DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Cuando la interrupción del suministro eléctrico se vuelve recurrente, prolongada y afecta simultáneamente a hogares, comercios, empresas, hospitales, sistemas de agua y servicios públicos, deja de ser una molestia cotidiana para convertirse en un problema de Estado.
* Es necesario abandonar la autocomplacencia y reconocer que la seguridad energética es seguridad nacional. Un país que no puede garantizar electricidad suficiente y estable compromete su economía, su productividad, su competitividad y, finalmente, el bienestar de su población.
Los cada vez más frecuentes apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no pueden despacharse como simples “fallas técnicas”, fenómenos aislados o incidentes inevitables. Cuando la interrupción del suministro eléctrico se vuelve recurrente, prolongada y afecta simultáneamente a hogares, comercios, empresas, hospitales, sistemas de agua y servicios públicos, deja de ser una molestia cotidiana para convertirse en un problema de Estado.
Y aquí aparece una pregunta políticamente incómoda: ¿está México avanzando hacia un modelo de precariedad energética parecido al que durante años han padecido Cuba y Venezuela?
La comparación puede resultar políticamente provocadora, pero no debe ser descalificada sin antes responder una cuestión elemental: ¿qué ocurre cuando un país pierde capacidad de generación, transmisión, distribución, mantenimiento e inversión, mientras aumenta la demanda y se pretende sostener el sistema eléctrico con decisiones políticas en lugar de infraestructura suficiente?
El resultado es conocido: apagones. En Cuba, los cortes de electricidad forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. En Venezuela, la crisis energética ha provocado durante años interrupciones recurrentes que paralizan actividades económicas y deterioran la calidad de vida. México, por supuesto, no es Cuba ni Venezuela y todavía cuenta con una infraestructura energética de una dimensión completamente distinta. Pero precisamente por eso sería irresponsable esperar a que la crisis alcance esos niveles para reaccionar.
El problema de fondo no es solamente que se vaya la energía eléctrica. El problema es lo que revela cada apagón: una red que puede estar sometida a una presión creciente y cuya capacidad de respuesta debe ser examinada con absoluta seriedad.
Porque un apagón no solamente apaga focos. Apaga refrigeradores y echa a perder alimentos. Detiene bombas de agua. Paraliza semáforos. Interrumpe operaciones comerciales. Golpea a pequeñas empresas. Afecta hospitales y clínicas cuando las plantas de emergencia no funcionan adecuadamente. Suspende actividades escolares y productivas. Daña equipos electrónicos. Y, sobre todo, golpea la confianza de ciudadanos e inversionistas en la capacidad del Estado para garantizar un servicio estratégico.
México necesita electricidad abundante, confiable y competitiva para crecer. Sin energía no hay nearshoring, no hay industrialización, no hay nuevas empresas, no hay infraestructura digital y difícilmente puede hablarse de desarrollo regional sostenible. Por eso resulta preocupante que el discurso oficial pretenda normalizar lo que debería provocar una investigación técnica y política profunda.
La CFE tiene una responsabilidad gigantesca. No basta con explicar cada apagón después de que ocurre. Hace falta conocer las causas, identificar las zonas críticas, transparentar las inversiones realizadas, determinar las necesidades de generación y transmisión y establecer un programa público de mantenimiento y modernización.
La electricidad no puede convertirse en un privilegio intermitente. Tampoco puede utilizarse la ideología para sustituir a la ingeniería. El país necesita una política energética pragmática: más generación, redes modernas, almacenamiento, mantenimiento, diversificación de fuentes, inversión pública y privada bajo reglas claras y capacidad real para atender el crecimiento de la demanda.
Porque la verdadera amenaza no es solamente quedarse sin luz durante unas horas. La amenaza es acostumbrarnos. Acostumbrarnos a que se vaya la luz. A que falle el agua porque dejaron de funcionar las bombas. A que los comercios pierdan mercancías. A que las empresas tengan que operar con plantas de emergencia. A que los ciudadanos compren reguladores, baterías y generadores como si fueran artículos de primera necesidad.
Ese es el verdadero peligro de la normalización del apagón: convertir la precariedad en costumbre. México todavía está a tiempo de evitarlo. Pero para ello se necesita abandonar la autocomplacencia y reconocer que la seguridad energética también es seguridad nacional. Un país que no puede garantizar electricidad suficiente y estable compromete su economía, su productividad, su competitividad y, finalmente, el bienestar de su población.
Cuba y Venezuela deberían ser advertencias, no modelos. Si los apagones continúan multiplicándose, la pregunta dejará de ser si México se está “cubanizando” o “venezolanizando”. La pregunta será mucho más seria: ¿Por qué permitimos que un país con enormes recursos energéticos, capacidad técnica y potencial de inversión termine acostumbrándose a vivir a oscuras?
Porque un gobierno puede administrar un apagón. Lo que no puede administrar indefinidamente es la oscuridad de la confianza ciudadana.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
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