La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) promueve exhortar a las secretarías de Salud, Bienestar, Educación Pública, Economía y del Trabajo y Previsión Social para que implanten una estrategia que atienda a hijos de mujeres recluidas en centros penitenciarios de nuestro país.
Asimismo, plantea que realicen acciones para permitir el acceso a Programas de Bienestar a hijos de las madres garantizando lo estipulado por las leyes en la materia, reforzar su atención y acceso a la salud de los menores.
Propone también desarrollar una medida que procure a los menores que viven en condición de internamiento, recibir una educación de calidad y facilitar la validación de los Centros de Desarrollo Infantil.
Además, formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Economía que impulse medidas de apoyo para que las mujeres en condiciones de internamiento, puedan ser capacitadas en materia laboral y les permita generar una fuente de ingresos, a pesar de encontrarse en esta condición.
La legisladora dijo que en México quedan retos por superar y uno de ellos es la situación de mujeres privadas de su libertad y de sus hijas e hijos.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país hay 16 Centros Femeniles Estatales en donde se encuentran tres mil 284 mujeres.
Un Centro Femenil Federal que alberga 4,441 reclusas, y 75 Centros Mixtos donde se localizan 5,264 mujeres, un total de 9,705 mujeres privadas de su libertad, censadas en el 2017. De los 92 centros de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres.
Loya Hernández manifestó que la mayoría de las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al no tener los recursos para poder solventar los gastos que representa su atención.
Dentro de los Centros Penitenciarios son concebidos niñas y niños y cuando las mujeres están por tener al bebé se les brinda atención médica y posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y lactancia.
“Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el centro, vivan con alguno de sus parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplen su condena; también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario”.
La diputada de Movimiento Ciudadano resaltó que las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de derechos, libertades, ni discriminados por ningún motivo; se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral tanto de las madres como de sus hijos.
Expuso que de acuerdo con el estudio publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios, lo que más solicitan es: leche, pañales, servicio médico, medicinas para los niños, alimentos, fuentes de trabajo para las madres, ropa, guarderías, visitas más seguidas y más largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres para las madres, mejor trato de las custodias hacia los menores y apoyo legal.
El mismo estudio indica que el tema de salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicado, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué y otras no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación”.
También, cuando las niñas o los niños se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; 13 por ciento fuera del mismo; 12 por ciento no recibe atención pediátrica; 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera del centro.
El punto de acuerdo, turnado a la Tercera Comisión de la Permanente, manifiesta que es necesario buscar mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias, y que las niñas y niños sean atendidos por medio de una estrategia y esfuerzo que garanticen su infancia.
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