Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Los accidentes y los de manera benévola llamados incidentes que durante los últimos cuatro años han ocurrido cada vez con mayor frecuencia en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México, invitan a las siguientes reflexiones. En el caso de la pandemia no se trató de accidentes ni incidentes sino de una política pública de salud definida por el gobierno federal actual, la que trajo como consecuencia los resultados de todos conocidos. Por cuanto al caso de la atención médica en hospitales del sector público, todos tenemos una referencia personal o de un familiar o de un amigo cercano o de un vecino que no ha podido ser atendido o al que se le han pospuesto las fechas para su atención médica por falta de insumos. Resulta increíble escuchar que en oficinas públicas no hay papel para realizar determinados trámites.
El argumento habitual de justificación de tales carencias es la austeridad, como una respuesta o política pública deliberada, oportuna, necesaria e idónea. En realidad, sucede que hay restricciones presupuestales para financiar otras opciones de inversión y gasto públicos; aunque a veces también hay subejercicios presupuestales, dinero presupuestado que no se gasta porque este ahorro del ahorro permite financiar otras opciones prioritarias o preferidas. Se trata, en suma, de hechos incontrovertibles como ahora aparece en el caso del accidente más reciente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México, que deben ser enmarcados en un contexto más amplio que nos permita sacar algunas conclusiones orientadoras de nuestra conducta individual y en el seno de la colectividad organizada en la que vivimos.
Supongo que cada una de las y los amables lectores de estas líneas habita en un domicilio que, al igual que para preservar su propia salud corporal personal, requiere de una serie de gastos de mantenimiento preventivo a veces y correctivo otras. Supongo también que usted amable lector(a) está acostumbrado(a) a pagar habitualmente los servicios de telefonía, luz eléctrica y todos los demás que son indispensables para el funcionamiento normal del lugar que habita. De la misma manera que si por cuanto a su salud corporal tiene alguna molestia o dolor de inmediato se atiende para que una u otro desaparezcan lo antes posible y su salud quede restablecida totalmente.
Supongo igualmente que por mayores que sean sus propósitos de optimización de sus ingresos, lo cual seguramente le impone restricciones o austeridad en el gasto de determinados rubros, por lo menos estos dos rubros a que me he referido, habitación y salud, no pueden ser eliminados como conceptos de gasto en los que necesariamente se debe incurrir. Sin duda hay otros rubros de gasto igualmente indispensables, la alimentación o la educación, por ejemplo, pero para efecto de la comparación a la que deseo llegar creo que es suficiente con los dos ya mencionados.
Vienen al caso estas suposiciones si se desea comparar la forma de asignar prioridades en el caso del gasto personal, personalísimo diría yo, y el gasto público. En uno y otro ámbito hay rubros de gasto que tienen la mayor importancia y respecto de los cuales no es posible escatimar esfuerzos para conseguir que queden satisfechas las necesidades correspondientes. La asignación de prioridades de gasto personal sin duda está definida por nuestras preferencias, pero sobre éstas prevalecen nuestras necesidades como en los ejemplos con los que he iniciado estas páginas.
En el caso del gasto público, es decir, del gasto gubernamental financiado con el dinero de los contribuyentes, sea pagado de manera inmediata o mediata -la deuda pública se tiene que pagar algún día o por lo menos los intereses que causa-, pero siempre por ellos y solo por ellos, es decir, nosotros los contribuyentes; en dicho gasto público, teóricamente preferencias opcionales y necesidades evidentes se deberían combinar igualmente.
Cada uno de los usuarios de los servicios públicos que como parte de sus obligaciones ofrece un gobierno federal, estatal o municipal tiene una experiencia respecto de la oportunidad, costo y calidad de los servicios recibidos. Como éstos son muy numerosos y su evaluación y percepción de costo, eficacia y eficiencia está sujeta a las circunstancias personales de cada usuario, la aprobación o desaprobación está sujeta a su vez a una combinación entre la calidad de los servicios y las circunstancias personales del usuario.
Puede haber incluso otros factores internos y externos al usuario. Uno de ellos es sin duda su identificación ideológico-política o simplemente partidista con el gobierno de que se trate. Esto le permitirá justificar deficiencias y aprobar con mayor facilidad cuando aparentemente su calificación debiera ser reprobatoria o bien que suceda exactamente lo contrario, esto es que de manera habitual repruebe acciones cuyo mérito debería hacerlas aprobatorias.
Entre los factores externos creo oportuno identificar la propaganda gubernamental sobre la utilidad, pertinencia o idoneidad de sus propias acciones. Difícilmente las personas pueden permanecer ajenas al bombardeo publicitario, sobre todo si éste es gubernamental, para orientar sus preferencias personales y definir sus decisiones de cualquier tipo sobre todo en materia electoral y partidista.
Para concluir regreso a los ejemplos iniciales para formular la siguiente interrogación: ¿qué es necesario para que ocurra un cambio de percepción y de preferencias por parte del gobernado o administrado respecto de la autoridad administrativa o gobernante responsable de la prestación de los servicios públicos cuya calidad se deteriora?
Los diferentes factores expuestos nos muestran la dificultad de un cambio súbito. No es fácil que las personas cambien de religión, de partido político o de marca en el caso de los productos que consumen habitualmente. Cuando hay afinidad y motivos para retroalimentarlas y fortalecerlas difícilmente la percepción y evaluación consecuentes pueden cambiar. Se requiere de muchos resultados negativos o de muchos positivos, según la posición en la que se encuentre el evaluador u observador interesado, para lograr un cambio de percepción o calificación en sentido opuesto.
Si analizamos estos datos desde la perspectiva del macrosistema de evaluación de la ética y la gestión públicas los indicadores se multiplican. Por fortuna, en un sistema político democrático existe siempre alguien que desde la oposición sabe de la necesidad de agotar los elementos de análisis para mostrar las debilidades y defectos de su adversario, de hecho, su trabajo es encargarse de ello. Por esto es que se dice que la oposición gobierna oponiéndose. Pero puesto que la oposición tampoco es una unidad homogénea sino una diversidad de objetivos, metas e intereses de numerosas personas y organizaciones políticas, los acuerdos, presiones, amenazas y alianzas pueden darse en todos los sentidos.
Concluyo estas reflexiones refiriéndome a la intención de voto de los electores de responsables de cargos públicos, entendida como una calificación del desempeño de los administradores y gobernantes. Como ya lo he señalado, es una calificación que se da en el contexto de una adhesión ideológico-política o partidista y de una simpatía, afinidad o franca adhesión a un liderazgo carismático del que se ensalzan o aprueban todas las conductas, ¿hasta cuándo? Reitero, ¿qué es necesario que suceda para que el elector promedio cambie su preferencia? Me parece que aquí reside la principal dificultad pues los seres humanos no somos muy dados a reconocer que nos equivocamos. Justificar al líder carismático en sus resultados y omisiones o francos errores es una manera de justificarse uno mismo, si es que optó antes por apoyarlo.
Luego entonces hay un largo camino de pedagogía social y política de los opositores para lograr un cambio de percepción e intención de voto de los electores promedio o bien una serie incontrovertible de catástrofes que afecten la estabilidad económica y social en la vida diaria de dichos electores promedio. ¿Cuál de ambas alternativas resulta preferible? ¿Puede haber otras para lograr resultados electorales en uno u otro sentido?
Ciudad de México, 10 de enero de 2023.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (España) y en Regímenes Políticos Comparados (EUA); Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México; licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; autor de libros de derecho público, privado y social.
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