DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Juan Espinoza Jiménez, obispo de Aguascalientes, lanza una demoledora crítica a la 4T: “Nos hablan de libertad y pluralidad, pero amenazan con cárcel a quienes piensan diferente; hablan de soberanía, pero se entrega el país en manos de delincuentes”.
* Cuando el poder pretende que el ciudadano elija entre seguridad y libertad, entre soberanía y democracia, entre gobierno y crítica, hay que recordar una verdad elemental: México no le pertenece al gobierno. El gobierno le pertenece a México.
El obispo de Aguascalientes lanza una advertencia demoledora a la 4T: “Nos hablan de libertad y pluralidad, pero amenazan con cárcel a quienes piensan diferente; hablan de soberanía, pero se entrega el país en manos de delincuentes”. México está llegando a uno de esos momentos en los que callar puede resultar más peligroso que hablar.
Desde el púlpito de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, puso sobre la mesa una pregunta que incomoda al poder y debería preocupar a toda la sociedad: ¿la llamada Cuarta Transformación está fortaleciendo la democracia mexicana o está empujando al país hacia una concentración cada vez mayor del poder?
No fue una crítica menor. El obispo cuestionó frontalmente la distancia entre el discurso oficial y los hechos. “Hoy nos hablan a nivel nacional de libertad y pluralidad”, dijo, pero advirtió que al mismo tiempo se amenaza con cárcel a quienes piensan diferente o se oponen a decisiones que, desde su perspectiva, dañan a la nación.
Y después lanzó el dardo que más duele: “También nos hablan de soberanía nacional, pero se entrega el país en manos de delincuentes”. Dos frases. Dos advertencias. Y una misma pregunta: ¿qué queda de la democracia cuando el ciudadano tiene que escoger entre callar o exponerse?
La libertad no se anuncia: se ejerce. El poder puede llenar plazas, discursos y conferencias con la palabra “libertad”. Pero la libertad no se demuestra con propaganda. Se demuestra tolerando al que contradice. Se demuestra permitiendo que un periodista investigue al gobierno.
Que un ciudadano proteste. Que un empresario cuestione. Que un académico discrepe. Que un juez resuelva contra la autoridad. Que un legislador vote en contra. Que una organización civil denuncie. Que una madre buscadora exija justicia. Que cualquier mexicano pueda decirle al poder: “No estoy de acuerdo”.
Y que por hacerlo no sea convertido automáticamente en enemigo. Ahí está la prueba verdadera. Porque si la pluralidad sólo existe mientras todos coinciden con el poder, entonces no estamos frente a pluralidad. Estamos frente a una simulación de pluralidad. El fantasma que ninguna democracia debe ignorar
Aquí aparece el verdadero peligro. No hace falta que desaparezca de un día para otro la libertad de expresión para que una democracia empiece a deteriorarse. Basta con que periodistas, ciudadanos, opositores, jueces, empresarios o activistas comiencen a preguntarse si hablar puede traerles consecuencias.
Basta con que la crítica sea estigmatizada. Basta con que el desacuerdo sea presentado como traición. Basta con que el aparato del Estado se utilice para intimidar. Y basta con que la ley deje de ser un instrumento de justicia para convertirse —real o percibida— en una amenaza contra el adversario. Ahí comienza el miedo. Y donde empieza el miedo termina, poco a poco, la libertad.
Por eso el mensaje del obispo de Aguascalientes merece ser leído con enorme seriedad, incluso por quienes discrepen de él. No porque su opinión sea una verdad incuestionable. Sino porque plantea una pregunta que corresponde responder con hechos, no con descalificaciones:
¿Puede llamarse democracia a un sistema en el que disentir comienza a tener un costo? Soberanía: ¿quién manda realmente? La segunda parte de su mensaje resulta todavía más explosiva. Porque la soberanía nacional no puede reducirse a discursos contra el extranjero.
La soberanía también significa que el Estado tenga capacidad real para garantizar la seguridad, hacer cumplir la ley y proteger a sus ciudadanos. Si los delincuentes controlan territorios, extorsionan comerciantes, condicionan actividades económicas, amenazan comunidades o imponen sus propias reglas, entonces el problema no es solamente de seguridad pública.
Es un desafío directo al Estado mexicano. Y la pregunta resulta brutalmente sencilla: ¿Quién manda cuando el ciudadano obedece más al criminal que a la autoridad? El obispo también incorporó a las madres buscadoras a su crítica, señalando que reciben promesas de apoyo que no siempre se traducen en ayuda efectiva.
Aquí tampoco bastan las palabras. Las madres que buscan a sus hijos desaparecidos no necesitan discursos. Necesitan resultados. Necesitan investigaciones. Necesitan fiscalías que funcionen. Necesitan policías capaces. Necesitan identificación forense. Necesitan verdad. Y necesitan que el Estado no las abandone. La gran contradicción de la 4T
La Cuarta Transformación llegó al poder con la promesa de cambiar la relación entre gobierno y sociedad. Prometió combatir privilegios. Prometió acabar con la corrupción. Prometió recuperar la seguridad. Prometió transformar las instituciones. Prometió poner al pueblo en el centro. Pero precisamente por eso la vara debe ser más alta.
Un gobierno que prometió transformar México no puede conformarse con administrar las contradicciones del viejo régimen. Tiene que demostrar que las superó. Y una de las pruebas fundamentales está en la libertad. No en la libertad de los que aplauden. En la libertad de los que cuestionan.
No en la protección del amigo. En la garantía del derecho del adversario. No en el discurso sobre soberanía. En la capacidad efectiva del Estado para impedir que los delincuentes sustituyan a las instituciones. El poder debe responder, no descalificar. La peor respuesta que podría darse al obispo sería descalificarlo por ser obispo.
Porque entonces se repetiría exactamente el problema que denuncia. Una democracia madura no responde a la crítica con persecución. Responde con argumentos. Si sus señalamientos son incorrectos, que se demuestre con hechos. Si existe libertad, que se garantice. Si existe pluralidad, que se respete. Si existe seguridad, que se vea en las calles.
Si existe soberanía, que ningún grupo criminal tenga capacidad de imponer su voluntad por encima del Estado. Y si existen resultados, que sean auditables. Porque el poder democrático tiene una obligación elemental: rendir cuentas.
El propio Espinoza Jiménez llamó precisamente a la ciudadanía a informarse responsablemente, dar seguimiento a los compromisos de los servidores públicos y exigir cuentas por los cauces democráticos.
Ese es el punto que no debería perderse en medio de la confrontación. México no necesita otro poder absoluto. México ya conoce los costos de los poderes sin contrapesos. Los conoce desde el presidencialismo hegemónico.
Los conoce desde los gobiernos estatales autoritarios. Los conoce desde las instituciones capturadas. Los conoce desde la impunidad. Y los conoce desde el miedo.
Por eso la democracia mexicana no puede consistir simplemente en cambiar el partido que concentra el poder. La democracia consiste precisamente en impedir que cualquier partido concentre un poder sin límites. Hoy puede ser Morena. Mañana puede ser otro.
El principio debe ser el mismo: nadie por encima de la ley, nadie por encima de las instituciones y nadie con derecho a decidir quién puede hablar y quién debe callar.
La encrucijada. México está frente a una disyuntiva histórica. No necesariamente entre dos partidos. No entre izquierda y derecha. No entre gobierno y oposición.
Entre una República de ciudadanos libres y un sistema político cada vez más intolerante con el disenso. Entre instituciones que limitan al poder y un poder que limita a las instituciones. Entre una prensa que puede investigar y una prensa que termina autocensurándose.
Entre ciudadanos que exigen cuentas y ciudadanos que prefieren callar. Entre un Estado que combate al crimen y un Estado que termina compartiendo espacios de poder con quienes deberían estar sometidos a la ley.
Por eso el mensaje del obispo Juan Espinoza Jiménez no debería convertirse solamente en otra batalla política. Debería convertirse en una llamada de atención nacional. Porque la libertad no desaparece de golpe. Primero se le ponen condiciones. Después se intimida al que la ejerce. Luego se castiga al que insiste. Finalmente, la sociedad aprende a callar.
Y cuando una sociedad aprende a callar por miedo, el poder ya no necesita censurarla. Se censura sola. Ahí está la verdadera amenaza. México todavía tiene instituciones, ciudadanos, periodistas, jueces, organizaciones sociales y millones de voces capaces de defender el pluralismo.
Pero ninguna democracia está vacunada contra el autoritarismo. Por eso la pregunta debe permanecer abierta y resonando en todo el país: ¿Libertad o dictadura? La respuesta no debe decidirla un gobierno. Tampoco un partido.
Debe decidirla una sociedad que se niegue a entregar su libertad a cambio de obediencia. Porque cuando el poder pretende que el ciudadano elija entre seguridad y libertad, entre soberanía y democracia, entre gobierno y crítica, hay que recordar una verdad elemental: México no le pertenece al gobierno. El gobierno le pertenece a México.
@efektoaguila
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