La mandataria capitalina indicó que habrá cero tolerancia contra personas servidoras públicas que encubran o estén coludidas con este delito
Propuso un informe semestral para presentar los avances alcanzados con la estrategia y sus acciones de reforzamiento
Indicó que la incidencia de este delito no ha aumentado, pues, desde el 2019 se registran en promedio 10 y 11 casos diarios.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó ocho acciones para el fortalecimiento de la estrategia contra el despojo y garantizar la protección del patrimonio de las familias. Aseguró que su administración actuará con todo el peso de la ley y la fuerza de las instituciones para frenar este delito.
“Vamos a prevenir, a investigar, a acompañar y a restituir. No descansaremos hasta cerrar el paso, a quienes pretendan convertir el patrimonio de las familias en un negocio criminal. Ante ustedes está esta estrategia importante del Gabinete por la Paz y la Construcción de Seguridad en la Ciudad de México”, expresó.
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina explicó que la primera acción será impulsar un gran programa permanente y accesible de regularización, registro notarial, escrituración y sucesión de la propiedad como una estrategia de seguridad patrimonial para la población.
Además, anunció la próxima creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que contará con servidores especializados y que estará a cargo de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Como tercera acción, informó que se contará con nuevos plazos para la restitución de inmuebles y la judicialización, que serán de 15 y 30 días, respectivamente.
Informó que se contará con un protocolo único de atención frente a una llamada de emergencia por despojo para implementar una ruta común de actuación institucional entre el Gobierno de la ciudad, la policía y elementos ministeriales.
Explicó que se fortalecerá la investigación estratégica contra este delito a través de análisis de tendencias y patrones criminales, pues refirió que no se trata sólo de ir caso por caso, sino de identificar si existe algún grupo delictivo dedicado al despojo del patrimonio de las personas.
Como séptimo punto, anunció la creación de un equipo especial de control interno, adscrito a la Contraloría, encargado de investigar, auditar y sancionar cualquier posible acto de corrupción, colusión o complicidad de personas servidoras públicas que faciliten o encubran este delito.
“Ninguna red de despojo puede operar con protección institucional. Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Quien traicione la confianza ciudadana y utilice el servicio público para despojar a una familia de su patrimonio enfrentará todo el peso de la ley”, afirmó.
Como última acción, informó que se impulsará una cartilla de prevención, a través de una campaña informativa para sensibilizar, prevenir y evitar despojos mediante un decálogo de recomendaciones con las acciones de: mantener en regla la documentación del inmueble; registrarlo voluntariamente y activar la alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad; regularizar aquellas propiedades heredadas o intestadas.
Además de formalizar cualquier préstamo o renta de inmuebles; conservar pruebas de posesión como recibos de servicios; actuar de inmediato ante cualquier intento de ocupación; presentar denuncias sin demoras ante la Fiscalía; conservar evidencias; informarse y asesorarse oportunamente; y no firmar ningún documento relacionado con la propiedad sin leerlo y sin asesoría jurídica.
La titular del Ejecutivo local indicó que un punto más a agregar es la presentación de un informe semestral para exponer los avances obtenidos a través de la estrategia contra el delito de despojo y sus acciones de reforzamiento.
“Con estas acciones damos un paso histórico para proteger el bien más valioso de las familias: su hogar y su patrimonio. Construimos una política integral de prevención, de inteligencia, de atención inmediata y de restitución de derechos”, afirmó.
Brugada Molina reconoció el compromiso del Poder Judicial al sumarse en la lucha contra el despojo con la creación de una Unidad Especializada y con la estrategia de reducción de tiempos de atención.
“Que quede muy claro: en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios. Quien pretende enriquecerse, arrebatando a una familia el patrimonio construido con años de trabajo, encontrará toda la fuerza del gobierno actuando con firmeza. Frente al despojo, este gobierno actuará con toda la fuerza de la ley y de las instituciones”, aseveró.
Recordó que se han implementado acciones importantes como la creación del Gabinete interinstitucional contra el Delito de Despojo y la presentación de iniciativas para elevar las penas por este delito con hasta 22 años de prisión. Destacó que la incidencia de este delito se ha mantenido estable en los últimos años, pues, desde el 2019 se registran en promedio 10 y 11 casos diarios.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, indicó que a través del Gabinete contra los Despojos se ha logrado atender mil 32 casos, de los cuales 644 son civiles y sólo 388 han sido catalogados como presuntos despojos, y se han logrado 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos.
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, indicó que desde la instalación del Gabinete Contra el Despojo se puso en marcha un protocolo de reacción inmediata. Explicó que se parte primero de una denuncia a los números 911 y 5553458120. Recordó que la SSC monitorea constantemente denuncias en redes sociales y activa la Unidad de Contacto de la Secretaría.
Informó que en lo que va del año, la SSC ha detenido a 46 personas específicamente por el delito de despojo, independientemente de su participación en distintas investigaciones, donde quizá por otros delitos asociados se ha detenido a personas que incurren en esta práctica.
Vázquez Camacho dijo que al ingresar la denuncia la policía del cuadrante atenderá la llamada de manera inmediata, cuyo tiempo de respuesta debe ser menor a 3 minutos. Al llegar al lugar se evaluará si hay elementos para acreditar la flagrancia, la cual debe cumplir elementos como el ingreso, el forzar chapas y otros que están previstos en la ley, para que se pueda acreditar con toda precisión que la persona esté incurriendo en el delito de despojo.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que se reforzará la estrategia de prevención contra el despojo por medio de la realización de asambleas ciudadanas en zonas de la ciudad ya identificadas donde más se ha presentado este delito y reiteró el acompañamiento a víctimas a través del trabajo en campo, así como asesoramiento de víctimas en el sitio, en el Zócalo de Gobierno y vía telefónica a través del número 55 – 5345 – 81 20.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Erendira Cruzvillegas Fuentes, indicó que se ha implementado una alerta registral que se activa cada vez que hay un trámite de algún inmueble registrado, y al identificarlo con alguna situación fraudulenta se le da seguimiento.
Indicó que también se creó la Unidad de Inteligencia Registral, cuya misión es proveer la información para contar con una identificación profunda de los casos que lleguen al Gabinete de Despojos. Indicó que otra línea es la prevención, que tiene que ver con la seguridad patrimonial, por lo que se ha establecido un programa especial y la generación de dispositivos de asesoría adecuada y gratuita.
Agregó que se propone una serie de reformas legales en dos niveles, en el ámbito de la Ley Registral y otra donde haya garantía plena en coordinación con el notariado de la Ciudad de México. Modificaciones al Artículo 41, donde el usuario o persona que está haciendo la regularización de sus bienes tenga una verificación adecuada y autenticidad pertinente.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), Rafael Guerra Álvarez, propuso la creación de una Unidad Especializada integrada por 20 jueces para agilizar la atención a víctimas de este delito; elaborar un Registro Institucional de inmuebles afectados. Además impulsar la conformación de un Área Receptora de Órdenes de Desalojo, y dos más que alerten y detecten de forma oportuna y preventiva los procedimientos judiciales simulados y de convenios.
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