DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* Cuando el conflicto de seguridad escala hasta paralizar una de las principales vías de comunicación del Istmo, ya no estamos únicamente frente a un asunto policial: estamos ante una crisis de confianza entre ciudadanía y autoridad.
* Los inconformes denuncian detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, cateos irregulares y retención de unidades, lo que debe investigarse con absoluta seriedad, porque la fuerza pública no puede intimidar y abusar impunemente.
La detención de 10 personas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, terminó por convertirse en un problema mucho mayor que el operativo que pretendía realizar la Policía Estatal. Lo que debió ser una acción de seguridad terminó detonando protestas, reclamos de familiares y vecinos, bloqueos carreteros y quema de llantas en la carretera Transístmica.
Cuando una detención provoca que una comunidad salga a las calles a exigir explicaciones, algo está fallando. Y cuando el conflicto escala hasta paralizar una de las principales vías de comunicación del Istmo, ya no estamos únicamente frente a un asunto policial: estamos ante una crisis de confianza entre ciudadanía y autoridad.
Los inconformes denuncian detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, cateos irregulares y retención de unidades. Son acusaciones graves que deben investigarse con absoluta seriedad, porque en un Estado democrático la fuerza pública no puede convertirse en sinónimo de intimidación, abuso o impunidad.
Pero hay un nombre que aparece inevitablemente en el centro de las acusaciones: Jesús Santiago Barzalobre, señalado por los inconformes como uno de los elementos más abusivos y arbitrarios de la corporación y, además, identificado como cercano al comisionado Francisco Santiago García.
La pregunta política y administrativa es inevitable: ¿quién protege a Barzalobre y por qué? No se trata de condenar anticipadamente a ningún servidor público. Se trata de exigir algo elemental: que las autoridades investiguen las acusaciones y que, si existen antecedentes, quejas o responsabilidades, no sean archivadas bajo el manto protector de las complicidades internas.
Porque una corporación policial pierde autoridad cuando sus propios integrantes creen que pueden actuar al margen de la ley y que siempre habrá un superior dispuesto a cubrirlos.
La seguridad pública no puede construirse a golpes de prepotencia. Tampoco puede confundirse autoridad con autoritarismo. La Policía tiene facultades legales para detener, investigar y preservar el orden, pero esas facultades tienen límites constitucionales. La dignidad humana, el debido proceso, la legalidad y los derechos humanos fundamentales no desaparecen cuando una persona es detenida.
Y tampoco puede ignorarse la otra cara del problema: los bloqueos y la quema de llantas tampoco son una solución. El derecho a la protesta no otorga licencia para poner en riesgo vidas, incendiar objetos o impedir indefinidamente el libre tránsito de miles de ciudadanos. La autoridad debe garantizar simultáneamente el derecho a manifestarse y el derecho de terceros a circular y trabajar.
Ahí está precisamente el desafío del gobierno: evitar que un conflicto policial termine convertido en conflicto social. Juchitán y el Istmo no necesitan más provocaciones. Necesitan instituciones capaces de escuchar antes de reprimir, investigar antes de acusar y transparentar antes de justificar.
Si las 10 personas detenidas incurrieron en algún delito, que se presenten las pruebas y se proceda conforme a derecho. Si fueron víctimas de una detención arbitraria, que se deslinden responsabilidades y se sancione a quien haya abusado de su autoridad. Si hubo cateos irregulares o retención indebida de vehículos, que se investigue. Y si algún mando policial incurrió en excesos, que su cargo no sea escudo de impunidad.
Porque el verdadero problema no es solamente lo ocurrido en Juchitán. El problema es qué mensaje recibe la sociedad cuando denuncia abusos y no obtiene respuestas; qué mensaje reciben los policías cuando observan que los excesos pueden quedar sin consecuencias; y qué mensaje reciben los ciudadanos cuando para ser escuchados tienen que bloquear una carretera.
Una policía que pierde la confianza ciudadana pierde una parte esencial de su capacidad para combatir el crimen. El gobierno de Oaxaca tiene aquí una oportunidad —y una obligación— de demostrar que la transformación también significa rendición de cuentas dentro de las corporaciones de seguridad.
Investigar a los policías no debilita a la Policía. La fortalece. Sancionar a los abusivos no destruye la autoridad. La dignifica. Y transparentar quién tomó las decisiones que llevaron a esta crisis no genera ingobernabilidad. Evita que la ingobernabilidad siga creciendo.
Juchitán no necesita más fuego en las carreteras. Necesita que se apague el fuego de la desconfianza. Y para lograrlo, la primera pregunta que debe responder el gobierno es tan sencilla como incómoda: ¿Quién protege a quienes son señalados por abusar del poder?
@efektoaguila
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