- La institución impulsa la protección de los derechos humanos entre las y los trabajadores
Como una estrategia que permita que el trabajo cotidiano de mujeres y hombres se desenvuelva satisfactoriamente, en un ambiente de respeto, confianza, sin actitudes discriminatorias ni estereotipos, el Poder Judicial del Estado se ha sumado a diferentes actividades que promueven el respeto y la igualdad de género.
Con ello, también se da cumplimiento a lo establecido en Tratados internacionales suscritos y ratificados por México, así como lo preceptuado en los artículos 1º y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Este tema, es la base para el desarrollo de relaciones institucionales y humanas respetuosas de los derechos humanos, por lo cual, en las sinergias con asociaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres, se trabaja en diferentes proyectos encaminados a incorporar la perspectiva de género y el enfoque de interseccionalidad en las políticas internas de la institución y en su quehacer en la impartición de justicia, a través de sentencias libres de discriminación.
De acuerdo con información de la Unidad de Igualdad de Género, adscrita a la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, la Política de Igualdad y No Discriminación en el Poder Judicial del Estado tiene como principios rectores los que a continuación se exponen:
Principio de Igualdad, que se refiere al goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas, independientemente de su sexo, género, identidad de género y/u orientación sexual; y el acceso a los bienes y servicios indispensables para el diseño y ejecución de su proyecto de vida, incluyendo aquellos de carácter judicial.
El principio de No Discriminación, enfocado a la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, género, identidad de género y/u orientación sexual, pertenencia a una comunidad indígena, condición de salud, discapacidad entre otros.
En lo que corresponde al principio de No violencia de género, implica los esfuerzos del Poder Judicial a evitar cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a todas las personas, tanto en el ámbito público como en el privado. Asimismo, se toma en cuenta el principio de enfoque de género en el acceso a la justicia y la participación e inclusión.
Cabe señalar que en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura cerca del 60 por ciento del personal son mujeres, muchas de ellas ubicadas en áreas estratégicas y juzgados.
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