Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
Empiezo con las siguientes precisiones para completar los datos de mi colaboración inmediata anterior y dar contexto a estas nuevas reflexiones. La coalición Juntos hagamos historia integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, postuló como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo 30,113,483 votos. El Partido Verde Ecologista de México que formó parte de la coalición Todos por México, junto con el partido entonces gobernante, el Partido Revolucionario Institucional, y también el Partido Nueva Alianza, postularon a José Antonio Meade Kuribreña, quien obtuvo 9,289,853 votos. La coalición Por México al frente integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, postuló a Ricardo Anaya Cortés, quien obtuvo 12,610,120 votos. Jaime Rodríguez Calderón fue candidato independiente y obtuvo 2,961,732 votos.
Los partidos político postulados por la coalición Juntos haremos historia, de un total de 308, obtuvieron los siguientes diputados federales: MORENA, 191; PES, 56; PT, 61. Los de la coalición Por México al frente, de un total de 129: PAN, 81; PRD, 21; MC, 27. Y de Todos por México, de 63: PRI, 45; PVEM, 16; Panal, 2. Recuerdo a los lectores que se trata de un sistema electoral mixto con dominante mayoritario, porque de los 500 diputados federales, 300 son electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional, con pomposas reglas para prevenir la sobre y sub representación -fácilmente burladas-. Los primeros son electos a partir de fórmulas de propietario y suplente en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa; en tanto que los segundos, a partir de listas regionales votadas en las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el país para este efecto, según el principio de representación proporcional.
Según la Ley General de Partidos Políticos, cada uno de los partidos políticos que compiten en coalición aparece con su propio emblema en la boleta electoral; los votos se suman para el candidato de la coalición y cuentan para cada uno de los partidos políticos, como podemos ver con los resultados de la elección de diputados federales en 2018.
De tal suerte que para conocer la fuerza político electoral efectiva de cada partido es necesario conocer el número de diputados que, por cada principio, MR y RP, obtuvo cada uno. Así tenemos, entonces, que el PAN obtuvo 40 diputados de mayoría relativa y 41 de representación proporcional; el PRI, 4 de MR y 38 de RP; el PRD, 9 y 12 respectivamente; el PT, 58 y 3; el PVEM, 5 y 11; Movimiento Ciudadano, 17 y 10; Nueva Alianza, solo 2 de MR; MORENA, 106 y 85; Encuentro Social, 56 de MR.
Ahora bien, si analizamos estos datos desde la perspectiva del porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección de diputados federales, tenemos que el PAN obtuvo el 17.93%; el PRI, 16.57%; el PRD, 5.29%; el PT, 3.93%; el PVEM, 4.80%; el MC, 4.42%; Nueva Alianza, 2.48%; Morena 37.16%; PES, 2.41%; los candidatos independientes a diputados federales obtuvieron 0.96% (fuente de la información previa: Wikipedia. Elecciones federales de México 2018).
Me parece oportuno señalar que la integración actual de la Cámara de Diputados según el grupo parlamentario al que pertenecen sus miembros es la siguiente: MORENA, 252; PAN, 77; PRI, 48; PT, 46; MC, 27; PES, 24; PRD, 12; PVEM, 11; sin partido, 3 (fuente: página web de la Cámara de Diputados). También cabe hacer notar que, como vimos antes, MORENA ganó 191 diputados por ambos principios, pero para este momento cuenta con 252.
Esto se explica por varias razones, pero fundamentalmente las siguientes: la libertad -aún no regulada- de los legisladores (diputados federales y locales y senadores) de cambiar de partido político y, consecuentemente, de grupo parlamentario en el órgano legislativo que integran; a la cual hay que agregar que los partidos de la coalición mayoritaria postularon como sus candidatos a dirigentes y cuadros partidistas del partido MORENA que por razón natural regresaron a su partido de origen una vez pasada la elección.
Pero, también, dado que el presidente López Obrador asimismo fue dirigente del PRD, es natural que muchos de sus compañeros en el antiguo partido hayan considerado conveniente cambiar de afiliación para asegurar una carrera política de mayor duración, además de los beneficios que reporta estar del lado del partido gobernante. Pero, igualmente, por el interés del ejecutivo federal de asegurar una mayoría absoluta de su propio partido en la Cámara de Diputados, lo cual facilita la votación a favor de sus iniciativas y propuestas, además de reducir la necesidad de negociación con sus propios aliados electorales, eventualmente, si no opositores por lo menos no coincidentes en algunos temas legislativos -no olvidemos que se trata de una coalición que reúne extremos ideológicos-.
Esto es más importante aún si se tiene en cuenta que la verdadera importancia del poder legislativo y particularmente de la Cámara de Diputados, consiste en sus atribuciones de control parlamentario de los otros poderes y de los organismos constitucionales autónomos. Más aún, a través de la Cámara de Diputados que tiene como funciones exclusivas, entre otras, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y aprobar o negar su aprobación -lo que acaba de suceder- de la Cuenta Pública -ahora en el caso de la última cuenta del gobierno anterior-.
Por cierto, la Ley General de Partidos Políticos expresamente establece que “Los partidos políticos no podrán distribuir o transferir votos mediante convenio de coalición” -y es a partir de estos resultados que se integra a su inicio la Legislatura-, lo que no impide que se distribuyan o transfieran diputados, como acabamos de ver, algo que bien puede llamarse fraude a la ley. Pero desde luego que no faltan especialistas en la materia que defienden esta práctica. Por mi parte, sostengo la necesidad de regular con objetividad -no prohibir-, desde la propia Constitución -como se acostumbra- el transfuguismo, así como en las diversas leyes pertinentes.
En 1977, los partidos opositores al PRI se unieron para asegurar el gobierno de la Cámara de Diputados. Ciertamente, el PRI había perdido la mayoría absoluta -que MORENA tampoco tuvo en la elección de esta Legislatura de la Cámara de Diputados, pero que consiguió de la forma que ya he reseñado-, lo que trajo como consecuencia, entre otros cambios, una nueva ley para asegurar el gobierno interior del Congreso, a partir del voto ponderado de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara -temporalmente llamada durante unos meses CRICP, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política-. La Mesa Directiva de la Cámara, también de composición plural desde luego, dirige los debates de la Cámara, pero el órgano de gobierno es la JUCOPO -actualmente presidida por el coordinador del grupo parlamentario de MORENA, aunque cambie la persona, como acaba de suceder, pues el anterior coordinador es ahora el dirigente nacional del partido-.
En este contexto histórico legislativo y político electoral, la apuesta de los partidos de oposición es lograr, gracias a su coalición, el control de la Cámara de Diputados si logran en conjunto alcanzar la mayoría absoluta -lo cual no es remoto, pero tampoco es automático por lo que veremos adelante-. Pero, también, asegurar iguales triunfos electorales en las elecciones de gobernadores (15), diputados locales, cabildos municipales y alcaldías de la CDMX, que se llevarán a cabo en las 32 entidades federativas del país. De ahí que esté anunciada ya la coalición del PRI, el PAN y el PRD, de una parte, así como de Morena, PT y PVEM -a estos últimos parece que les están haciendo manita de puerco, pero por andar filtrando videos incómodos-, por la otra. Los partidos de nueva creación, como lo señalé en mi colaboración anterior, tendrán que jugar su suerte cada uno por su lado, es decir, para obtener los votos necesarios que les permitan conservar el registro como partidos políticos y seguir recibiendo las prerrogativas de ley. Estos nuevos partidos son: Encuentro Solidario, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas.
La Ley General de Partidos Políticos regula diversos tipos de coaliciones, entre otras, para competir en las elecciones de diputados federales y locales de mayoría relativa, gobernadores, ayuntamientos municipales y alcaldías de la CDMX. Como hemos visto, las coaliciones electorales han sido cada vez más frecuentes y efectivas en nuestro país, al igual que las coaliciones legislativas -en rigor, cada votación de una ley o un decreto entraña una negociación previa para votar o no votar mediante un acuerdo parlamentario que implica una coalición legislativa de facto-. Pero no ha sucedido lo mismo en el caso de las coaliciones de gobierno, tema que puede ser materia de un artículo posterior cuando venga al caso -a lo mejor después de la jornada electoral del año próximo-.
Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales o flexibles. Pero el convenio de coalición deberá presentarse a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña, plazo que vence por estos días, al parecer el próximo 22 de diciembre. Pero no hay que olvidar, reitero, que las coaliciones no implican suma automática de votos, menos aún si la personalidad de los candidatos atrae mucho o repele igual.
Para ir cerrando esta colaboración me voy a las encuestas cuyos resultados han sido reportados por la prensa nacional. Según tales resultados, de los quince estados en los que habrá elección de gobernador, en siete de ellos la coalición encabezada por MORENA tiene seguro el triunfo, en tanto que, en otros seis, es la coalición opositora al partido gobernante la que lo tendría asegurado, aunque no con mucha holgura sino más bien bastante apretadito; mientras que, en dos entidades, Chihuahua y Querétaro, es el PAN el que va en caballo de hacienda (fuente: “El Universal”, 09/12/2020, p. A12).
Como ya mencioné la semana pasada, el MC va solito esta vez, por las razones que su dirigente nacional señaló en un artículo periodístico, esto es, que se la van a jugar solos porque las elecciones locales “son batallas cuerpo a cuerpo, en las que las personas votan más por los perfiles que por los partidos” (Reforma, 10.12.20, p. 12). Aunque pueda tener razón en parte, hay que señalar que en su artículo periodístico no justifica la división del voto que generan con esta estrategia electoral al bloque opositor del que se supone forman parte, y tampoco se refiere a la valoración de su fuerza electoral como para que sus candidatos puedan ganar a los candidatos de las dos coaliciones contra las que contenderán -no sea que se vuelvan nacidos para perder-.
Sin duda que la errática conducción del combate a la pandemia, la creciente inseguridad pública, la crisis económica iniciada con anterioridad a la pandemia, los escándalos de corrupción al interior de la 4T y del entorno familiar del presidente AMLO, las relaciones económicas y políticas internacionales -sobre todo con nuestro vecino del norte-, etc., etc., le van a cobrar la factura del ejercicio de poder a la coalición gobernante y, en particular, al presidente. Habría que ver si los nuevos partidos políticos pueden atraer algún porcentaje significativo de votos, así como el MC, lo que me parece remoto. Pues es claro ya que la pugna por el control de la Cámara de Diputados y el control parlamentario sobre los otros poderes, organismos autónomos y gobiernos locales se dará entre las dos coaliciones, la que gobierna y la opositora.
Lo interesante de la democracia es la incertidumbre, así es que todavía para este momento estamos más bien en las suposiciones y deseos derivados de la simpatía o antipatía hacia los contendientes. Aunque poco a poco las encuestas comparadas, de una parte, las decisiones de política pública que observemos por parte del gobierno -las que surgen y las que cambian en cada mañanera-, de otra, pero sobre todo las y los candidatos que surjan de uno y otros lados con sus ofertas electorales, irán definiendo de manera más objetiva los posibles resultados.
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández.
Profesor e Investigador. Doctor en Estudios Políticos (Universidad de París, Francia) y en Derecho (Instituto Internacional del Derecho y el Estado, RVOE SEP, México), con Especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas (Universidad de Alcalá) y en Regímenes Políticos Comparados (Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs).
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