Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Durante sus tres campañas electorales en busca de la presidencia de la república, el actual presidente mexicano ofreció que si triunfaba regresaría a los militares a sus cuarteles. Pero no solo no lo ha hecho, sino que de manera gradual ha ido ampliando las funciones de las Fuerzas Armadas con numerosas actividades en la Administración Pública Federal. Actividades, por lo demás, expresamente prohibidas por el texto vigente de la Constitución, que sólo permite en tiempos de paz la presencia militar en tareas de Seguridad Pública hasta el año 2024 -reforma constitucional iniciada por el presidente actual, con motivo de la creación de la Guardia Nacional, al iniciar su gobierno-. Pero que -a nueva iniciativa presidencial, complementada por una diputada de otro partido antes opositor, ahora coaligado al del presidente- ha sido ampliada a 1928 mediante una reforma constitucional en trámite.
Los gobiernos anteriores de los que fue opositor el presidente actual habían recurrido a las Fuerzas Armadas para intentar detener al crimen organizado -paralelamente crearon instituciones de policía civil, pero obviamente sin éxito para alcanzar dicho objetivo-; por lo que paulatinamente, después de muchos vericuetos legales y jurisprudenciales, nunca con reformas constitucionales, las fueron incorporando a las labores de seguridad pública. De tal suerte que la propuesta del candidato opositor era un mensaje político congruente, además, con la experiencia y corrientes internacionales que privilegian el uso exclusivo de las policías civiles para realizar dichas labores. Así es que en muy buena medida su popularidad y, en su momento, su triunfo electoral, se basaron en dicho ofrecimiento.
Más aún si se tiene en cuenta que tanto en México como en la mayor parte de los países de América Latina la presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno es de memoria bastante ingrata. En México, el general Victoriano Huerta encabezó en 1913 un golpe militar en contra de un presidente civil que había llegado al poder por la vía electoral; pero, una vez que triunfaron los militares que se opusieron a Huerta, iniciaron una nueva guerra civil para disputarse ahora entre ellos el poder obtenido. Los militares, con un par de fugaces excepciones (Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio), se quedaron en el poder por un buen número de años, hasta que en 1946 se inició el gobierno de presidentes civiles.
Lo mismo sucede y ha sucedido en otros países de Latinoamérica, donde los casos más conocidos fueron las dictaduras militares de Chile y Argentina, particularmente por la represión sangrienta en contra de todas las organizaciones políticas y la población civil. Así es que el ofrecimiento del candidato presidencial mexicano opositor suscitó la simpatía y adhesión de numerosos personajes políticos y empresariales moderados que confiaron en que, congruente con las corrientes políticas latinoamericanas de izquierda opositoras a la presencia militar en el gobierno, encontraría la forma más conveniente de asegurar dicho retorno.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que -aunque sin más golpes militares después del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez-, la matanza de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, durante el movimiento estudiantil de 1968, fue perpetrada por el Ejército Mexicano; que no se opuso a las instrucciones recibidas de un gobierno civil. Igualmente, además, se tienen indicios bastantes de su intervención en la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, investigación y debate en este momento en curso. Queda entonces la experiencia nacional de que en México es posible que bajo las órdenes de un gobierno encabezado por civiles las Fuerzas Armadas repriman a la población.
En días recientes, un periodista crítico del gobierno actual dio a conocer el hackeo de las bases de datos del Ejército Mexicano por parte de un grupo extranjero que se reclama, entre otras cosas, opositor al militarismo en los países de América Latina; por lo que paulatinamente se empieza a conocer una serie de datos precisos, hasta hace poco desconocidos, no solo sobre la presencia del Ejército Mexicano en sus actividades habituales, sino también sobre las nuevas que les han sido confiadas por el gobierno civil en turno. Más aún, ha quedado claro que el Ejército hace un seguimiento cuidadoso de las actividades del propio presidente de la república y de sus colaboradores más cercanos, por decirlo de manera benévola. Aunque el presidente se ha apurado a señalar que dichas actividades debidamente documentadas por el Ejército Mexicano, todas a las que me refiero y referiré en seguida, no son espionaje sino solamente actividades de “inteligencia”.
Como consecuencia de la misma sustracción de datos militares ha sido posible conocer un acuerdo internacional de México con Rusia para realizar actividades de búsqueda de información, es decir de espionaje. Pero a lo más que hasta el momento se ha llegado, en materia de explicación o justificación por parte del gobierno federal, ha sido un mensaje del Canciller señalando que no había información al respecto porque el acuerdo no ha sido aprobado todavía por el Senado Mexicano; cuestión que, por cierto, no tendrá ninguna dificultad en virtud de la mayoría absoluta con que cuenta el presidente en el Senado, y eso sin contar a sus nuevos aliados que le aseguran ahora mayoría calificada.
Esta nueva cuestión no deja de ser interesante porque justo en el momento actual Rusia ha invadido militarmente a Ucrania y ya se ha anexado parte de su territorio -así como en el siglo XIX los Estados Unidos de América invadieron militarmente a México y se anexaron la mitad de nuestro territorio-. Desde luego que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, de los que ahora somos socios comerciales mediante tratados de libre comercio ratificados por el gobierno en funciones, han condenado la invasión rusa y han proporcionado apoyo financiero y logístico a Ucrania.
Más interesante aún si se tiene en cuenta que el presidente mexicano propuso un plan de paz con un cese al fuego que beneficiaba a Rusia, como rápidamente fue condenado de manera directa por un asesor del mismo gobierno de Ucrania -aunque por la vía diplomática éste agradeció “diplomáticamente” cualquier intento de mediación por la paz-. Más urgente aún, pero con propuestas viables, si se tiene en cuenta que apenas ayer Rusia bombardeó y asesinó a población civil en la capital de Ucrania.
Regreso a la militarización, durante el gobierno actual, de numerosos aspectos de la Administración Pública Federal que necesariamente deben estar bajo responsabilidad civil, como dice la Constitución. La regulación en materia de Seguridad Nacional, por razones obvias, señala que la actividad militar de las Fuerzas Armadas está sujeta al secreto por razones de Seguridad Nacional. Pero, toda vez que los militares mexicanos intervienen ahora en actividades administrativas públicas muy diversas que implican ejercicio del gasto público que, cuando es realizado por civiles está sujeto a controles administrativos estrictos, es imperativo que la misma fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sea aplicada ahora a los militares que las ejercen.
Regreso ahora a los personajes políticos moderados que se adhirieron a la candidatura presidencial triunfante pero que prácticamente para este momento ya todos han salido del gobierno, algunos con disciplina y silencio sin entrar en detalles ni explicaciones; otros con declaraciones aisladas y dando a entender algunas de las causas de su molestia; otros expresando claramente las razones de su separación e incluso, algunos, convertidos en abiertos críticos y opositores al gobierno del que salieron.
Evoco a estos personajes para dejar constancia de que, si en algún momento hubo un intento de moderación en el discurso político de la izquierda triunfante -para enterrar la acusación de ser “un peligro para México” y conseguir votos con los invitados a gobernar conjuntamente-, fue justamente para demostrar dicho propósito de moderación. Pero ésta se ha perdido al parecer completamente. Podría pensarse entonces en el riesgo de que se pueda desembocar en más militarización de la APF, sin control alguno, protegidos los militares en todo lo que hagan administrativamente por el secreto de Seguridad Nacional; con la consecuencia, además, de mayor autoritarismo político y control (militar) del Estado sobre la sociedad. Pero, a juzgar por los acontecimientos aquí narrados, todo indica que el poder político, administrativo público y económico que el nuevo presidente ha otorgado a los militares no solo no se detendrá; sino, peor aún, que difícilmente podrá ser controlado por el propio gobierno civil, el actual y los que le sigan si esto sucede.
A diferencia de las democracias consolidadas y hasta de países latinoamericanos, se ve muy lejos el día que en México los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina sean civiles, y menos aún mujeres; pues ni siquiera militares en retiro han encabezado dichas dependencias. Más aún, con motivo del hackeo a las bases de datos militares en ningún momento las autoridades militares han rendido cuentas y, en una conferencia de prensa reciente, el presidente minimizó el asunto y solo puso una canción de un cantante llamado “Chico Ché”. En Chile, donde sucedió lo mismo -el acceso a sus bases de datos-, los dirigentes militares han empezado a renunciar.
Esperemos que los partidos de oposición, lo antes posible, emprendan acciones para lograr una efectiva fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los militares convertidos en administradores públicos federales. O por lo menos que las intenten, pues dejar este precedente -y muchos más- bastante les ayudará en 2024.
Ciudad de México, 11 de octubre de 2022.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (EEUU). Autor de libros de derecho público, privado y social.
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