DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Desde la bancada de Morena se impulsó una estrategia de comunicación para defender a Guadalupe Taddei, mediante mensajes difundidos por diputados y figuras del partido, consigna dada por su vocero Arturo Ávila y Sergio Gutiérrez Luna, exrepresentante de Morena ante el INE.
* La línea discursiva señalada habría consistido en desplazar la discusión hacia las administraciones anteriores, cuestionar a Lorenzo Córdova y a Luis Carlos Ugalde y evitar que la atención pública se concentrara en la escandalosa corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei.
La política tiene una regla elemental: ninguna campaña de propaganda puede sustituir las explicaciones que exige la transparencia y la rendición de cuentas. Mucho menos cuando las preguntas se refieren al manejo de recursos públicos, la transparencia y la autonomía de una institución fundamental para la democracia mexicana.
La controversia en torno al Instituto Nacional Electoral (INE) y su expresidenta, Guadalupe Taddei, coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda para Morena: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes conducen actualmente el organismo y hasta dónde pretenden trasladarla a sus antecesores?
De acuerdo con el planteamiento de esta denuncia política, desde la bancada de Morena se habría impulsado una estrategia de comunicación para defender a Guadalupe Taddei, mediante mensajes difundidos por diputados y figuras del partido, consigna dada por su vocero Arturo Ávila y Sergio Gutiérrez Luna, exrepresentante de Morena ante el INE.
La línea discursiva señalada habría consistido en desplazar la discusión hacia las administraciones anteriores, cuestionar a Lorenzo Córdova y a Luis Carlos Ugalde y evitar que la atención pública se concentrara en la gestión de Guadalupe Taddei.
El problema de esa estrategia es que una cosa es debatir el desempeño de los antiguos consejeros electorales y otra, muy distinta, utilizar sus antecedentes como argumento para eximir de explicaciones a quienes hoy tienen la responsabilidad institucional.
La información publicada sobre esta operación política revela un dato todavía más significativo: la movilización digital no habría alcanzado siquiera los objetivos establecidos por sus promotores.
Según el reporte de El Universal, hasta el corte del lunes 9 de noviembre, solamente 130 de los 254 diputados de Morena habían difundido más de 400 publicaciones, con aproximadamente 3.14 millones de visualizaciones, frente a una meta de nueve millones.
Arturo Ávila reconoció públicamente que existían líneas argumentativas coordinadas desde la vocería parlamentaria. Es decir, no se trataba simplemente de coincidencias espontáneas entre legisladores, sino de una estrategia organizada de comunicación política.
Pero hay una contradicción de fondo que Morena no puede resolver con publicaciones en Facebook, Instagram o X: si existen responsabilidades en administraciones anteriores, deben investigarse; si existen irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, también deben esclarecerse. La responsabilidad administrativa y eventualmente penal no desaparece por cambiar el nombre del responsable en una consigna partidista.
EL PROBLEMA SON LOS EXPEDIENTES, NO LAS PUBLICACIONES
Las investigaciones del Órgano Interno de Control del INE ofrecen una dimensión concreta del problema. Al 30 de octubre de 2026, su titular informó que existían 18 expedientes relacionados con contratos otorgados durante la gestión de Taddei: 13 permanecían en investigación y cinco habían derivado en procedimientos de responsabilidades administrativas. Esto no equivale a una sentencia condenatoria, pero sí constituye materia suficiente para exigir explicaciones y resultados.
A ello se suman los señalamientos periodísticos sobre posibles conflictos de interés, intervención de personas sin cargo formal y relaciones entre funcionarios y proveedores. Son hechos y acusaciones que deben investigarse con independencia, pruebas documentales y debido proceso, no resolverse mediante campañas de desprestigio o exoneraciones anticipadas.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, reportada el 7 de noviembre, tampoco cancela la obligación de esclarecer lo sucedido durante su administración. La rendición de cuentas no termina cuando un funcionario abandona el cargo.
El caso obliga a plantear una exigencia que trasciende las diferencias entre Morena, PRI, PAN y cualquier otra fuerza política: investigar todos los contratos, identificar a los beneficiarios, transparentar los procedimientos de adjudicación, determinar si existieron daños al erario y sancionar a quienes resulten responsables.
Porque tampoco Lorenzo Córdova, Luis Carlos Ugalde o cualquier otro expresidente del organismo pueden quedar fuera de una investigación si existen elementos que justifiquen revisar sus respectivas gestiones. La vara de la justicia debe ser la misma para todos.
LA AUTONOMÍA DEL INE NO PUEDE SER BOTÍN DE LOS PARTIDOS
Lo verdaderamente preocupante es que la discusión sobre la presunta corrupción del árbitro electoral termine convertida en una batalla de propaganda entre quienes gobernaron ayer y quienes gobiernan hoy.
El INE no pertenece a Morena, pero tampoco al PRI, al PAN o a sus antiguos consejeros. Es una institución del Estado mexicano cuya credibilidad depende de su autonomía, profesionalismo, transparencia y capacidad para organizar elecciones confiables.
La democracia no se defiende culpando eternamente al pasado ni blindando políticamente a quienes ejercen el poder en el presente.
Si Morena prometió combatir la corrupción, tiene la obligación de demostrarlo precisamente cuando las investigaciones alcanzan a personajes que llegaron a posiciones de responsabilidad durante su propio periodo de gobierno.
No basta con proclamar que se acabaron los privilegios. Hay que demostrar que tampoco existen privilegios para los propios.
La pregunta que permanece es inevitable: ¿quién responde por las presuntas irregularidades, quién autorizó los contratos, quién recibió los beneficios y quién permitió que los mecanismos de control fallaran?
La corrupción no tiene partido, pero la impunidad sí puede tener padrinos políticos. Y ninguna campaña de redes sociales, por millones de reproducciones que consiga, podrá sustituir lo que la sociedad exige: verdad, transparencia, investigación y justicia.
@efektoaguila
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