El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció la necesidad del Estado mexicano de establecer políticas públicas para combatir y erradicar las prácticas de tortura sexual contra mujeres.
Al encabezar la 1ª Sesión Ordinaria 2023 del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, resaltó que el 22 de noviembre de 2022 se efectuaron las dos primeras liberaciones de indígenas tzotziles en el estado de Chiapas; y el pasado 27 de enero de una mujer guerrerense que se encontraba en un penal de Morelos.
En ambos casos se acreditó que fueron objeto de tortura sexual durante su proceso legal.
Ante ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración llamó a los integrantes de dicho mecanismo para dar seguimiento puntual de las denuncias de mujeres privadas de la libertad que fueron objeto de este flagelo.
Durante la sesión, en su calidad de presidente de este órgano, el subsecretario Encinas Rodríguez dio a conocer los lineamientos para la operación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 24 de marzo.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano –secretaria ejecutiva del mecanismo–, señaló que el trabajo se enfoca en la eliminación de la discrecionalidad del acceso a la justicia en tres rubros.
El primero dirigido a brindar atención concreta y directa a las mujeres identificadas como víctimas del delito de tortura sexual; el segundo, buscar la sanción a los involucrados en la comisión de estos delitos; y tercero, generar medidas y políticas públicas para la no repetición de los hechos.
“Hoy contamos con las herramientas suficientes y necesarias para que este tipo de actos que violentan los derechos humanos de las mujeres no se vuelvan a repetir en nuestro país; y en caso de que se presente la repetición del delito, la estructura del Estado mexicano nos permite dar una respuesta contundente para la sanción de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres”, aseveró.
En representación de las 11 beneficiarias en la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Atenco, participó en la reunión Norma Aidé Jiménez Osorio, sobreviviente de tortura sexual.
Las instituciones que participaron en la sesión de este lunes fueron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Relaciones Exteriores (SRE), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Asimismo, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y los institutos nacionales de las Mujeres (Inmujeres); y de los Pueblos Indígenas (INPI).
También las comisiones Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); y de parte de la Secretaría de Gobernación, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos, como secretaría técnica y encargada de la coordinación del mecanismo para el seguimiento de recomendaciones y atención de casos.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Como parte de los acuerdos de la sesión, las instituciones integrantes del mecanismo reiteraron su compromiso para dar seguimiento a los casos, cumplir las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, y colaborar en los trabajos de conformación de una campaña nacional contra la tortura sexual.
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