramento de obediencia al rector. Estos dos requisitos, otorgaban el privilegio de votar en las cátedras y en la jurisdicción de la universidad (Márquez Carrillo 2020).
Fue hasta después de la revolución mexicana, es decir después de 1910, cuando algunos colegios e instituciones científicas y literarias del país como, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Michoacán, Guadalajara, Sinaloa, entre otros, empezaron a transformarse en Universidades. Oaxaca, fue una de esas ciudades, pues gracias a un aumento del subsidio federal, se planteó la posibilidad de transformar el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en Universidad (Martínez Vásquez 2012).
A partir de 1950, varios institutos se transformaron en universidades, en particular en Oaxaca en 1955 con apoyo del entonces gobernador general Manuel Cabrera Carrasquedo se logró aprobar el decreto 131 por el que el Instituto de Ciencias y Artes se convirtió en Universidad Benito Juárez de Oaxaca, el 17 de enero de 1955 (Martínez Vásquez 2012). En ese decreto se establecieron las escuelas que se constituirán y las carreras a cursar, la personalidad jurídica, el patrimonio de la universidad, con este decreto se creó la figura del rector, que en esa ocasión también lo nombró el gobernador.
En esa transformación de Instituto en Universidad, el Dr. Ortiz Armengol, a quien nombraron primer rector de la Universidad asienta que el objetivo primordial de la universidad es fomentar cultura, enseñar profesiones y hacer investigación para formar profesionales de ciencia; con lo que consideramos se finca el objetivo principal de la universidad.
Al tiempo que se aceptó en la legislatura la transformación en Universidad, junto con ello se aprobó una nueva Ley Orgánica que definió al rector como representante legal, por única ocasión lo asignaría nuevamente el gobernador, aunque en adelante el rector lo nombraría la asamblea universitaria, compuesta por todos los catedráticos y un alumno como representante de cada escuela o facultad; sin embargo, ese nombramiento debía surgir de una terna que el gobernador enviaba (Martínez Vásquez 2012).
Asimismo, se formó el Consejo Universitario, compuesto por el rector, directores de escuelas, maestros y un estudiante en representación de toda la universidad, cuyas funciones eran la aprobación de los planes de estudio, creación de nuevas escuelas, nombramientos de secretarios, tesoreros y catedráticos, nombramientos de directores, ternas del rector y podía tomar otras decisiones de carácter administrativo, como la asignación de salarios, prestaciones y hasta jubilaciones.
Finalmente, dentro de la ley se estableció el principio de libertad de cátedra e investigación, el fin principal de la educación que se impartía en preparatoria, así como sus objetivos relacionados con la cultura tanto en la enseñanza artística como en su difusión, la preparación técnica y profesional, además de impulsar la investigación científica. Si bien, puede tener sus aristas en estos objetivos, esto nos demuestra un indicativo claro de los tres ejes fundamentales desde su transformación en universidad.
De la misma forma, desde 1956 la difusión cultural y la extensión universitaria se impulsaron fuertemente por la universidad, mandaban misiones de extensión cultural a pueblos de la sierra mixe y de Jamiltepec, lo cual fortaleció sus vínculos con la sociedad en general; al mismo tiempo la matrícula estudiantil crecía aceleradamente.
Por otro lado, durante años se buscó la autonomía de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UBJO), esta demanda de autonomía tomó fuerza en medio de las convulsiones del movimiento estudiantil de 1968, por lo que más adelante en el año de 1971 por iniciativa de la Federación Estudiantil Oaxaqueña demandaron tanto la construcción de la ciudad universitaria, como la representación paritaria de los estudiantes en el Consejo Universitario y en los consejos técnicos de las escuelas, iniciativa que fue apoyada por el presidente de la legislatura estatal Ernesto Miranda Barriguete; mediante el decreto 276 reformó la ley orgánica de la universidad para otorgar su autonomía, por lo que a partir de este momento se denominó Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Con la reforma de la Ley Orgánica, inició una etapa histórica diferente porque se modificó la composición del Consejo Universitario sobre todo por la integración de estudiantes representantes de cada escuela, también se modificó la composición de la Asamblea Universitaria y finalmente el rector ya no sería propuesto por el gobernador, sino por el Consejo y sería la Asamblea Universitaria quien podía nombrar al rector, tomando en consideración que en esta última también participaban los representantes de estudiantes, por lo que, la participación estudiantil a partir de este momento tomó mayor peso y se hizo presente.
Con esta presencia en la vida política y administrativa de la universidad, los estudiantes también se involucraron en diversos movimientos sociales, ya que se vincularon con líderes de organizaciones obreras del ferrocarril, de electricidad y del magisterio. A través de la Federación Estudiantil Oaxaqueña (FEO) acompañaron la fundación de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil de Oaxaca (COCEO). También acompañaron procesos de invasión de terrenos en Zimatlán, de tal forma, los estudiantes estaban muy activos en algunos movimientos sociales locales y nacionales.
Esto último ya permite analizar cómo surge la participación política estudiantil al interior de la universidad y cómo se da su ampliación hacia movimientos sociales, inicialmente por un interés de querer incidir en la vida organizativa y administrativa de la propia universidad, aunque los vínculos con algunos actores del sector político hicieron que se ampliara su participación fuera de la universidad.
Entre 1975 y 1977 se dieron conflictos internos que polarizaron totalmente a los grupos internos de la Universidad, en 1977 se realizó el primer intento de votación universal con el Dr. Martínez Soriano; esto porque en realidad no estaba normado de esta manera. Los conflictos internos continuaron e incluso tuvieron alcances políticos en el estado en general, al grado que el gobierno federal intervino primero para nombrar un gobernador interino y después para llamar a un orden a la universidad; con esta intervención, si bien, los conflictos parecieron disminuir en realidad ya no cesaron, fue hasta 1988 que se propuso una nueva Ley Orgánica, en la cual se retomó la votación universal ahora si como normativa, además se amplió el concepto de autonomía (Martínez Vásquez 2012).
En el caso de la UABJO el voto universal surgió con un conflicto entre dos personajes que disputaron la legitimidad de la rectoría, además de un devenir conflictivo por los movimientos sociales estudiantiles que también demandaron su participación directa en la vida política de la universidad.
Considero que con el recuento histórico se comprenden los alcances de la participación estudiantil, así como los límites que tiene por los intereses políticos que desde su origen se presentaron, pues el voto universal surgió en un contexto de disputa entre actores políticos de la universidad.
Desde entonces a través del ejercicio de la elección de rector dentro de la universidad, los estudiantes aprenden una práctica política para ejercer su derecho de voto, por lo que argumentamos que este proceso es parte de la enseñanza-aprendizaje de la educación cívica, con los rasgos que lleva implícito una organización administrativa y política de una institución como la que describimos. Sin embargo, cabe señalar que este proceso de enseñanza-aprendizaje es tácito porque no existen seminarios o cursos sobre la constitución, desarrollo y funcionamiento de la UABJO, pues el proceso electoral ya es parte de la vida interna que se desarrolla de forma casi natural, situación por la que consideramos que análisis cómo el que se expone aquí es pertinente para que la propia comunidad universitaria reflexione sobre éste proceso y valore los impactos que tiene o puede tener en la formación ciudadana, que además en esta línea de reflexión no existen análisis que sugieran este proceso de incidencia en la ciudadanía, es decir, a partir de sus propios procesos electorales.
En esta universidad en particular, notamos que en cada proceso electoral existe presión en algunos casos para ejercer el voto, ya que para algunos estudiantes ese proceso no es de su interés, en gran medida porque no hacen consciente que la elección del rector puede tener impactos en toda la dinámica universitaria, desde los programas educativos hasta el nivel de presupuesto que pueden destinar para becas, para investigación o para infraestructura, porque de la gestión depende ese presupuesto. Situación que puede evitarse sólo si realizan una actualización a la ley orgánica de la universidad porque en principio considero que los estudiantes de nivel medio superior no deberían participar directamente con el voto, al tiempo que los estudiantes que cursan una carrera profesional pueden involucrarse más si les informan al momento de ingresar a sus centros universitarios sobre el funcionamiento organizacional de la universidad, el peso de su participación en la comunidad universitaria y finalmente el impacto que tiene su voto en los procesos electorales. Este momento de información se puede integrar en los cursos introductorios de nuevo ingreso, o bien, al momento de darles la bienvenida para que identifiquen los derechos y responsabilidades adquiridas cuando se convierten en estudiantes universitarios.
Por otra parte en algunos procesos electorales se observa una tendencia a presionar o convencer a los estudiantes hacia el candidato que la dirección de su unidad académica se incline, un hecho que a pesar de no tener la intención de ser una práctica clientelar, con el paso del tiempo los estudiantes pueden llegar a presionar a la dirección con ciertos beneficios derivado de haber participado de forma muy activa en el proceso electoral de rectoría, lo cual hace que la comunidad estudiantil reproduzca prácticas de presión para sus demandas. Esta situación en nuestra opinión nos demuestra que, si bien, algunos grupos estudiantiles tienen conciencia sobre la importancia de participar en la elección por la dirección que puede tomar la universidad, también en algunos casos, lo consideran una oportunidad para obtener beneficios particulares.
De la misma forma, también existen estudiantes que demuestran interés de participar porque lo consideran un hecho trascendente en la comunidad universitaria, por lo que este proceso se convierte en un momento y espacio público de su formación política para participar como ciudadanos, ya que ejercen el voto, también critican, analizan las propuestas que cada candidato expone y además analizan la trayectoria de los candidatos.
Aunque existen antecedentes concretos en cada proceso electoral, las últimas reflexiones respecto a la conducción de los estudiantes fueron parte de lo que se pudo observar hasta el año 2016.

Reflexiones finales
Si bien, la participación estudiantil en la universidad a través del voto universal fomenta la cultura política de la democracia representativa, esto tendría que valorarse en su justa medida porque los conflictos que se generan derivan por el desequilibrio de los actores que participan en la elección de sus representantes; por ejemplo, la participación de un trabajador que tiene una función diferente, intereses absolutamente diferentes también dentro de la universidad no se puede equiparar con los intereses de los estudiantes; en el primero existe una relación laboral y en el segundo sólo buscan formarse profesionalmente. En este sentido, una posibilidad de solucionar el conflicto es actualizar sus formas de elección mediante ponderación de votos; es decir, definir porcentajes de representación de acuerdo con la función que se tiene en la universidad, por ejemplo, asignar 20 por ciento a trabajadores administrativos, 40 por ciento a personal académico y 40 por ciento a la representación estudiantil, en función claro de un análisis que debería realizarse al interior de la propia universidad.
Otra vía muy importante es dejar de incluir a estudiantes de educación media superior (preparatoria) en la elección de rector porque esos núcleos estudiantiles habitualmente terminan siendo sólo rehenes de los vaivenes de las disputas políticas internas.
Por otra parte, dentro de la historia de la universidad se comenta la existencia de ciertas prácticas clientelares, mismas que también se aprenden y después muy probablemente las van a reproducir en los procesos de elección popular.
De tal forma, las universidades que mantienen su esquema de votación universal representan mecanismos de enseñanza-aprendizaje para los procesos de participación política en particular para una democracia representativa; sin embargo, si este proceso no se realiza con la conciencia de que es una responsabilidad de formación ciudadana, entonces corre el riesgo de reproducir prácticas sin crítica. En este sentido, la vía que analizamos posible para mantener constante la conciencia de esta responsabilidad es realizando seminarios anuales o bianuales, con profesores, sobre la función de las universidades públicas y sus transformaciones, puesto que, con ello la propia comunidad universitaria puede analizar los cambios que deben realizar, los desafíos que enfrentan y las oportunidades de la universidad en la formación ciudadana.
En otro ámbito, sin duda las prácticas de la responsabilidad social universitaria por la vía de la vinculación seguirán representando la mejor manera de formar ciudadanía comprometida y crítica con las problemáticas sociales, que puede dar como resultado una participación ciudadana activa en la transformación de la realidad de su entorno. Esto se infiere derivado de la breve reflexión teórica que se discute sobre Responsabilidad Social Universitaria, asimismo los mínimos ejemplos que dan muestra de la incidencia que puede tener esta visión en el estudiantado.
En las siete universidades que aún mantienen el voto universal para elegir al rector, deben reflexionar en aceptar nuevas formas para su elección porque estamos ante una realidad diferente a la de hace un siglo, por tanto, existen necesidades nuevas, por ejemplo, la participación de las mujeres como rectoras es muy limitada y tendría que ampliarse. Además, en el caso de esta investigación que fue la UABJO, en el voto universal se integran a los estudiantes de 15 a 19 años y los jóvenes de esas edades consideramos que tienen otras preocupaciones tan sólo por enfrentar su tránsito personal de la educación básica a la media superior, que en sí mismo, les representa un gran reto.
Finalmente, consideramos que estas universidades como la UABJO dejaron de analizar que su proceso electoral interno es un medio de formación de ciudadanía; pues notamos que sus preocupaciones mayores se centran en la vida interna de su institución porque reflexionan sólo en el impacto de su elección y no en las implicaciones que este proceso tiene en la formación de estudiantes.

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SOBRE LA AUTORA
Gladys Karina Sánchez Juárez: Profesora Investigadora de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

 

REVISTA: Ciencias Sociales Interdisciplinares