DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* La violencia y la muerte ha sido convertida en México en instrumento de dominación; el miedo en mecanismo de control y la impunidad en terreno fértil para la expansión del crimen organizado.
* México necesita recuperar la autoridad democrática del Estado, a fin de cumplir su obligación de garantizar la seguridad de las familias y devolver a la justicia su capacidad de proteger a las víctimas.
La conmemoración del Día de Muertos, expresión profunda del sincretismo pagano-religioso que distingue a México, es mucho más que una tradición para recordar a quienes se adelantaron en el camino.
Es también una oportunidad para reflexionar sobre la muerte, no solamente como destino inevitable del ser humano, sino como instrumento de poder cuando la violencia se convierte en mecanismo de dominación política y social.
México enfrenta una realidad que no puede ocultarse detrás de discursos oficiales, estadísticas maquilladas ni explicaciones complacientes: la violencia criminal ha penetrado amplios espacios de la vida nacional y ha impuesto el miedo como una de las principales experiencias cotidianas de millones de mexicanos.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando el terror deja de ser una consecuencia de la actividad criminal y comienza a convertirse en una forma de control territorial, económico y social?
La respuesta obliga a examinar la peligrosa relación entre narcotráfico, poder político, corrupción e impunidad.
La máxima expresión de la descomposición institucional no está únicamente en los asesinatos, las ejecuciones, los feminicidios y las desapariciones. Está también en la capacidad de las organizaciones criminales para desafiar al Estado, imponer sus propias reglas, controlar comunidades, someter autoridades y convertir regiones enteras en territorios donde la ley pierde autoridad frente a las armas.
El problema adquiere dimensiones todavía más inquietantes cuando aparecen señalamientos de complicidad, protección política, financiamiento ilícito o infiltración criminal en las estructuras gubernamentales.
No puede hablarse de una democracia plena cuando el ciudadano tiene más miedo a denunciar que confianza en las instituciones encargadas de protegerlo.
La violencia extrema, los cuerpos desmembrados, las ejecuciones públicas y las desapariciones tienen una finalidad que trasciende la eliminación física de las víctimas: enviar mensajes de intimidación, establecer jerarquías criminales y advertir a quienes se atrevan a desafiar a los grupos delictivos. Es el lenguaje del terror.
Pero hay algo todavía más grave: cuando las autoridades fracasan en prevenir, investigar y castigar estos delitos, la violencia termina produciendo un efecto de sometimiento colectivo.
Las familias modifican sus hábitos, los comerciantes pagan extorsiones, los periodistas enfrentan amenazas, los empresarios restringen sus actividades y las comunidades aprenden a guardar silencio para sobrevivir. Así se erosiona la libertad.
La narcopolítica debe examinarse precisamente desde esa peligrosa intersección entre el poder público y las estructuras criminales. No basta con denunciarla en el discurso. Es indispensable investigar, documentar y acreditar responsabilidades, caiga quien caiga, sin importar el partido, el cargo o la cercanía con quienes gobiernan.
Porque el narcotráfico no solamente disputa territorios: también busca controlar decisiones, recursos, autoridades y voluntades.
Y cuando la corrupción institucional abre las puertas al crimen organizado, la frontera entre la autoridad y el delincuente se vuelve peligrosamente vulnerable. ¡No hay crimen perfecto, sino investigaciones imperfectas!
Por eso resulta inadmisible que la impunidad se convierta en una especie de segunda condena para las víctimas y sus familias. Cada asesinato sin esclarecer, cada desaparición sin investigar y cada feminicidio sin castigo profundizan la desconfianza ciudadana y alimentan la percepción de que en México la vida humana vale menos que los intereses políticos y criminales.
La responsabilidad del Estado es irrenunciable. No puede delegar en los ciudadanos la obligación de protegerse ni reducir la crisis de seguridad a una disputa de narrativas entre gobiernos y opositores.
Tampoco puede pretender que los abrazos, los discursos de pacificación o las conferencias de prensa sustituyan la inteligencia criminal, la investigación científica, la coordinación policial y la aplicación efectiva de la ley.
Combatir las estructuras financieras del narcotráfico, investigar el lavado de dinero, utilizar la inteligencia financiera, aplicar la extinción de dominio conforme a derecho y desmantelar las redes de protección política y económica son tareas indispensables.
La persecución penal debe alcanzar tanto a quienes ejecutan los crímenes como a quienes los financian, encubren o facilitan desde posiciones de poder, siempre con pruebas, debido proceso y rendición de cuentas.
México no necesita una dictadura del miedo. Necesita recuperar la autoridad democrática del Estado, garantizar la seguridad de las familias y devolver a la justicia su capacidad de proteger a las víctimas.
En Oaxaca, como en el resto del país, esta reflexión adquiere especial importancia. Ninguna comunidad puede acostumbrarse a vivir bajo amenazas, extorsiones, ejecuciones o desapariciones. Ningún gobierno puede considerar normal que la población tenga que negociar su tranquilidad con quienes imponen la violencia.
En el Día de Muertos, mientras millones de mexicanos colocan flores de cempasúchil, encienden veladoras y levantan altares para honrar a sus difuntos, también es necesario recordar a quienes fueron asesinados, desaparecidos o arrancados violentamente de sus hogares.
Detrás de cada fotografía hay una historia interrumpida; detrás de cada madre buscadora, una herida abierta; detrás de cada familia enlutada y periodista asesinado, una exigencia de verdad y justicia. La muerte no debe ser instrumento de gobierno, ni el miedo en política de Estado.
Porque cuando los ciudadanos tienen que aprender a vivir con el terror, cuando la impunidad protege a los criminales y cuando las instituciones pierden capacidad para garantizar la vida, la democracia comienza a vaciarse de contenido.
¡Gobernar no es sembrar miedo, es garantizar la vida! Y ningún proyecto político, ninguna transformación y ningún gobierno tienen legitimidad suficiente para exigir obediencia a una sociedad condenada a vivir entre la violencia, la incertidumbre y la muerte.
México no puede resignarse a que los altares del Día de Muertos se conviertan en el retrato anticipado de una nación donde la violencia criminal y la impunidad deciden quién vive, quién muere y quién tiene derecho a levantar la voz.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
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