La periodista filipina Maria Ressa, directora del portal Rappler, quedó hoy en libertad con el pago de una fianza unos 1.900 dólares (1.700 euros) tras pasar la noche detenida al ser acusada de difamación cibernética por un artículo publicado en 2012.
“El mensaje es claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma. Han cruzado otra línea roja, pero si quieren asustarme, ésta no es la manera”, aseguró hoy Ressa a los medios cuando se dirigía al juzgado para pagar la fianza.
Ressa, elegida persona del año según la revista Time- estaba ayer en su despacho de Rappler -un portal muy crítico con la gestión del presidente Rodrigo Duterte- cuando Agentes de la Oficina Nacional de Investigación irrumpieron en la redacción para entregar en mano la orden de arresto a la periodista, que se entregó voluntariamente.
Aunque la orden fue firmada por un juez el martes 12, las autoridades le entregaron el documento el miércoles 13 a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los tribunales estaban a punto de cerrar, para impedir el pago de la fianza, denunció su entorno.
Después un tribunal de guardia desestimó el pago de la fianza, por lo que Ressa tuvo que pasar la noche detenida.
El Departamento de Justicia presentó cargos de “difamación cibernética”contra Rappler, Ressa -como directora del medio- y el periodista Reynaldo Santos, por una historia publicada es ese medio digital en mayo de 2012 sobre el empresario Wilfredo Keng. Por el momento no se ha emitido ninguna orden de arresto sobre Santos, periodista de investigación que ya no trabaja en Rappler.
Tres fiscales del Departamento de Justicia fallaron el mes pasado a favor de Keng, que en octubre de 2017 presentó una denuncia por el reportaje de investigación de Rappler, en el que se le vinculaba con el tráfico de drogas y de personas.
Keng presentó su queja cinco años después de su publicación ante la División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación, que desestimó el caso en febrero de 2018 por falta de base y porque ya había pasado el plazo de un año para interponer una denuncia por difamación.
Pero el Departamento de Justicia reabrió el caso en marzo de 2018 basándose en la tesis de la “publicación continua” porque el reportaje sigue en la red.
Sin embargo, la ley de delitos cibernéticos con la que se le acusa entró en vigor cuatro meses después de su publicación y no tiene carácter retroactivo, según el abogado de Ressa, JJ Risini.
Éste no es el único proceso judicial que enfrenta Ressa en estos momentos, ya que el pasado noviembre se emitió otra orden de detención por cinco delitos de evasión de impuestos, contra Rappler como empresa y contra ella a título personal.
Ressa eludió la cárcel con el pago de cinco fianzas -la de hoy es la sexta- y el caso está pendiente de juicio, aunque la periodista ha negado esos cargos reiteradamente y denuncia que se trata de una persecución política de la administración de Duterte.
El mandatario no ha ocultado su animadversión hacia Rappler, al que ha acusado de estar financiado por la CIA estadounidense, y llegó a prohibir en febrero de 2018 el acceso al palacio presidencial a los periodistas de ese medio.
Con información de el mundo
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