• El legislador priista exhortó al Órgano de Administración Judicial que haga públicos los criterios de adscripción y evite afectaciones a la impartición de justicia.
• Llamó a que se cumpla con las indemnizaciones, pensiones y prestaciones previstas en la reforma judicial.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Órgano de Administración Judicial (OAJ) a transparentar los criterios con los que realiza los cambios de adscripción de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, así como a garantizar el pago oportuno e íntegro de las indemnizaciones, prestaciones y pensiones complementarias previstas en el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia judicial.
El legislador priista advirtió que la implementación del nuevo modelo de administración judicial ha generado preocupación por la forma en que se están ejerciendo las facultades del OAJ, particularmente en lo relacionado con la movilidad de personas juzgadoras, la continuidad de los procesos jurisdiccionales y el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas por el Constituyente Permanente.
Explicó que diversas decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses han provocado cuestionamientos legítimos sobre los criterios utilizados para ordenar cambios de adscripción y sobre las repercusiones que estas determinaciones pueden tener tanto para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales como para los derechos de las personas juzgadoras que concluyeron su encargo conforme al régimen transitorio de la reforma.
Moreira Valdez señaló que las inquietudes expresadas por integrantes de la judicatura federal, asociaciones de juzgadores y distintos sectores del ámbito jurídico evidencian la necesidad de fortalecer la transparencia, la objetividad, la motivación y la certeza en el ejercicio de las atribuciones del Órgano de Administración Judicial.
Por ello, el político coahuilense planteó que el OAJ informe públicamente los criterios normativos, técnicos y administrativos que sustentan los procedimientos de cambio de adscripción de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, con el propósito de garantizar los principios de legalidad, objetividad y transparencia, así como brindar certeza sobre la continuidad de los procesos jurisdiccionales.
Asimismo, propone que el organismo emita y publique lineamientos generales que regulen los procedimientos de movilidad, reasignación y cambio de adscripción bajo criterios de legalidad, independencia judicial, seguridad jurídica y transparencia, además de adoptar las medidas para evitar que estos movimientos afecten la impartición de justicia o vulneren el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución.
En materia de derechos laborales, Rubén Moreira recordó que el Artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional en materia judicial estableció que las personas juzgadoras que declinaran participar en la elección judicial o no resultaran electas conservarían el derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado, veinte días de salario por cada año de servicio, así como las demás prestaciones y pensiones complementarias previstas en la ley.
Sin embargo, indicó que diversas asociaciones de personas juzgadoras han denunciado retrasos e incertidumbre en el cumplimiento de estas obligaciones. De acuerdo con la información disponible, al menos 85 personas juzgadoras continúan pendientes de recibir la indemnización extraordinaria prevista en el régimen transitorio y más de 120 permanecen en espera del pago de su pensión complementaria.
Ante esta situación, el congresista del PRI exhortó al Órgano de Administración Judicial a informar el estado que guarda el cumplimiento del Artículo Décimo Transitorio y las acciones emprendidas para garantizar el pago oportuno de las indemnizaciones, prestaciones y pensiones pendientes.
Rubén Moreira sostuvo que la certeza institucional se construye garantizando que las decisiones administrativas sean transparentes, objetivas y debidamente justificadas, pero también cumpliendo puntualmente los compromisos asumidos por el propio Constituyente Permanente. “Ninguna reforma puede consolidarse si se incumplen los derechos que la propia Constitución reconoce», concluyó.
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