DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* El juez Sexto de Distrito en Oaxaca Francisco Martínez Ramírez, sentó un precedente nacional al ordenar al Ayuntamiento de Juchitán y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas incorporar el zapoteco, además del español, en la nomenclatura oficial y los topónimos de la ciudad.
* La calle es quizá el espacio público más democrático que existe para el zapoteco. Mariana Yáñez, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C., lo sintetizó: una lengua también vive en la calle, en el nombre de un barrio, en una esquina y en la manera en que una comunidad nombra su territorio.
No es una simple placa. No es un cambio cosmético en la nomenclatura y señalética urbana. Tampoco es un gesto folclórico para presumir multiculturalidad. Que las calles de Juchitán hablen zapoteco es, en realidad, una batalla por el territorio, la identidad y el derecho de un pueblo a nombrar el lugar donde vive en su propia lengua.
El juez Francisco Martínez Ramírez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, dio un paso que puede convertirse en precedente nacional al ordenar al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas incorporar el zapoteco, además del español, en la nomenclatura oficial y los topónimos de la ciudad.
La resolución, dictada el primero de septiembre de 2026 dentro del juicio de amparo 12/2025, promovido por María Lubia Santiago Villalobos, mujer indígena zapoteca originaria de Juchitán, con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena A.C., pone el dedo en una de las grandes contradicciones del Estado mexicano: se presume la riqueza de las lenguas originarias mientras, en la vida cotidiana, se les sigue expulsando del espacio público.
Porque una lengua que solo aparece en discursos oficiales, ceremonias y documentos administrativos está condenada a convertirse en pieza de museo. El zapoteco no necesita monumentos. Necesita presencia. Y la calle es quizá el espacio público más democrático que existe.
La sentencia parte de un dato contundente: 52.9 por ciento de la población del municipio habla una lengua indígena. La legislación establece que, cuando al menos 20 por ciento de la población municipal habla una lengua indígena, la nomenclatura oficial y los topónimos deben aparecer también en la lengua utilizada en el territorio.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿Por qué tuvo que llegar un juicio de amparo para que se cumpliera una obligación legal que las autoridades debieron atender por iniciativa propia? Ahí está el verdadero problema.
Durante años, gobiernos de todos los signos han pronunciado discursos sobre pueblos originarios, inclusión, interculturalidad y preservación de las lenguas indígenas. Se organizan foros, se imprimen documentos, se celebran ceremonias y se pronuncian discursos solemnes.
Pero cuando se trata de convertir esos derechos en políticas públicas visibles y permanentes, aparece la burocracia, el silencio y la omisión. En Juchitán, una ciudad donde el zapoteco sigue vivo en las familias, los mercados, las fiestas, las conversaciones y la memoria colectiva, las calles continuaban siendo nombradas oficialmente solo en español.
La inspección judicial realizada el 6 de mayo de 2026 lo documentó: un actuario recorrió la calle Valentín Gómez Farías, en la Octava Sección, además de diversas vialidades del centro, y constató que la nomenclatura observada estaba escrita únicamente en español.
No fue una opinión. Fue una constatación judicial. Y esa constatación terminó exhibiendo la distancia entre lo que dice la ley y lo que hacen las autoridades. El juez concluyó que el Ayuntamiento de Juchitán, el presidente municipal y el INALI habían omitido realizar las acciones necesarias para incorporar el zapoteco en la nomenclatura y los topónimos de la ciudad.
La resolución ordena que, una vez que quede firme, las autoridades municipales se coordinen con el INALI para realizar las gestiones necesarias y colocar los nombres de las calles y los topónimos en español y zapoteco, utilizando la variante propia de Juchitán.
Y aquí aparece otro elemento fundamental. No cualquier zapoteco. El zapoteco de Juchitán.
Porque las lenguas indígenas no son piezas uniformes de un catálogo burocrático. Tienen variantes, territorios, historia, memoria y formas particulares de nombrar el mundo.
Traducir una calle no significa simplemente sustituir palabras. Significa reconocer que detrás de un nombre existe una historia y detrás de esa historia existe una comunidad. Por eso la sentencia puede tener una trascendencia mucho mayor que la colocación de nuevas placas.
Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C., lo sintetizó correctamente: una lengua también vive en la calle, en el nombre de un barrio, en una esquina y en la manera en que una comunidad nombra su territorio.
Ahí está el verdadero fondo del asunto. El Estado mexicano ha sido particularmente hábil para reconocer derechos en el papel y particularmente lento para hacerlos visibles en la realidad. Juchitán acaba de demostrar que los derechos lingüísticos también pueden defenderse ante los tribunales. Y eso cambia la conversación.
Porque si una ciudad puede ser obligada judicialmente a reconocer su lengua originaria en sus calles, ¿qué ocurrirá mañana con los edificios públicos, los servicios municipales, la señalización vial, los sistemas de transporte, los trámites, la información electoral, los servicios de salud o la comunicación gubernamental?
La sentencia abre una puerta. Y detrás de esa puerta hay una pregunta todavía más grande: ¿Cuánto de México sigue siendo oficialmente monolingüe cuando millones de mexicanos viven, piensan y se comunican en lenguas originarias?
No basta con decir que México es una nación pluricultural. La pluriculturalidad tiene que poder leerse. Tiene que poder escucharse. Tiene que poder verse. Y, sobre todo, tiene que poder ejercerse.
Por eso el caso de María Lubia Santiago Villalobos tiene un mérito que va mucho más allá de su circunstancia personal. Su amparo convierte una omisión administrativa aparentemente menor en una discusión constitucional sobre identidad, dignidad y territorio.
Las calles son de todos. Pero también deben poder hablar en la lengua de quienes las habitan. Juchitán no está pidiendo permiso para ser zapoteca. Está exigiendo que el Estado deje de comportarse como si no lo supiera.
La verdadera transformación no será colocar una placa bilingüe. Será que ninguna autoridad vuelva a considerar normal que una ciudad mayoritariamente indígena tenga que pedir ante un juez el derecho elemental de verse reflejada en su propia lengua.
Porque cuando un pueblo pierde la posibilidad de nombrar su territorio, comienza a perder algo mucho más profundo: la capacidad de reconocerse a sí mismo. Y en Juchitán, por fortuna, las calles están a punto de recuperar la voz.
@efektoaguila
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