12 de Mayo de 2020
La instrucción de López Obrador a las Fuerzas Armadas de integrarse a tareas de seguridad pública, anunciada ayer en el Diario Oficial, es un reconocimiento del fracaso de la Guardia Nacional. Nomás no puede con la tarea.
La violencia y el luto aumentaron desde que el Presidente llegó a Palacio Nacional. Allí están los números. La 4T carga con la vergüenza del “año más violento” (2019) y el que corre no mejora.
Los números no mienten.
El Presidente tendrá que comerse sus críticas a Felipe Calderón en el tema de seguridad. Lo acepte o no, sigue la misma ruta que el expanista, a quien fustiga con palabras, pero reivindica en los hechos.
¿Cuál es la diferencia en ambas estrategias?
* La seguridad queda militarizada a partir de mañana y hasta marzo de 2024. El lema “abrazos, no balazos” será recordado como lo que siempre fue: una consiga de campaña.Parece que a AMLO le empieza a quedar claro que una cosa es andar de pregonero con discursos de oposición y otra muy distinta es sentarse en La Silla a tomar decisiones que afectan a millones de personas.
* En el país funcionan contrapesos que no le gustan al autócrata de Palacio. Hay tres ejemplos claros
1.- Morena no ha podido adicionar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quitar a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva en materia de presupuesto; para permitir al Presidente hacer reasignaciones sin permiso del Congreso, so pretexto de crisis económica.
No ha podido convocar a periodo extraordinario gracias a que el llamado “Bloque de Contención” —PAN, PRI, MC, PRD— se mantuvo cohesionado en la Permanente y no les dio la mayoría calificada que se requería.
2.- El INE y el TEPJF solicitaron al IMSS suprimir la carta con la firma de AMLO que se entregaba a los beneficiarios de los apoyos a las pymes. Los dos organismos consideraron que era violatoria del artículo 34 constitucional, que prohíbe la promoción personal con recursos públicos.
3.- La bofetada que la SCJN le dio ayer a la Ley Bonilla y al Congreso de Baja California, que la aprobó después de los comicios. El gobernador de Morena se quedará dos años y no cinco como pretendía.
El “fraude poselectoral”, como lo llamó el ministro Arturo Zaldívar, o la “reelección disfrazada”, como la definió el ministro Luis María Aguilar, no se pudo concretar.
Hay que aclarar que la anulación de la Ley Bonilla no puede considerarse una derrota del presidente López Obrador.
Es cierto que se trata de un gobernador de Morena y que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, falló en su vaticinio de que la desechada Ley Bonilla iba a “pervivir”.
A López Obrador no le entusiasmaba la famosa Ley Bonilla. Dio color cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional la Ley Bonilla, en diciembre el 2018, preguntó entonces a los reporteros de la mañanera:
“¿Se acuerdan de las concertacesiones?, ¿se acuerdan de eso? Allá mismo, en Baja California, y en todos lados. Como estaban de acuerdo, había acuerdos en lo oscurito y luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado”.
Nos dio gusto que la votación en contra de la citada ley haya sido unánime. Sabemos que tres ministros —Yasmín Esquivel, Antonio Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo— opusieron resistencia, pero, al final, se sumaron al rechazo.
Ya era hora de afianzar, con hechos, la división de poderes, como bien lo apuntó el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El beneplácito es general. Mención especial para el ministro ponente, Fernando Franco, artífice de que se impidiera una “reelección disfrazada”, para ponerlo en boca de otro ministro, Luis María Aguilar.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sintetizó los motivos por los que los once ministron llegaron a la misma conclusión:
“La reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático.
“Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude poselectoral”, puntualizó..
EXCELSIOR
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