Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Los partidos políticos de oposición han optado por jugar con el presidente en funciones y su 4T esa lucha de vencidas que es la lucha por el poder con las reglas del juego bien conocidas por ellos, las reglas de la democracia representativa. Sin embargo, desde 2014 están ya anotadas en la Constitución, también, las reglas de juego de la democracia participativa; reglas en las que un líder político carismático y con una amplia base electoral de apoyo lleva las de ganar. Es por ello que, en 2019, en cuanto se pudo y como se pudo, el gobierno de la 4T y su mayoría legislativa propusieron y agregaron a la Constitución nuevas reglas para la consulta popular y la revocación de mandato, ahora, nada menos, que del propio presidente de la república.
Para que no quedara duda de que esa consulta sobre la revocación del mandato presidencial se le aplicaría al propio presidente en funciones, el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma correspondiente estableció las reglas específicas para este proceso electoral que, desde luego, ya se presentó, y en eso estamos en este preciso momento. Como la reforma también incluyó la eventual revocación de los titulares de los ejecutivos locales, el artículo sexto transitorio del mismo decreto también especificó que igualmente aplica a los que hubieran iniciado el encargo ya durante el inicio de la vigencia de dichas normas. Pero que yo sepa, ninguno o ninguna ha dicho esta boca es mía -ni gobernador(a) ni jefa de gobierno-, por lo que los ciudadanos ávidos de evaluar a sus ejecutivos locales se quedarán con las ganas, al menos por el momento.
En otras palabras, por disposición constitucional expresa se aplica el principio de retroactividad de la ley, por si alguien después, justo como ahora sucede por lo pronto y con frecuencia en redes sociales, saliera en defensa de este principio de derecho. A mayor abundamiento, y sin que hiciera falta, vale la pena recordar que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada en su jurisprudencia que las reformas a la Constitución no pueden ser inconstitucionales, salvo por cuestiones de procedimiento. Por ejemplo, que un candidato presidencial o un presidente electo hubiera presentado la iniciativa, como en su momento lo hizo el general Álvaro Obregón que hasta tres iniciativas presentó y que yo sepa le fueron aprobadas las tres -muy útiles todas a quienes sucesivamente han ocupado la presidencia hasta el día de hoy-; lejano precedente de otro titular del ejecutivo federal, éste un presidente electo que suspendió la construcción de un aeropuerto en obra negra -asunto respecto del cual seguramente algún día habrá jurisprudencia firme que lo prohíba-.
Así es que en su parte sustantiva todas las reformas constitucionales son válidas y vigentes; tal es el caso de la revocación de mandato promovida por el presidente de la república y su mayoría legislativa para promover la consulta popular y la jornada electoral sobre la revocación de su propio mandato. Cuando éste la promovió, los partidos políticos de oposición creyeron que después de la victoria aplastante en 2018 del presidente ahora en funciones, lo que quería era estar en la boleta en las elecciones legislativas intermedias de 2021 -sin duda que sí pero no era lo principal-. De tal forma que la victoria pírrica de sus opositores consistió en separar las fechas de ambas jornadas electorales. El cálculo no fue malo, gracias a eso los partidos opositores ganaron más votos y curules el año pasado en las elecciones legislativas federales, pero digo que la victoria fue pírrica por lo que veremos en seguida.
Las reglas de la democracia participativa le vienen como anillo al dedo a un líder político carismático, populista pues, con amplio respaldo del electorado o por lo menos con un segmento de éste que le sea fiel, como ya se ha dicho. Si a esto le agrega usted que dicho líder carismático, o populista, tiene a su disposición la maquinaria gubernamental para movilizar a sus bases para apoyar cualquier consigna, pues le resultará fácil considerar que, por cuanto a la negociación para conseguir en su momento la aprobación de la revocación, incluso en fechas distintas, de toda forma salió ganando el promotor de la iniciativa.
Poco importa que a la primera consulta popular promovida conforme a la ley de la materia hayan acudido muy pocos electores, apenas el 7% del total de los inscritos en la lista nominal de electores. Es natural que haya ido poca gente a votar porque es un procedimiento electoral totalmente nuevo en la costumbre ciudadana, donde habitualmente casi la mitad nunca vota -pues tiene otras preocupaciones, como conseguir alimentos-. Pero también es nuevo en la conducta de los dirigentes partidistas de oposición. Por lo que, al negociar con sus reglas tradicionales para la democracia representativa, les fue imposible vislumbrar, ni de lejos, la hecatombe que se les venía encima en un proceso electoral de la democracia participativa.
Pues poco importa, también, que se requiera la asistencia de al menos el 40% de la lista nominal de electores para que la revocación sea obligatoria, toda vez que ni de lejos van a llegar a votar los 37 millones que se requieren -y si son más votos por la ratificación, tampoco importa-. Menos aún si a la primera consulta apenas fueron apenas 6.6 millones de votantes en total, aunque el 98% de ellos hayan contestado que sí a la pregunta formulada -que bien a bien nadie entendió-. Desde luego que estos cálculos corresponden a la lógica de la democracia representativa, pero en la democracia participativa los que pesan son otros datos. Importa la cortina de humo sobre los grandes problemas nacionales; importa la campaña electoral permanente; el debate sobre nimiedades que distraen a los electores. Pero, sobre todo, importa el empoderamiento mediático del líder populista que encuentra en la discusión que levanta una cierta forma de legitimación de su acción política, al menos según él y sus seguidores. Solamente hay que ver la propaganda a favor de que en lugar de revocación el presidente siga muchos años más.
Nada importa si va poca gente a votar el 10 de abril. Poco importa también si la diferencia entre los que voten por la ratificación y por la revocación sea menor de diez puntos porcentuales, o los que sean. El presidente en funciones ya perdió una elección presidencial por menos de un cuarto de punto porcentual, pero gracias a su discurso reiterado 30 millones de electores le creyeron que se había cometido un fraude en su contra y, en 2018, votaron a su favor para reivindicarlo y compensarlo. Además, según las cifras del año pasado en las elecciones legislativas, todavía le quedan 21 millones de creyentes, aunque desde luego tampoco crea usted que todos éstos van a molestarse en ir a votar. Con mucho menos de esos 21 millones alcanza para “legitimar” la prolongación del mandato.
Puesto a horcajadas entre la lógica de la democracia representativa y la lógica de la democracia participativa, un líder populista obtiene el mayor provecho de ambas, insisto. Pues, entre tanto, sabe bien que sus opositores y críticos no aciertan a seguir el mismo hábil juego político hacia adelante. Precisamente por eso es que se abstienen de movilizar a sus bases partidistas llamándolas a votar a favor de la revocación de su interlocutor, el presidente de la república. Ciertamente, la ley y una sentencia de la Suprema Corte se los prohíbe. Pero también se lo prohíben al gobierno y a los partidos de la coalición gobernante, todos los cuales, encabezados por el propio presidente de la república y su secretario de Gobernación, andan en campaña abierta para conseguir votos a favor de la ratificación; por la sencilla razón de que no hay ninguna sanción, ni administrativa ni penal, prevista en ningún lado.
Seguramente a palacio nacional llegan todos los días los resultados de las encuestas que por todo el territorio del país levantan los encargados de esta tarea. Así es que con la tranquilidad de saber que va a ganar por amplio margen, el presidente empezó ya a anunciar por pedacitos el contenido de su reforma electoral. De lo poco anunciado, es claro que se trata de una regresión democrática total de la que ni siquiera vale la pena entrar en explicaciones y detalles por ahora; sin duda habrá tiempo después, aunque solo para efectos académicos pues para entonces ya estará aprobada.
También ya anunció, con plena confianza, que la reforma constitucional en materia de energía eléctrica será aprobada unos días después del 10 de abril, creo que ya hasta dijeron que el día 15 de abril. A lo mejor le agregan algunas cosas que aparecieron en los foros de consulta convocados, por ejemplo, esa declaración rimbombante de que tener luz eléctrica en nuestras casas es un derecho humano. O que las comunidades originarias sean consultadas y participen de los beneficios de los molinos de viento que implantados en sus tierras generen energía eólica -aunque esa disposición ya esté en instrumentos internacionales y nunca se cumpla, como ahora con el Tren Maya-. Va a servir para muy poco, entonces, que este flamante nuevo derecho humano esté reconocido en la Constitución si no hay inversión suficiente para satisfacer la demanda de energía. Los enviados del gobierno de los Estados Unidos de América ya hicieron la advertencia y la respuesta, con los sucesivos desmentidos de uno y otro lado, quedan para la historia de nuestras relaciones bilaterales.
Una vez más, el presidente de la república jugó con habilidad el ardid a todos los partidos políticos que son sus opositores, ahora con el gambito de la jornada electoral por la revocación; al igual que con los enviados americanos en el caso de la integración de un grupo de trabajo para analizar la reforma eléctrica. Los líderes de opinión cercanos o identificados con los partidos políticos de oposición se dedican afanosamente a promover la abstención, para hacerle un gran vacío al presidente que éste ya llenó desde antes. El albazo legislativo para sacar adelante la reforma eléctrica -y luego la electoral y luego la de la Guardia Nacional- será la respuesta a los enviados del gobierno del país que es nuestro socio comercial en el T-MEC, y a sus opositores. Mis suposiciones, aunque fundadas en antecedentes que todos conocen, pero no quieren ver, pueden parecer temerarias. Sin embargo, no va a pasar mucha agua debajo de los puentes antes de saber si estoy equivocado. Sinceramente, deseo estar equivocado.
Ciudad de México, 4 de abril de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México) y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EUA); Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México).
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