DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR
* La «Ley Alejandro» de Protección a Periodistas puede transformar a Oaxaca en referente nacional si deja de concebir la seguridad de los periodistas como una reacción burocrática y la convierte en una auténtica política pública de prevención, protección y defensa de la libertad de expresión.
* La responsabilidad histórica recae hoy sobre el gobernador Salomón Jara y sobre las diputadas y diputados del Congreso del Estado. Ambos poderes tienen la posibilidad de demostrar que la política sirve para algo más que simplemente administrar conflictos o emitir declaraciones de solidaridad.
Las democracias no mueren únicamente cuando se cierran los congresos o se cancelan las elecciones. También empiezan a agonizar cuando los periodistas son asesinados y el miedo sustituye a la libertad de informar. Cada crimen contra un comunicador constituye un atentado directo contra el derecho de la sociedad a conocer la verdad y una derrota del Estado de derecho.
La ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar no puede reducirse a un expediente ministerial ni a un comunicado oficial de condena. Su muerte interpela a las instituciones de Oaxaca y de México entero. Obliga a preguntarnos si el Estado seguirá reaccionando cuando ya es demasiado tarde o si finalmente asumirá la responsabilidad de prevenir que otro periodista sea silenciado por ejercer su profesión.
La historia reciente demuestra que el país ha construido mecanismos de protección que, en demasiadas ocasiones, llegan después de las amenazas, después de las agresiones y, lamentablemente, después de los asesinatos. La prevención continúa siendo el eslabón más débil de una política pública que no ha logrado romper el círculo perverso de amenaza, ataque, condena, investigación e impunidad.
Por ello, Oaxaca tiene frente a sí una oportunidad que pocas veces concede la historia: convertir una tragedia en una reforma de Estado. La «Ley Alejandro» de Protección a Periodistas puede transformar a la entidad en un referente nacional si deja de concebir la seguridad de los periodistas como una reacción burocrática y la convierte en una auténtica política pública de prevención, protección y defensa de la libertad de expresión.
No solo se trata de legislar para honrar un nombre. Se trata de impedir que el nombre de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se sume a una lista que nunca debió existir. Las leyes adquieren legitimidad cuando nacen del dolor colectivo para impedir que éste vuelva a repetirse. Esta fue nuestra postura en las entrevistas con Taré Alaníz en Estado Actual y Meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria.
La responsabilidad histórica recae hoy sobre el gobernador Salomón Jara y sobre las diputadas y diputados del Congreso del Estado. Ambos poderes tienen la posibilidad de demostrar que la política sirve para algo más que administrar conflictos o emitir declaraciones de solidaridad. Tienen la oportunidad de construir una legislación que coloque la vida de los periodistas por encima de cualquier cálculo político.
Bienvenida la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado presentada por el diputado Javier Casique para sancionar con mayor severidad los delitos contra periodistas y la libertad de expresión. “Porque defender a las y los periodistas es defender la libertad de expresión. Y defender la libertad de expresión es defender nuestra democracia”. Indispensable es enriquecerla.
Sería un grave error reducir la discusión a la creación de nuevas oficinas o a la multiplicación de trámites administrativos. Lo que Oaxaca necesita es una legislación con dientes: protocolos preventivos obligatorios, evaluación permanente de riesgos, mecanismos de respuesta inmediata, coordinación efectiva entre instituciones, presupuestos suficientes, capacitación especializada y responsabilidades claras para los funcionarios que incumplan con su deber de proteger.
La protección del periodismo tampoco puede entenderse como un privilegio gremial. Es una garantía democrática. Cada periodista que deja de investigar por miedo representa un caso de corrupción que permanece oculto, una violación a los derechos humanos que no será documentada o un abuso de poder que quedará en la oscuridad. Cuando asesinan a un periodista, también hieren el derecho de millones de ciudadanos a estar informados.
La impunidad agrava aún más esa realidad. Cuando los crímenes contra periodistas no se esclarecen o tardan años en resolverse, el mensaje para los agresores resulta devastador: intimidar puede ser rentable y silenciar voces críticas puede no tener consecuencias. En cambio, una investigación profesional, independiente y eficaz fortalece la confianza ciudadana y reafirma que ningún atentado contra la libertad de expresión debe quedar sin respuesta.
La «Ley Alejandro» debe nacer del consenso entre periodistas, organizaciones de derechos humanos, especialistas en seguridad, universidades y autoridades. Sólo así responderá a los riesgos reales que enfrentan quienes investigan corrupción, delincuencia organizada, abusos de autoridad o cualquier asunto de evidente interés público.
Las grandes transformaciones políticas suelen surgir después de las mayores crisis. Oaxaca puede demostrar que aprendió la lección y asumir un liderazgo nacional en la protección de periodistas. No mediante discursos, ceremonias o reconocimientos póstumos, sino mediante instituciones eficaces y leyes capaces de salvar vidas.
Porque la libertad de expresión no se defiende con homenajes. Se defiende evitando que otro periodista sea asesinado. Y hay amenazas contra el corresponsal de Proceso, Pedro Matías, y contra la periodista independiente Jaqueline Robles. Condenamos estos ataques y demandamos se investiguen.
Ése es el verdadero desafío de la «Ley Alejandro». Convertir el dolor en justicia preventiva, la indignación en reforma institucional y la memoria de Francisco Alejandro Leyva Aguilar en un legado que proteja a las generaciones presentes y futuras de periodistas.
Si Oaxaca tiene la voluntad política para hacerlo, no sólo honrará la memoria de un periodista. Enviará un mensaje contundente al país: que la libertad de expresión no puede seguir dependiendo del valor individual de quienes informan, sino del compromiso irrenunciable del Estado con la vida, la verdad y la democracia.
@efektoaguila
Sé el primero en comentar