Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Imagine usted una pelea de box a quince rounds entre un peso pesado y un peso mosca, tirándole éste a peso ligero con ganas de favorecerlo; aunque además del peso le podríamos agregar otras diferencias, por ejemplo, la estatura. Así es que pensemos en un peso pesado de dos metros de altura que pelea contra un boxeador que es peso ligero o mosca, como usted prefiera, de un metro sesenta o un metro setenta centímetros de estatura; no se diga, también, con amplia experiencia en combates similares y las ganas de pelear y siempre ganar que tiene el de peso pesado, ¿cuál cree que podría ser el resultado? Supongo que usted, al igual que yo, ya vaticinó una derrota del boxeador menos dotado, por la simple diferencia de potencialidades.
Bueno, pues eso es lo que acaba de pasar en el duelo con el nuevo sparring escogido ahora por el presidente de la república: el Auditor Superior de la Federación. Solamente que, al parecer, la derrota -o la victoria, según se quiera ver- fue fulminante, podríamos decir que fue por nocaut técnico al iniciar el primer round aunque está por verse. Las potencialidades que tiene el presidente de la república, de cualquier república como la nuestra, cuando entra en combate sea con otros servidores públicos, los empresarios, las organizaciones sociales o cualquier ciudadano común y corriente son, justamente, para noquear en el primer round a cualquiera que se le oponga. El combate es más desigual cuando el que fija las reglas del juego es el propio presidente, quien además preside todas las mañanas un tribunal inapelable.
Todavía hace tres años me invitaban tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores a impartir diversos cursos sobre temas actuales de derecho público. Uno de esos temas, frecuentemente, era el Sistema Nacional Anticorrupción; un alambicado sistema destinado a lo que dice su nombre, combatir la corrupción mediante el esfuerzo conjunto de vigilancia y fiscalización administrativa y contable, sanciones administrativas y penales y participación ciudadana, que se desdobla a lo largo de todo el territorio nacional y de los tres órdenes de gobierno tradicionalmente conocidos -federal, estatal y municipal (puesto que hay otros)-, incluidos los poderes públicos también tradicionalmente conocidos -legislativo, ejecutivo y judicial-, más los que han sido agregados en los últimos años -algunos amenazados y otros de plano desaparecidos o en vías de extinción o cooptación-: los organismos constitucionales autónomos y otros que se les parecen bastante y que para efectos prácticos les podemos llamar semiautónomos -entre los que incluyo a la Auditoría Superior de la Federación, que solo tiene autonomía técnica y de gestión -así como otras “protecciones” aunque no muy sólidas- pero no constitucional-. El funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción -y de los cursos para difundir sus bondades- se encontró de pronto detenido por la sencilla razón de que la nueva estrategia de gobierno para combatir la corrupción se basa en el ejemplo del presidente de la república, quien además ofreció barrer las escaleras de arriba hacia abajo. No sé si el presidente haya barrido ya lo suficiente las escaleras que se propuso barrer, pero de lo que me doy cuenta es que al que por lo pronto parece que ya barrió completito fue al titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Desde las primeras constituciones y estatutos imperiales que ha tenido nuestro país ha habido un organismo dependiente del poder legislativo -concretamente de la Cámara de Diputados- encargado de revisar las cuentas del dinero público. Hasta hace poco, hará un poco más de veinte años, ese organismo de la Cámara de Diputados se llamaba Contaduría Mayor de Hacienda -con funciones más bien decorativas-, pero una vez que el presidente de la república y su partido político perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados, la reforma más importante como consecuencia de esa pérdida de la mayoría fue la reforma constitucional y legal que le cambió de nombre y amplió las funciones y la autonomía técnica de la Contaduría para llamarse ahora Auditoría Superior de la Federación -lo que en una tradición política de presidencialismo autoritario primero y luego hegemónico pues ya fue bastante-.
A los diputados opositores no les alcanzó la fuerza política o sencillamente no quisieron perder el control directo de la flamante ASF creada por ellos, así es que no la convirtieron de plano en un órgano constitucional autónomo -como el Banco de México o el Instituto Nacional Electoral- y, para efectos prácticos, la dejaron dependiente de la mayoría legislativa de la Cámara; que, si bien en ese momento era una mayoría opositora, a partir de 2018 es la mayoría del presidente de la república y su partido, como antes sucedía cuando había Contaduría Mayor de Hacienda.
El caso es que, teóricamente, es decir, conforme a la letra de la Constitución, ahora todo está muy bonito para cuidar el dinero que ingresa a las arcas pública gracias a la Ley de Ingresos -aprobada por ambas cámaras federales-. Puesto que solo se gasta cada año lo que dice el Presupuesto de Egresos de la Federación -aprobado por la Cámara de Diputados-, de acuerdo a lo previsto para el mediano y el largo plazo por el Plan Nacional de Desarrollo -también aprobado por los diputados-, y vigilado ese dinero en su correcto ejercicio por la ASF -cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes- y el dictamen de la cuenta pública que presenta la ASF -y que revisa la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF- también es aprobado por el pleno de los diputados. Así es que todos contentos, hasta que el presidente y su partido obtuvieron en 2018 mayoría en la Cámara de Diputados y, entonces, tanto el presidente como su mayoría le pueden hacer manita de puerco al Auditor para que no ande buscando demasiados actos de negligencia, descuido administrativo o franca corrupción del gobierno que anuncia la Cuarta Transformación de la República a partir de una honestidad a toda prueba. Y pues eso es lo que acaba de pasar.
“El sábado pasado, la ASF presentó el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la actual administración…. La ASF reveló inicialmente que según sus cálculos, el costo total de la cancelación del proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, será de 331 mil 498 millones de pesos…. La auditoría reveló que funcionarios de la Función Pública se negaron a comparecer y a entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical” (El Universal, 23/02/2021, pág. A4). Así es que luego luego en la mañanera del día de ayer lunes, el presidente afirmó que “el órgano fiscalizador tiene que aclarar la información, porque insistió en que el dato es exagerado”…. “Por medio de su cuenta de Twitter, la secretaria de la Función Pública, Sandoval Ballesteros, expresó que “la dependencia entregó toda la información pertinente para las auditorías del órgano fiscalizador y que no tuvieron ningún obstáculo, absolutamente ninguno, por parte de la Función Pública”” (misma fuente), es decir, que todo funciona requetebién.
El mismo día de ayer lunes por la noche, “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que existen inconsistencias en la metodología que utilizó para determinar el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco” (misma fuente). Pero, además, “No fue la única retractación. En entrevista de radio David Colmenares, también negó que la Secretaría de la Función Pública hubiera puesto “resistencias” a la labor de la ASF. Dichas resistencias fueron establecidas en el propio informe revelado el pasado sábado 20”, según da cuenta el diario “Reforma” en su edición del día de hoy martes 23 de febrero, en la primera plana. ¿Nocaut técnico?
Al parecer, al Auditor Superior de la Federación le hicieron una propuesta que no podía rechazar. O tal vez recordó la forma como al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, lo “invitaron” a renunciar. En su libro “El presidente. Las filias y fobias que definirán el futuro del país”, Leonardo Curzio y Aníbal Gutiérrez relatan e interpretan este episodio de la siguiente manera:
“El expediente de Medina-Mora (director del CISEN en el año de los videoescándalos) es el mejor ejemplo. El caso del exministro de la SCJN arrancó con una denuncia de la UIF por lavado de dinero y terminó con su renuncia. El golpe fue tan directo que el ministro abandonó su cargo sin que hubiera una explicación de los motivos graves por los que dejó su asiento en la Suprema Corte. El presidente aceptó la renuncia. Dijo que en su momento se darían a conocer los motivos de la misma. Pero lo único que se desclasificó fue lo que ya se conocía: la escueta carta de renuncia del 3 de octubre. Nada más. El Senado, en una de sus páginas menos brillantes, dio curso al trámite sin pedir explicaciones. La protección constitucional a uno de los miembros del Poder Judicial demostraba ser muy endeble en los tiempos de la cuarta transformación” (“El presidente…”, pág. 404).
El 15 de marzo de 2018, en las postrimerías del gobierno del presidente Peña Nieto y poco antes de la victoria del presidente López Obrador, David Colmenares Páramo fue electo por la Cámara de Diputados como Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026, y puede ser nombrado nuevamente por una sola vez. La Constitución en su artículo 79 establece que “Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución” (énfasis propio). En ese Título Cuarto se materializa la inmunidad constitucional de una serie de servidores públicos de alto nivel, quienes solo pueden ser despedidos de su cargo o enjuiciados penalmente después de un juicio político o de una declaración de procedencia; protección que inexplicablemente el Auditor Superior de la Federación no tiene. Así es que a él, al igual que a cualquier otro servidor público y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, se le aplicarían sanciones administrativas y penales por las faltas, reales o supuestas, en las que hubiese podido incurrir o a alguien se le ocurriese imputarle.
Por cuanto a la obstrucción de la Secretaría de la Función Pública, el propio auditor Colmenares Páramo ya se desdijo y desautorizó lo que antes firmó. Pero por cuanto a la metodología para investigar el monto de lo perdido con la cancelación del NAIM se supone que la van a revisar. Aquí -donde supongo estriba el mayor enojo del presidente- se abren dos posibilidades: que, de la revisión de la metodología se reduzca el monto de lo perdido o bien que se mantenga o incluso que aumente. Solo entonces veremos de qué esta hecho el Auditor Superior, pero no abrigo muchas esperanzas, puesto que el fantasma de la renuncia de Medina Mora persigue desde entonces a cualquier funcionario del más alto nivel que inicie un combate desigual para mantener su autonomía, independencia e imparcialidad frente al presidente de la república.
Ciudad de México, 23 de febrero de 2021.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (CdMx, México); posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá (España) y en Regímenes Políticos Comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs (Estados Unidos de América); tiene la Especialidad en Justicia Electoral por el TEPJF (México).
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