Oaxaca de Juárez, Oax.- A nueve meses de la entrada en vigor obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), especialistas y operadores del sistema judicial advirtieron que Oaxaca enfrenta importantes desafíos para garantizar una implementación efectiva de este nuevo modelo de justicia.
Durante el Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación?”, realizado en la capital oaxaqueña, el presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF en el estado, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, reconoció que persisten rezagos en infraestructura, conectividad y acceso a la justicia para comunidades indígenas.
Entre las principales preocupaciones expuestas destacó la falta de salas de oralidad civil y familiar, indispensables para operar el nuevo sistema, así como las limitaciones en conectividad digital que dificultan la implementación de una justicia moderna basada en herramientas tecnológicas. El magistrado señaló que estos desafíos deben atenderse antes de la entrada en vigor del Código, prevista para el 1 de abril de 2027.
Díaz Carranza también advirtió que uno de los mayores retos será garantizar el acceso efectivo a la justicia para los pueblos indígenas, considerando que la aplicación del nuevo modelo debe reconocer la diversidad cultural y respetar los sistemas normativos internos de las comunidades, evitando que la justicia formal desconozca sus formas tradicionales de resolución de conflictos.
El foro reunió a magistrados, legisladores, académicos, abogados y especialistas de distintas entidades del país para analizar los retos que implica la transición hacia el nuevo Código Nacional, considerado una de las reformas más importantes en materia de justicia cotidiana al regular procedimientos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, custodias, sucesiones, contratos, patrimonio y otros asuntos civiles y familiares.
Aunque el Poder Judicial de Oaxaca aseguró que existe un avance importante en la capacitación de jueces, personal jurisdiccional y litigantes, el magistrado reconoció que el éxito de la reforma dependerá de la asignación de recursos suficientes para construir infraestructura, equipar juzgados e implementar herramientas digitales que permitan desarrollar audiencias orales en todo el estado. Para ello, se contempla iniciar con planes piloto y una aplicación gradual del nuevo sistema.
Las advertencias planteadas durante el encuentro reflejan la preocupación de diversos sectores jurídicos sobre la capacidad de entidades como Oaxaca para cumplir con los plazos establecidos, en un contexto donde persisten limitaciones presupuestales y grandes desigualdades en el acceso a los servicios de justicia, especialmente en las regiones indígenas y rurales del estado.
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