Ciudad de México.- Ante el repunte de casos por la Quinta Ola de Covid-19, el mal manejo del gobierno, el desastre en el sistema de salud provocado por el control político y las decisiones convenientes al gobierno morenista, es necesario que el Consejo de Salubridad General retome sus atribuciones técnicas y autónomas para el manejo de las enfermedades graves con evidencia científica y con criterios de salud pública.
Así lo expresó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tras asegurar que el manejo centralizado de la pandemia por parte de la subsecretaría de Salud, se hizo violando la ley al desplazar al Consejo de Salubridad General en la toma de decisiones, cuando es la autoridad sanitaria reconocida en la Constitución para estos casos.
Las políticas irresponsables de este gobierno, sostuvo, provocaron la desarticulación del Censo de Enfermedades Raras buscando no dar tratamiento a más, además provocaron el desfalco del Fondo de Salud para el Bienestar.
“El manejo de la pandemia fue criminal, los resultados fueron un desastre: entre 2020 y 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado al COVID19 de 626 mil personas, tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud”, destacó Cortés Mendoza.
El líder panista afirmó que desde que nació el INSABI, más mexicanos cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema por hacer frente a gastos extraordinarios y catastróficos para atender la salud de un ser querido.
De los 55 millones de mexicanas y mexicanos antes cubiertos por el Seguro Popular, el INSABI solo atiende a 33 millones, es decir, más de 20 millones de mexicanos están completamente desamparados y la población sin seguridad social sigue creciendo.
Añadió que mientras una gran cantidad de mexicanos enfrentan la falta de atención médica o el desabasto de medicamentos, la Secretaría de Salud federal es incapaz de ejercer de forma eficaz su presupuesto, pues de enero a abril de este año reportó un subejercicio de 18 mil 702 millones de pesos, equivalentes a 31 por ciento.
Cortés Mendoza agregó que una reforma a la Ley General de Salud también debe hacer obligatorias las pruebas de tamiz neonatal ampliado, que permitan el diagnóstico oportuno de 67 enfermedades.
Asimismo, legislar en materia de objeción de conciencia, para que no se criminalice y sancione a los profesionales de salud, que usen su derecho establecido en la Constitución sobre la libertad de conciencia cuando por esa razón no deseen participar en algún procedimiento.
Finalmente, se deben legislar para garantizar los cuidados paliativos para los enfermos terminales, buscando que pasen sus últimos días con el menor dolor y sufrimiento posible.
Con información de CEN PAN
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