El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, el presidente de la Comisión de Salud Emmanuel Reyes Carmona (Morena) y la diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) presentaron una iniciativa que plantea que en el momento en que un ser humano haya perdido la vida de manera natural, accidental o por la comisión de un presunto hecho delictivo, debe tener garantizada legalmente la dignidad humana póstuma y ésta puede ser reclamada por sus deudos: cónyuge, hijos, padres o familiar inmediato
En Tribuna, Piñón Rivera destacó que en su propuesta de modificación a los artículos 22 del Código Civil federal; 4 y 5 de la Ley General de Víctimas y 462 de la Ley General de Salud, explicaron los legisladores priistas, se derivan derechos y obligaciones en el tratamiento de los cadáveres y componentes histopatológicos.
Entre otras cosas, ejemplificó, al que difunda contenido gráfico explícito de personas sin vida, sin el consentimiento expreso de su cónyuge, hijos, padres o familiares inmediatos, serán castigados hasta con 17 años de prisión.
En entrevista inmediata a la presentación de la iniciativa, el diputado Moreira argumentó que el Estado mexicano debe garantizar ese “derecho al luto” a cualquier deudo, con base a normar lo que ya se ha denominado como “dignidad humana póstuma”, que beneficia a los dolientes por el trato respetuoso que se le concede al cadáver.
“Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración”, comentó.
Piñón Rivera reconoció que esta propuesta requiere reformas a diversas leyes para el reconocimiento de derechos póstumos, imprescriptibles, que trascienden a la autonomía individual y que representan aspiraciones éticas y prerrogativas generales.
Además, mencionó que estos cambios conllevan esfuerzos desde la criminalística, las ciencias forenses y el Derecho en general.
Por su parte el diputado Emmanuel Reyes afirmó que la dignidad póstuma debe ser garantizada legalmente, ya que preserva la salud mental de los deudos que sufren el impacto de la muerte de su familiar o amigo y como una condición para evitar que experimenten consecuencias post traumáticas que redunden en secuelas graves de angustia, miedo y depresión.
Además enfatizaron que, en el marco de la crisis sanitaria mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países a respetar y garantizar los derechos de familiares de las personas fallecidas por la pandemia, con sus ritos mortuorios de manera adecuada a las circunstancias y, con ello, contribuir a la preservación de su memoria y homenaje.
En su exposición en tribuna, Lorena Piñón destacó que el Estado mexicano reconoce el derecho al trato digno y respetuoso al cadáver, como condiciones imperativas que trascienden la existencia del ser humano, porque, resaltaron, “los muertos han sido concebidos como portadores de al menos un derecho humano residual: el derecho humano a la dignidad”.
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