México se encamina hacia un nuevo modelo eléctrico en el que las energías renovables son meros actores de reparto. La Secretaría de Energía endureció este viernes las condiciones de operación para plantas solares y eólicas en aras de la “confiabilidad” del sistema.
La medida representa un punto de inflexión en los repetidos esfuerzos del Gobierno por favorecer la producción estatal y arrinconar la participación privada en el mercado, una intención que recientemente ha provocado roces diplomáticos con la Unión Europea y Canadá. La sacudida amenaza con parar en seco el crecimiento de la inversión en energías limpias y con tensar aún más las relaciones entre las autoridades y el sector privado, que se prepara para una larga batalla legal.
Pese a no tener rango de ley, el acuerdo cambia las reglas del juego de forma sustancial. Asegurar la estabilidad del sistema frente al carácter intermitente de las renovables es la justificación esgrimida. La Secretaría de Energía ha defendido que “es responsabilidad del Estado, garantizar la confiabilidad” y advertido de que “TODAS las fuentes de energía de México deberán cumplir con el ordenamiento publicado”, según ha difundido este sábado en Twitter.
Aunque no se limita a las renovables, el acuerdo enumera una serie de requisitos para la interconexión de nuevas centrales que sí pueden tener un impacto importante sobre su operación. Entre los criterios, figuran el grado de congestión de la red eléctrica, las “condiciones climatológicas” de la zona o el “espaciamiento” de las plantas entre sí.
Para el experto Víctor Ramírez, de la Plataforma México, Clima y Energía, el acuerdo es en los hechos una “contrarreforma eléctrica” que introduce nuevos parámetros. “¿Quién va a decidir cuándo las plantas renovables están suficientemente espaciadas? Ese concepto no existe en la ley”, afirma. “Quiere decir que toda la zona de alto potencial eólico de Tamaulipas [Estado fronterizo con EE UU] o Oaxaca [al sur del país] estaría frenada porque no se están espaciando las centrales lo suficiente entre sí.
En cualquier red eléctrica moderna en el mundo, se tiene zonas de concentración de potencia que se reparte a donde se tenga que repartir”. Ramírez sostiene que, en vez de frenar las renovables, se debería invertir en mejorar la infraestructura de transmisión.
Con el nuevo reglamento, el Gobierno también busca dar prioridad a la interconexión de “proyectos estratégicos” consistentes con la confiabilidad del sistema, el nuevo principio rector del modelo energético. Esto entra en aparente contradicción con el marco legal vigente que prioriza el despacho de la electricidad más barata y beneficia a las plantas renovables. Aunque el acuerdo no detalla qué puede considerarse “prioritario”, la brújula apunta a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal a la que el Gobierno pretende reforzar.
El consultor especializado Pablo Zárate, director de FTI Consulting, señala la “discrecionalidad” que esconde la medida. “La Secretaría de Energía puede decidir que una planta más cara y contaminante se puede prender porque la considera estratégica”, explica. “No es un tiro de precisión contra las renovables, sino un bazucazo contra el sector privado en la industria eléctrica”.
Via | El País
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