Joel Hernández Santiago
De pronto, el viernes 3 de mayo, como sin venir al caso, en una de sus interminables mañaneras en Palacio Nacional, el presidente de México hizo venir al director de Pemex, Octavio Oropeza, para dar a conocer urbis e orbis un descubrimiento que dicen haber hecho del procedimiento por el que la investigadora y presidenta de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, María Amparo Casar recibió un seguro de vida y las pensiones de ley a la muerte de su esposo hace veinte años.
Y esa misma tarde del día de la Cruz, la presidencia de la República subió a su página electrónica tres expedientes que hicieron públicos con cientos de documentos, como el acta de defunción de Carlos Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración de Pemex; la credencial de elector de María Amparo Casar e información personal de sus hijos, como su historial académico, recibos de pago, transferencias bancarias, domicilios, cuentas bancarias y otros documentos con datos personales.
Expusieron de forma irregular un caso resuelto hace veinte años, el cual sirve de cuña con la que el presidente mexicano quiere tomar venganza de la mujer que por años ha encabezado una organización que busca eliminar la corrupción y la impunidad en México, vicios que se han asentado en el sistema político mexicano.
Aun así, en el expediente exhibido queda claro que Carlos Márquez Padilla murió de manera accidental. Sin embargo hoy se siembra la duda al decir que lo ocurrido fue un suicidio y que por tanto su viuda -dice el argumento presidencial- hizo creer accidente para beneficiarse del seguro de vida de su esposo y las pensiones subsecuentes.
Durante meses y años el presidente ha mostrado animadversión en contra de Casar. La asocia con Claudio X. González su archienemigo político y la creación de un organismo que -dijo hace tiempo- recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para crear animadversión hacia su gobierno.
Sin embargo, los señalamientos que de forma recurrente presentaba “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” calaban en el ánimo presidencial porque mostraban y muestran los excesos de corrupción bajo el régimen de la 4-T y la impunidad o castigo selectivos que ocurren.
Pero la gota que derramó el vaso y provocó la ira presidencial fue la publicación del libro de Casar, “Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó” (Debate, 2024). Una publicación que revela los grados de daño al país en su orden institucional, en lo democrático, en lo legal y la justicia mal entendida durante este sexenio de la 4-T.
Y es en este punto en el que los mexicanos somos testigos del grado de aspereza y excesos a los que puede llegar el poder cuando ha perdido el control de sí mismo, así como la dimensión justa de su función de gobierno en cohesión social, democrático e institucional: Primero la ley.
Y en contraposición este gobierno lanza todo el aparato del Estado para castigar a quien se atrevió a poner en duda la probidad de un gobierno, el que desde hace ya tiempo ha dado muestras de que muchos de sus operarios de la 4-T están involucrados en casos magnos de corrupción.
El exponer públicamente este tipo de información no sólo es ilegal, sino que expone a la persona exhibida al escarnio público, atenta contra su reputación y provoca la agresión de los seguidores más fervientes del presidente, así como a peligros graves en su persona, en su familia y patrimonio.
A las masivas críticas públicas a este hecho, Palacio Nacional contesta que esto es un hecho público y por tanto debe darse a conocer. Que acudir del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es absurdo, en un mundo al revés porque este instituto -dice presidencia- fue creado por sus adversarios. En todo caso el INAI inició ya una investigación de oficio que, ‘evidentemente sin prejuzgar si existe corrupción o no, tutela la protección de datos personales’.
Pero sobre todo si el libro de la señora Casar causó tanto enojo al presidente ¿por qué no se rebaten los argumentos mostrados en el libro? ¿Por qué no se consta punto por punto para saber si existen errores de interpretación en la investigación o hay que corregir datos y puntos de vista? ¿O es que tiene razón la obra?
El libro está ahí. ¿Por qué no se analiza para contrastar con “los otros datos presidenciales”? ¿Por qué se utilizan vías fuera de forma y fondo para intentar exhibir a la señora Casar como “una corrupta” según se lee en el trasfondo de la exhibición documental?
Es propio de todo gobierno democrático ser justo, veraz, plural y objetivo porque gobierna para todos los mexicanos y si en algo no está de acuerdo es la ley y el respeto a la Constitución lo que debe prevalecer.
Porque es ese mismo gobierno el que ha presumido sin ambages la frase juarista de “Nadie por encima de le ley”. ¿Es así como se garantiza ese apotegma del oaxaqueño?
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