El mismo día que gobierno y oposición ciudadana regresaban a la mesa de negociación en Managua, Daniel Ortega ha decidido liberar a más de un centenar de presos políticos que llevaban meses detenidos por el mero hecho de participar en protestas. Y lo ha hecho a su manera, sin informar previamente sobre cuáles de los 780 que están tras las rejas volverían a sus hogares, ni dar una cifra exacta. Ese hecho generó enorme confusión entre las familias, apostadas desde primeras horas de este miércoles en los alrededores de los centros penitenciarios.
Aguardaban a que el régimen sandinista dejara en libertad a la totalidad los reos, como un gesto conciliador necesario ante la reanudación de las negociaciones del régimen con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), compuesta por estudiantes, empresarios, campesinos y organizaciones sociales. La primera reunión, a puerta cerrada, ha comenzado hoy por la mañana.
Los familiares que se encontraban a las puertas de La Modelo han visto pasar varios microbuses del Sistema Penitenciario Nacional, que no se detuvieron, de los que se asomaban internos que gritaban “Nicaragua Libre”, “Libertad para todos”. Algunas mujeres y hombres corrieron tras ellos para intentar reconocer a sus seres queridos entre los pasajeros, mientras otros les seguían en moto, al igual que hicieron los periodistas. En esos momentos inciertos comenzaron a circular mensajes en redes sociales de si los conducían a la Catedral, a la Corte Suprema o los juzgados. Incluso los más escépticos comentaban que podría tratarse de una de tantas cortinas de humo del sandinismo para ensombrecer los diálogos.
“De La Esperanza salieron mujeres”, escribía una testigo, suponiendo que se trataba de presas políticas “porque llevaban pulseras azules y blancas”, el símbolo de la Unidad Cívica. “Lo hacen así para sembrar la división entre nosotros, es la humillación y zozobra a la que nos someten a las familias, y es una burla al pueblo”, le dice Brenda Gutiérrez, líder del “Comité de presos políticos”, a EL MUNDO en entrevista telefónica. “Los sacaron en grupo y no se sabe quienes son. Unos familiares esperan en sus casas por si el preso liberado es el suyo. Yo me muevo monitoreando de un lugar a otro”.
Lo que sabía cuando al mediodía habló con este diario (18 horas en la Península) es que su hijo Rodrigo Espinosa, de 21 años, apresado el 11 de julio, seguía encarcelado en el Infiernillo, junto a otros 23. “Se nos habían dicho que serían 100, y esta mañana que 250. En las cárceles han hecho cadenas humanas para que no salieran ninguno si no eran todos”.
Y es cierto que los internos habían manifestado que sólo aceptarían abandonar los penales si regresaban la totalidad de los 780 a sus casas, puesto que son igual de inocentes y ninguno merece estar preso. “Son muy valientes, unidos, un orgullo para Nicaragua”, decía emocionada Gutiérrez. Cree que para convencerles, les habrían asegurado que aceptaban esa exigencia.
“Seguiremos la presión si no cumplen porque, si quieren llevar a cabo el diálogo, tienen que liberarlos a todos, no se puede quedar ninguno, incluidos los ya condenados, como Menardo Mairena (líder campesino)”, anotó Brenda Gutiérrez.
En el transcurso de las horas fueron enterándose de que iban dejándoles, uno a uno, en sus domicilios, y que mientras a una parte les otorgaban la libertad sin cargos, otros seguían vinculados al proceso con la figura de “casa por cárcel”.
Brenda confía en que en la mesa de diálogo, que comenzará discutiendo la metodología que seguirán a partir de ahora, impongan la condición sine qua non de sacarlos a todos de inmediato, así como retirarles los cargos.
Nicaragua está sumida en una honda crisis política, económica y social desde abril del 2018. La fuerte represión de las protestas sociales por parte del régimen Ortega-Rosario Murillo, causaron más de cuatrocientos muertos, cientos de presos y exiliados políticos, y el retorno a costumbre políticas propias de los tiempos dictatoriales del pasado.
con información de el mundo
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