Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
El 10 de junio es una fecha que recuerdo claramente por tres hechos ocurridos ese día, aunque en diferentes años: 1971, 2011 y 2021. Las razones para que quien lea estas páginas tampoco olvide ese día quedan a su consideración, pues puede haber otras muchas además de las que en seguida reseño.
En junio de 1971 cursaba el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Ciudad Universitaria, en el turno vespertino. Por la mañana, trabajaba en una empresa editorial propiedad de un periodista oaxaqueño, antiguo colaborador del periódico Excelsior, don Octavio Colmenares Vargas; uno de los muchos oaxaqueños que han sido mis benefactores, de entre las muchas personas más que además de mis benefactores también han sido mi ejemplo.
El 10 de junio de 1971, una manifestación de estudiantes tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Instituto Politécnico Nacional, en apoyo a demandas universitarias de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León de las que hasta ahora me entero (y con las que desde luego no coincido: el gobierno universitario paritario), fue reprimida de manera violenta por un grupo paramilitar -de esos que nunca faltan y menos sobran- mejor conocido como “Los Halcones”; cuando iniciaban su recorrido cerca de la estación Normal del sistema de transporte colectivo, Metro, para dirigirse al centro de la Ciudad de México, entonces llamado Distrito Federal.
En esa época se acostumbraba el sacrificio de algún personaje político importante para calmar las protestas por algún hecho que incomodara a la opinión pública; se trataba, ya desde antes, de la famosa “dictablanda”, como dijo Mario Vargas Llosa un día que Octavio Paz lo invitó a venir a México. Cabe mencionar que, en esos tiempos, no había partidos de oposición cuya actividad preocupara mucho al gobierno en turno y la prensa escrita tenía buen cuidado de no ser insolente con el gobierno, porque había una empresa paraestatal, Productora e Importadora de Papel, S. A. (PIPSA), que simplemente podía dejar de venderles papel si sus noticias resultaban demasiado incómodas. La televisión, que entonces apenas empezaba a impactar en la formación de la opinión pública ya era, como sucede hasta la fecha, un servicio público concesionado a los particulares por el Estado Mexicano, es decir, el gobierno federal; así es que saque usted sus conclusiones sobre cómo debe comportarse la televisión como formadora de opinión pública en una sociedad así como que no muy democrática, como éramos entonces y como todo parece indicar que seguimos siendo ahora. Pues las democracias emergentes siempre son imperfectas y hay mucho que ajustarles.
De tal suerte que el que pagó los platos rotos fue el jefe del Departamento del Distrito Federal, don Alfonso Martínez Domínguez, quien renunció al cargo que ahora se llama Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de no entorpecer las investigaciones sobre su supuesta responsabilidad en esos hechos que costaron varias muertes de jóvenes estudiantes y muchos más heridos. La democracia mexicana se ha fortalecido a tal grado que ante situaciones de este tipo, o más graves, como la tragedia ocurrida recientemente en Tláhuac, no es necesario que los presuntos responsables tengan que renunciar mientras se investiga su, a todas luces, supuesta responsabilidad en los hechos.
En ese presidencialismo autoritario tan arraigado entre nosotros sucedió que el presidente en turno tuvo algunas diferencias con su sucesor, es decir, con la persona a la que dejó en el cargo de presidente de la república, como se acostumbraba entonces. Por lo que, dado ese distanciamiento, una manera de hacerlo evidente dicen que fue rehabilitar políticamente a don Alfonso, conocido también como don Halconso, quien por lo tanto al siguiente sexenio llegó a ser candidato a gobernador del estado de Nuevo León, y obviamente triunfó, aunque nunca había participado en la política local pues toda su carrera burocrática, sindical y política había sido en la hoy Ciudad de México; pero así pasaba en esos tiempos. Político profesional, como los de entonces, o como se entendía entonces que deberían ser los políticos profesionales, don Alfonso acató con disciplina su destino, guardó respetuoso silencio ante la decisión presidencial, pero hasta fue senador de la república pasados varios años después que dejó de ser gobernador.
Las investigaciones que se llevaron a cabo, si es que hubo algunas, nunca dieron a conocer los resultados de las pesquisas. Muchos años después, ya con alternancia partidista y toda la cosa, hubo nuevas indagaciones que tampoco fructificaron lo suficiente como para encontrar al o los responsables de la matanza de los estudiantes. Como la gente sabe que estas cosas suceden, pues no pasó nada más de lo ya comentado; el partido entonces en el poder siguió ganando las elecciones, yo continué mis estudios, cambié de trabajo y el planeta continuó rodando sobre su propio eje.
Me refiero ahora a otro 10 de junio. Como lo he dicho y escrito en muchas partes, sobre todo en los cursos de derecho constitucional y otros que también imparto, después de la Segunda Guerra Mundial, conforme se empezaron a poner de moda los tratados internacionales en materia de protección y defensa de los derechos humanos, el Estado Mexicano fue suscribiendo religiosamente todos los que iban surgiendo, con el pequeño detalle de que no era necesario que fueran cumplidos puntualmente en el territorio nacional. Entonces se acostumbraba que para que esos tratados firmados con toda pompa fueran cumplidos, pues era conveniente que sus magníficas disposiciones fueran recogidas en algún artículo de nuestra flamante Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como Carta Magna; que entre otras razones para eso lleva más de 700 reformas en sus poco más de cien años de vigencia. O, si de paso, además de quedar consignados en la Ley Fundamental de la República, como también se le llama a la Constitución, quedaban señalados en alguna ley secundaria, pues todavía mejor.
En el ínterin, se mantuvo el gobierno del partido político que, surgido después de una guerra civil, de ser hegemónico pasó a ser nada más dominante; hasta que vino la alternancia de ese partido en la presidencia de la república, aunque no en la mayoría de las cámaras legislativas federales. Como en las cámaras federales el partido del nuevo presidente nunca obtuvo mayoría, tuvieron que contemporizar con cualquier cosa que no les gustara. Más aún cuando la mayor parte de los gobernadores de los estados eran del anterior partido gobernante en el ejecutivo federal, quienes por lo mismo mejor se reunieron en una conferencia nacional de gobernadores que, hasta la fecha, pero cada vez con menor éxito -porque el presidente actual como que no les hace mucho caso y, además, su partido ya ganó once gubernaturas más-, tratan de hacerle manita de puerco al presidente de la república para cuando prepara la distribución de recursos fiscales entre las entidades federativas.
El caso es que el segundo presidente de la primera alternancia partidista en el ejecutivo federal -después han ocurrido otras dos- tuvo la buena idea de impulsar o aceptar una reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada justamente el 10 de junio de 2011. Por virtud de la cual, entre otras cosas, pues resulta que ya no es necesario ahora que lo que dicen los tratados antes mencionados esté en la Constitución y en leyes secundarias para ser respetados; porque ahora hay en el artículo 1º constitucional una disposición que dice e implica que de cualquier manera son obligatorios -por eso que los profesores enseñamos como Neoconstitucionalismo-. La doctrina y la jurisprudencia han dicho desde entonces que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales forman un bloque de constitucionalidad o un parámetro de regularidad constitucional o como usted le quiera llamar. Pero el caso es que hay que cumplirlos, el Estado Mexicano en primer lugar.
Hay algunas partes de esa reforma constitucional que, desde luego, no se limitó al artículo 1º constitucional mencionado, sino que incluyó varios más, que como suele acostumbrarse en nuestro país pues no se han completado todavía y por lo tanto tampoco se pueden cumplir completamente. Por vía de la jurisprudencia, igualmente, han surgido nuevas reglas para que tampoco pueda cumplirse otra parte de la susodicha reforma constitucional en materia de derechos humanos. Para nuestra fortuna, como gobernados, a veces cayéndose y a veces levantándose, más o menos la reforma de los derechos humanos, siempre tan aplaudida, pues ahí va poco a poco saliendo adelante.
Regreso ahora al año en curso. El 10 de junio de 2021, a las cinco de la tarde, en las instalaciones de la Editorial Tirant lo Blanch, en la Ciudad de México, fue la presentación del libro de mi autoría titulado Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México, publicado conjuntamente por dicha empresa editorial con la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde desde hace varios años soy profesor. Tuve el honor y el privilegio de que hayan comentado este libro dos de las personas que más conocen de la materia electoral en nuestro país; por haber sido funcionarios públicos que intervinieron en su momento en el diseño de las instituciones y procedimientos electorales, así como por haberse desempeñado como legisladores en las cámaras federales que discutieron y aprobaron dichas instituciones, pero igualmente por haber sido encargados de su aplicación como autoridades electorales federales. Me refiero a dos personajes de la vida pública nacional a quienes siempre he respetado y admirado, Arturo Núñez Jiménez y Felipe Solís Acero. A quienes ahora, además, tanto agradezco el aval académico otorgado al trabajo de investigación que publiqué. Igual agradecimiento expresé entonces y reitero ahora a la directora editorial de esa empresa, María Goerlich León, y al rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Rodolfo Campoy de la Vega.
Los tres comentaristas de esa tarde, pues la directora editorial es conocedora de la materia y lectora de los libros cuya publicación autoriza por lo que también hizo comentarios de fondo, desplegaron su dominio del tema y durante casi dos horas dictaron cátedra sobre la materia electoral. Mi intervención final, como estos párrafos, fueron para agradecer la oportunidad de compartir con dichos personajes esa reunión de reflexión y análisis sobre los asuntos electorales del país. Si alguno de los lectores tiene interés en escuchar esas reflexiones, puede visitar el canal de televisión Tirant lo Blanch en YouTube, para lo cual sólo necesita escribir Tirant o mi nombre cuando entre a YouTube.
Ciudad de México, 30 de junio de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y posdoctorado en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (Estados Unidos de América); tiene la Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México). Académico de tiempo completo y profesor en instituciones de enseñanza superior. No milita en partido político alguno, pero reconoce la necesidad de su intervención para hacer posible la vida democrática de un país.
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