Al continuar el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, diputadas, especialistas, magistrados e investigadores manifestaron sus opiniones, propuestas y puntos de vista respecto a este tema.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez, comentó que no se ha podido dar con las soluciones adecuadas a un problema tan complejo que tiene alcances internacionales. Sin embargo, esta ha sido una gran jornada en la cual los ánimos por intervenir desfasan los tiempos.
La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) dijo que las ponencias, puntos de vista, preocupaciones y propuestas enriquecen el debate y las tareas pendientes que se tienen. Agregó que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es una agenda pendiente, pues tenemos altos índices de impunidad que rondan entre el 98 por ciento y algunos delitos el 100 por ciento, aparte los que no son denunciados.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, secretaria de la Comisión, consideró que este delito es uno de los grandes retos, por lo cual debe ser trabajo de la próxima Legislatura generar las modificaciones necesarias.
Mesa 1: Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Sergio García Ramírez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el quehacer del Poder Legislativo es enorme para fijar el marco normativo para que todo lo dicho sea posible; normas que aseguren lo que a veces ha costado tanto trabajo asegurar, que es la congruencia de la realidad con el ideal. “Los tribunales constituyen ya el poder de cierre de los conflictos y en esta tarea cumplen la misión de que la justicia sea el fundamento de la paz”.
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN, señaló que hay un retraso en la impartición de justicia por la pandemia, con un grave acumulado, lo que dará una enorme presión judicial, por lo que, advirtió, “la Judicatura no podrá hacerlo y puede haber un colapso por la acumulación de asuntos”. Agregó que un parte importante de litigios se echará a perder si el Código en cuestión queda mal.
Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB, comentó que ellos plantean un proyecto integral y de calidad destinado a garantizar el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva a todas las personas justiciables del país, basado en ejes fundamentales, comenzando porque el pilar del procedimiento judicial es la oralidad y el sistema de audiencias, incluso en la ejecución de sentencias, para resolver la mayoría de los conflictos con un mínimo de etapas y procedimientos escritos.
Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C, destacó que la simplificación del proceso, la sencillez en las normas adjetivas, la oralidad, la inmediatez, el principio general de la buena fe y el principio pro persona deben regir el proceso y generar las condiciones para que las personas vulnerables tengan acceso a la justicia cotidiana, además de que haya las mismas normas procesales para todas las entidades federativas.
José Ovalle Favela, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que la participación de profesionistas de diversos sectores del área jurídica es fundamental para llegar a un buen código nacional de procedimientos civiles. “Es un proyecto que tiene el punto de vista de los magistrados, pero también es necesario conocer el de los abogados postulantes, académicos de derecho o investigadores, porque es un debate muy amplio”
La magistrada Marisol Castañeda Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A. C., dijo que el 66.8 por ciento de los juicios que se ventilan en el país están en espera de que se expida la ley que regulará su proceso. Agregó que en materia de proceso, los juicios en línea en el contexto de la pandemia, es urgente expedir el ordenamiento que establezca una agenda de citas para presentar demandas, utilizar la firma electrónica y celebrar audiencias virtuales, entre otros.
Mesa 2: Reforma para fortalecer la Independencia Judicial y la Justicia local
Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, señaló que para hacer reformas e iniciativas hay que ver cómo se implementan, porque el gran fallo de hacer reformas es que no se ve la parte práctica y muchas quedan en lo hipotético. “La justicia no está, no va a estar y no se va a dar un cambio con la reforma al Poder Judicial de la Federación; se va a dar cuando pongamos atención a las reformas que necesita la justicia estatal”.
El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, resaltó que la independencia de los jueces es una protección para la soberanía, pues se requiere de un juez libre y que respete los derechos. “Sin ello, no se puede hablar de un Estado derecho libre y moderno. En muchos estados se ve al Poder Judicial como algo accesorio, pero la pandemia ha demostrado la importancia de la justicia expedita a nivel local”
Luisa Conesa, socia de Conesa y Moreno, Abogados, cuestionó que en la actual ley con la mera percepción de un conflicto de interés o una falta administrativa se dé un cambio de adscripción a jueces. “Pensar que puedan ser removidos sin causa o proceso claro, puede ser una amenaza a la independencia judicial”.
Hugo Alejandro Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que de no existir independencia judicial se cae la labor jurisdiccional, la protección de los derechos y las garantías para que la separación de Poderes se mantenga, es decir, se desfonda la democracia constitucional.
Mesa 3: Viabilidad en torno a un Código Penal Único
Rodolfo Félix Cárdenas, abogado postulante y exprocurador General de Justicia del Distrito Federal, expresó que un Código de esta naturaleza exige de mucha discusión y por eso la responsabilidad del Congreso, por lo que es necesario un debate con gente que sepa del tema. “Si nosotros no tenemos una instancia responsable vamos a sufrir mucho como ciudadanos”.
Susana Camacho Maciel, de Borde Político, comentó que se debe pensar si el Código nacional resolvería el tema de la dispersión penal, si se quiere que las mismas sanciones sean aplicadas para las mismas conductas por todo el país, si se está dispuestos a centralizar más la labor legislativa y sobre todo tratándose de un instrumento tan importante de poder como es el derecho penal. “Si no hay un estudio profundo de armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es mejor dejarlo como está”.
Italy Ciani Sotomayor, investigadora del INACIPE, indicó que hablar del código penal único implicaría tener una visión minimalista que garantice un derecho penal mínimo, una selección muy cuidadosa de los tipos penales que se van a preservar, cuáles se van a sacrificar y una revisión minuciosa de agravantes. “Me encantaría un código penal único, pero me preocupa saber la pluma o plumas que lo van a escribir y si el riesgo es mayor, yo preferiría que nos quedemos como estamos”.
Ana Katiria Suárez Castro, abogada postulante, puntualizó que se deja de lado el por qué esta diversidad de códigos penales no funciona, siendo una de las primeras causas la falta de dignificación de los servidores públicos de primera mano, como policías, peritos y ministerios públicos.“Es inhumano, no hay capacitación correcta. Incluso las instituciones públicas son deleznables, sin los utensilios, incluso para imprimir un acuerdo o una resolución”.
Rodrigo Ozuna Solsona, especialista en el sistema penal acusatorio, señaló que el tema de codificación penal único sería positivo y tendría bondades como otorgar certeza jurídica; no ha prosperado por factores como el enfoque político en delitos donde no hay consensos, temas de costumbres y lo relativo al federalismo. “Lo primero que se debe definir es hacia dónde queremos ir en materia penal, por un lado, tenemos un catálogo cada vez más obeso de prisión preventiva, figuras cuestionables como el arraigo, y por otro la presunción de inocencia”
Mesa 4: Lavado de dinero y recuperación de activos
Mireya Valverde Okón, directora general de asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que, a pesar de los avances, aún está pendiente subsanar las deficiencias relacionadas con actividades vulnerables, llamadas actividades y profesiones no financieras, por lo que se propone reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de reforzar el régimen de prevención aplicable. “Es adicionar a la ley el tema de financiamiento al terrorismo”.
Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, dijo que la delincuencia organizada es una organización de tres o más personas que tiene como finalidad realizar de forma permanente o reiterada la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alberto Nava, investigador del INACIPE, comentó que la revisión de un código penal único es una oportunidad para saber en dónde se está parado en cuestión de lavado de dinero; asimismo, que la siguiente Legislatura tenga la sensibilidad para retomar el tema del código penal único. “Nuestro compromiso desde el Instituto es acompañarlos con una visión objetiva sobre su trabajo y nos dará gusto emitir una opinión al respecto”.
Orbelín Pérez Flores, director de análisis de riesgos en GPL Abogados, dijo que la próxima Legislatura tiene que ser muy sensible de algo que ha ocurrido en los últimos años, y ha sido el pronunciado potencial del avance tecnológico que nos permite enfrentar de una manera distinta la lucha contra el lavado de dinero. “Una de las principales fallas estructurales en todo el sistema es la concepción inadecuada que se tiene al momento de los riesgos que representa el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
Jorge Alberto Lara Rivera, presidente del Consejo del Colegio de Abogados Humanistas, indicó que es momento de darle centralidad institucional a la prevención y combate al lavado y recuperación de activos como política de Estado que tenga el atributo del control democrático y legitimidad. “Hay mucho qué avanzar, la Cámara de Diputados puede abrir un espacio de debate sobre estos retos”.
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