El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a responder a la medida promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, para prohibir el asilo en ese país, al considerar que coloca a México como tercer país seguro.
En la reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de Frontera Norte, y Frontera Sur, a la que asistió el subsecretario para América Latina y el Caribe, de la SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga, el legislador señaló que “hoy el presidente Trump planteó la prohibición de asilo; así le llaman a otras categorías legales en Estados Unidos, por ejemplo, a personas que hayan ingresado de otro país a México”.
Lo anterior, dijo, significa ser tercer país seguro, no de hecho sino de derecho. “Hace semanas, meses, la SRE dijo aquí, en esta Cámara, en la Permanente, que no aceptaríamos el principio de tercer país, pero hoy se consuma. Es la primera cosa a la que tenemos que responder”.
Recordó que nuestra Constitución, en su artículo 11 refiere categóricamente que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes”. El legislador subrayó que si esto no se acata es, simplemente, violatorio de la Carta Magna y “mucho me temo que nos estemos inclinando a una política contraria”.
“En cuanto diputado, no solamente presidente de la Cámara y del Congreso de la Unión, yo juré hacer cumplir la Constitución y lo voy a hacer con todas las fuerzas a mi alcance, así sea contra las decisiones que se tomen por cualquier ámbito del poder público mexicano”, apuntó.
Agregó que existe también la madre de todas las decisiones que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, así como la declaración de los derechos del hombre. “Dice textualmente que toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”.
Estimó que “no se está cumpliendo nada de lo que está escrito en el papel; tengo datos duros en el sentido del hacinamiento de los migrantes, de los mexicanos, parecen cuevas, está en redes ya, hay una foto de Auschwitz -campo concentración nazi- y de los campos que se están poniendo en México; eso son los hechos”.
Muñoz Ledo refirió, por otro lado, que los migrantes que llegan del sur tienen la condición de refugiados, sería muy difícil encontrar alguien que no la tuviera, porque migrante es cualquiera, “como el que toma un jet, hay migrantes de American Express, eso no es el caso, el caso es que son refugiados; es decir, son personas que salen de su país de origen por una situación económica, política o militar forzada y cruza otra frontera”.
Recordó que es vigente el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que autoriza el libre tránsito de navíos, buques, embarcaciones y personas. “Nada más lo digo por si se necesita una acción ante la Corte, si tuviéramos ganas, claro, o la decisión política de hacerlo, que no la hemos tenido hasta hoy”.
Indicó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no ha crecido y una de las soluciones parciales, si se quiere, es el crecimiento de Comar y de sus facultades. Es relevante también el apoyo de Naciones Unidas y de la Cepal.
Consideró que todas las autoridades mexicanas “estamos, primero que nada, obligadas por la Constitución, y nosotros como presidencia de la Mesa Directiva, en contra de toda acción de detención de migrantes en territorio mexicano y voy a traer la próxima vez datos duros”.
Además, dijo, hay confusión porque esto es competencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero esa dependencia ha cambiado el rostro del Instituto de Migración, al que se le ha ordenado tener procedimientos carcelarios. “Tenemos claramente que el enclave en la Segob tiene procedimientos carcelarios y ha militarizado el tema de los migrantes”.
En otro momento, Muñoz Ledo expresó que hace aproximadamente 25 años se oyen los mismos planes: el plan Puebla-Panamá, también de la Iniciativa Mérida, apoyos que han consistido en etiquetar recursos al sureste del país, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, para conectividad e infraestructura, que ha funcionado a muy pequeña escala e incentivos para la inversión mexicana y estadounidense para Centroamérica.
Otro punto relevante, precisó, es saber qué están haciendo los compañeros cónsules y consulesas, como procuradores, porque son 50 consulados mexicanos los que existen, el mayor número de agentes consulares que ningún país tiene en otro sobre la Tierra.
El legislador apuntó que “nosotros habíamos sido beneficiados de las ciudades refugio de Estados Unidos. Yo estoy pidiendo ahora a Estados Unidos, quizá la tenga mañana, una lista de cuántas ciudades quedaron como ciudad refugio. Son cuando menos seis o siete”. La propuesta es que México también cuente con ese tipo de ciudades, por ejemplo, en Tapachula, que Oaxaca y tal vez que Saltillo”.
El gran tema, subrayó, son los polleros, es un asunto que interesa por igual a todos los países, y de sobremanera a los norteamericanos, fundamentalmente al Congreso, y nos debe interesar en especial.
Añadió que las investigaciones que conozco dicen que no son un brazo del crimen organizado, sino que son el crimen organizado; entonces, hay materia de seguridad nacional. “Ojalá podamos tener una reunión para algo que no es competencia de la Secretaría de Relaciones, pero que incide enormemente”.
“Tenemos que evitar que nos pongan en una jaula. Ya lo dijo en varias ocasiones el presidente Trump, México está en una jaula migratoria. Ya antes nos presionó para que lo hiciéramos y se jactó de que nos presionaron. Ahora dice que ya nos presionó, que ya tiene la jaula, y ahora se jacta de que ganó”.
Muñoz Ledo enfatizó que es fundamental conocer los acuerdos a los que se llegaron, de lo contrario se convierte en un campo minado, por lo que la Cámara de Diputados debe exigir que se publique para saber “por dónde caminamos”.
Reiteró que Estados Unidos hizo que México cediera a su chantaje por el tema de los aranceles; es decir, nos pusieron un puñal en el cuello; sin embargo, argumentó que el país también puede poner impuestos; por ejemplo, a la venta de armas, “aunque muchas son ilegales, ahí hay una labor aduanera y de seguridad”.
Subrayó que “no se vale pagar aranceles con migrantes; es decir, carne humana por una medida económica. Decir y aceptar que nos chantajearon en economía y expresar que estamos mejor en migración, simplemente carece de sentido; nos apretaron una cosa para que cediéramos a la otra”.
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, afirmó que ante un panorama internacional donde los discursos de odio contra la migración están renaciendo, el gobierno de México encabeza esfuerzos mundiales para que sea ordenada, segura, regular y con pleno respeto a los derechos humanos.
Indicó que los flujos migratorios que cruzan la frontera sur provocan una grave crisis humanitaria que ha impactado la región en el ámbito internacional. “Los medios de comunicación nos lo recuerdan con imágenes de familias separadas, menores de edad no acompañados o padres e hijos, incluso perdiendo la vida, buscando un mejor futuro”.
La xenofobia de los discursos electorales en el país del norte, expuso, genera que la política migratoria de México deje de ser un tema nacional para colocarse en el centro de la exterior. Ante tal coyuntura, el gobierno decidió tener una respuesta digna y progresista: promover el desarrollo y la calidad de vida en los lugares de origen de la migración; es decir, invertir en oportunidades y no en muros.
Con el Plan de Desarrollo de Centroamérica, elaborado durante diez meses bajo el apoyo técnico y académico de la Cepal y con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, se aborda la complejidad del tema migratorio, desde un enfoque distinto, el cual favorece el desarrollo, genera oportunidades y mejora la calidad de vida de las poblaciones. “México está del lado correcto de la historia: apuesta por el desarrollo y no por la contención”.
Reyes Zúñiga precisó que, si bien hay una larga lista de esfuerzos internacionales que no han logrado promover el desarrollo en Centroamérica, “esa no es una razón para dejar de intentarlo. Cada menor no acompañado que cruza por el país es un crudo y permanente recordatorio del largo y difícil camino que nos espera”.
Esta situación, subrayó, impone una corresponsabilidad histórica a los países de la región para que todas las niñas y los niños nazcan y crezcan con lo necesario a fin de concretar su pleno desarrollo. “Tenemos que lograr que ningún menor quede excluido; cambiemos el paradigma de la cooperación internacional en la región, invirtiendo en el desarrollo, no en las armas, y con una respuesta digna a los tiempos en los que nos encontramos”.
Con este Plan, expuso, el fin es fomentar la prosperidad y mejores oportunidades hacia el sur de México, así como para los países del norte y Centroamérica, a efecto de que la migración sea una opción y no una obligación. Además, adelantó que en próximos días iniciará el Programa Sembrando Vidas en El Salvador. “Esta es la nueva estrategia de enfrentar la migración, rompiendo el paradigma de la seguridad y enfocándose en el desarrollo”.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), expresó que los recientes acontecimientos en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, en donde se coaccionó al Estado mexicano con el alza de aranceles, “nos demuestra que por más complicado que se vea el horizonte nunca se debe perder la voluntad de entablar el diálogo para resolver los desacuerdos”.
La migración, afirmó, en estos momentos es, sin lugar a dudas, un fenómeno que trasciende fronteras, culturas e idiomas; es la forma en la que miles de personas buscan preservar la vida y alcanzar un desarrollo para sus familias. Además, la forma en la que se viene realizando se ha modificado debido a los riesgos que trae consigo, de tal forma que ahora es en las llamadas caravanas.
Esa situación, subrayó, ha obligado a buscar una solución de largo plazo, en donde participen todos los países involucrados, los organismos internacionales y la sociedad civil. Celebró la iniciativa del gobierno para impulsar el plan de desarrollo integral para México, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Precisó que el papel del legislador en la actual coyuntura no puede estar relegado a ser observador, sino a tener una activa participación en las acciones encomendadas a la comisión especial, nombrada por el Presidente de la República.
“Estamos marcando una nueva ruta en la política migratoria de la región; si bien no se puede descuidar la seguridad nacional, tampoco se puede anteponer a los derechos humanos; celebro que sigamos construyendo puentes hacia una migración segura, ordenada y regular”, añadió.
El presidente de la Comisión de Asuntos de Frontera Sur, diputado Eduardo Raúl Bonifaz Moedano (Morena), indicó que se tiene una coyuntura compleja que no había vivido México en muchos años, pero la estrategia del gobierno de la República “propicia el reordenamiento institucional de manera integral”.
Mencionó que la acción de la Federación y de los estados del sureste, poco a poco dará resultados y esa nueva reingeniería intergubernamental se podrá lograr en corto plazo. “Hay muchas urgencias y emergencias en estas coyunturas; convergen intereses distintos y políticas internacionales, no sólo de México, las líneas están establecidas adecuadamente en un plan que permitirá el desarrollo de los países centroamericanos junto con la zona fronteriza sur”.
Destacó el accionar de los consulados mexicanos en Estados Unidos, de tal manera que los connacionales tengan la suficiente y eficaz asesoría para defender sus derechos humanos sustantivos, “parece una nueva forma que los acontecimientos de esta migración excepcional van configurando y que no tendrá reversa”.
Bonifaz Moedano precisó que se generarán mecanismos y nuevas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México para dar cauce a esta dinámica de repoblamiento en ambos territorios de estos países. La misma tendencia, dijo, se presenta en la frontera sur y sus vinculaciones con los países centroamericanos que forman el llamado Triángulo del Norte de esa región, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Pugnó para que este plan adopte modalidades interinstitucionales entre los tres órdenes de gobierno en la zona fronteriza especialmente. “Creemos que esta política puede o no tener resultados inmediatos, pero es consistente y permanente. Ello debe ser motivo de interés para la Cámara de Diputados”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), mencionó que el tema de migración no solamente compete y puede ser atendido por el Ejecutivo federal, sino también desde los otros órdenes de gobierno y poderes.
Pidió conocer los acuerdos que se han asumido con Estados Unidos en relación con el estatus de aquellos centroamericanos que buscan ser refugiados en aquella nación y que transitan o quieren hacerlo por territorio mexicano.
De igual modo, se manifestó por saber del estatus y qué va a suceder con los centroamericanos que estando en el vecino país del norte puedan ser deportados a México en espera de la condición de refugiados en Estados Unidos. “Obviamente, a todos nos interesa la atención en materia de derechos humanos hacia ellos y, de darse esto, en qué fronteras entrarían al país, más o menos cuál es el calendario que hay”.
Sobre el plan de desarrollo con Centroamérica, pidió conocer qué se espera a corto y mediano plazos, y qué tanto el gobierno norteamericano se ha comprometido con esta estrategia “que a mi parecer es importante e interesante. Y si hubiera alguna necesidad legislativa que se pueda adelantar”.
El diputado Óscar Rafael Novella Macías (Morena) expresó que la política exterior del Estado mexicano, debido al temperamento del presidente de Estados Unidos y la dependencia comercial que se tiene de esa nación, consecuencia de políticas públicas fallidas de gobiernos anteriores, “complica la relación”.
Se requiere, dijo, operar con cautela, con apego a derecho y sobre la base de los tratados internacionales. Además, solicitó información de las reasignaciones presupuestales que llevó a cabo hace unas semanas la Secretaría de Gobernación, sobre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Su compañero de bancada, diputado Samuel Herrera Chávez, enfatizó que el asunto migratorio es un elemento de agenda nacional e internacional, de ahí la importancia de conocer el actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Indicó que la estrategia migratoria del gobierno federal pretende garantizar la seguridad de los migrantes centroamericanos con la Guardia Nacional; sin embargo, propuso definir los mecanismos de atención médica en las estaciones y evitar brotes epidemiológicos.
También de Morena, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez solicitó conocer las medidas que se toman para que las niñas y los niños no permanezcan en las estaciones migratorias y de qué manera se garantizan los derechos humanos de las mujeres migrantes.
Carlos Carreón Mejía, diputado del PAN, señaló que, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ha sido el primer país en adoptar el pacto mundial para la migración promovido por la Organización de las Naciones Unidas a fin de garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular, y ha dejado de deportar a cientos de miles de centroamericanos en contraste con el paradigma migratorio de otros gobiernos.
No obstante, dijo, en junio se separan a más de 39 mil migrantes, se deportan a más de 21 mil. En ese sentido, preguntó: ¿cuál realmente es la política migratoria que tiene México?, ¿realmente está estructurada? ¿Si es a los derechos humanos o vamos a estar reaccionando a cada uno de los caprichos que tenga el gobierno de Estados Unidos?
La diputada priista, Mariana Rodríguez Mier y Terán, preguntó por la cifra de personas que serán deportadas por Estados Unidos, cuál será el impacto presupuestal y cuáles fueron los acuerdos en los que sí cedió México.
Además, pidió conocer los apoyos que se dará a los estados fronterizos, en términos de infraestructura y servicios, para enfrentar la presión de incremento de personas, y de qué manera se le dará transparencia y buen uso a los recursos que México invierte en Centroamérica.
De MC, la diputada María Libier González Anaya mencionó que los connacionales que radican en Estados Unidos tienen la sensación de miedo, por lo que preguntó si se está preparado para enfrentar esta situación emergente de deportaciones. “Se debe atender inmediatamente la llegada masiva de connacionales y centroamericanos. Tenemos que diseñar estrategias de transportación y comunicación”.
En respuesta a las interrogantes, el subsecretario indicó que todas las acciones en esta materia se hacen con recursos del gobierno federal. El propósito no es cargar nada en términos económicos a los estados, pero sí incrementar y eficientar la operación de seguridad e intercambio de información, por ser el nivel más cercano a esta situación.
El presupuesto del plan tiene dos fuentes: los fiscales de los países, en el caso de México, el Fondo Yucatán, que ya tiene montos aprobados por dos mil millones de pesos, y la otra fuente, son los que están disponibles para la cooperación internacional establecidos por la propia Agencia Mexicana de Cooperación. “Los cuatro países rendiremos un informe sobre la aplicación de los recursos”.
Negó que haya una asignación extra o que se busque retirar recursos de algún programa social o de salud para fortalecer la capacidad institucional de los involucrados en el tema migrante. Además, aclaró que no hay ningún acuerdo entre Estados Unidos y México. “Las personas que recibimos es por apego restricto a los principios constitucionales y a la visión benefactora; es un drama humanitario y el país no puede apartarse de ello”.
Mencionó que en Estados Unidos hay mil 800 mexicanos con orden definitiva de deportación, que serían los que regresarían inmediatamente al país. “Todavía no tenemos establecidos cuáles serían los puertos de entrada”.
Una de las estrategias del gobierno federal para enfrentar el fenómeno migratorio reciente, explicó, es justamente transferir parte de los apoyos sociales que se tienen en los programas ancla a los migrantes que deseen quedarse en el país.
El gran reto migratorio de México es la dimensión de lo que se enfrenta en este momento, “porque no teníamos la infraestructura, la preparación personal y la capacidad institucional para afrontar estas dimensiones, las cuales se vieron agudizadas a partir de octubre de 2018 por el fenómeno político en los países de origen, que hizo que las migraciones se dieran en caravanas y por factores que alentaron a la migración”.
La lucha del gobierno, precisó, es combatir el tráfico ilícito de personas, ya que el enfoque de seguridad que se venía dando en años anteriores sólo enriquecía los bolsillos de los traficantes de personas, situación de la que todavía no estamos exentos.
Las acciones del gobierno, aseguró, están dentro del marco constitucional, en la Ley de Migración y en todos los demás ordenamientos. Se tiene una visión humanitaria y de derechos humanos. “No encontrarán en este gobierno a la Policía Federal utilizando toletes, escudos o gases lacrimógenos en contra de los migrantes; eso no significa que no luchemos contra el tráfico de personas”.
Reyes Zúñiga puntualizó que actualmente en el país hay 20 mil 839 personas de once nacionalidades en espera de una respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos, y el 50 por ciento se ubica en Baja California.
En el caso de las niñas y niños migrantes, detalló, se busca que su repatriación sea lo más pronto posible; empero, México tiene una limitante, porque si Guatemala, Honduras y El Salvador no los reconocen o no encuentran a sus familiares, los retienen unos días más, por lo que se han implantado actividades lúdicas para la recreación de los menores.
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