La iniciativa busca frenar el encarecimiento del alquiler y mitigar los efectos de la gentrificación en la capital del país.
Ciudad de México.— El Gobierno de la Ciudad de México alista una reforma legal para establecer rentas razonables y viviendas accesibles, en respuesta al incremento sostenido de los precios de alquiler y la presión inmobiliaria en distintas zonas de la capital.
La propuesta, promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contempla una modificación a la Constitución local como paso previo a la creación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que regularía el mercado de arrendamiento.
Entre los ejes centrales del proyecto destaca que los aumentos en las rentas no podrán superar la inflación anual, con el objetivo de evitar incrementos desproporcionados que impacten a las familias que habitan en vivienda rentada.
La iniciativa también plantea:
- Impulsar la construcción de vivienda social y asequible
- Crear un organismo público para regular el mercado y proteger a inquilinos y arrendadores
- Garantizar el derecho al arraigo, con el fin de evitar desplazamientos por gentrificación
- Fortalecer la oferta de vivienda en zonas con alta demanda
De acuerdo con cifras oficiales, cerca de dos millones de personas viven en renta en la capital, mientras que en algunas colonias los precios han registrado aumentos significativos en los últimos años, lo que ha intensificado la preocupación por el acceso a la vivienda.
El fenómeno de la gentrificación, particularmente en zonas céntricas, ha generado el desplazamiento de habitantes hacia la periferia, elevando los costos de traslado y afectando la calidad de vida.
La reforma deberá ser discutida en el Congreso de la Ciudad de México en los próximos meses. De aprobarse, marcaría un precedente en la regulación del mercado inmobiliario en el país, al buscar equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna.
Especialistas consideran que el reto principal será lograr un balance entre regulación y oferta, para evitar efectos adversos como la reducción de propiedades disponibles en renta.
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