Puebla, Pue., 26 de junio de 2026. La Arquidiócesis de Puebla expresó este viernes su rechazo a la iniciativa conocida como «ley de infancias trans», actualmente en discusión en el Congreso del estado, y llamó a los legisladores a privilegiar un diálogo amplio antes de aprobar cualquier modificación al Código Civil.
A través de un comunicado oficial, la Iglesia católica manifestó su preocupación por la propuesta que busca permitir que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar la rectificación de los datos relativos a su identidad de género en su acta de nacimiento y otros documentos oficiales.
La Arquidiócesis sostuvo que toda persona debe ser tratada con respeto y protegida de cualquier forma de violencia o discriminación; sin embargo, afirmó que la identidad sexual no puede definirse únicamente a partir de la autopercepción, sino que también debe considerar la realidad biológica de la persona. Asimismo, pidió que cualquier decisión legislativa se sustente en criterios científicos, jurídicos y médicos, así como en el interés superior de la niñez.
El pronunciamiento se da en medio del debate que enfrenta el Congreso de Puebla para atender una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó adecuar la legislación estatal para establecer un procedimiento que permita el reconocimiento legal de la identidad de género de personas menores de edad bajo determinadas condiciones.
En los últimos días, legisladores de Morena, así como de otras fuerzas políticas como PAN, PRI y PVEM, han adelantado que votarán en contra de la iniciativa en sus términos actuales, mientras que colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual han solicitado que el Congreso cumpla con la resolución de la SCJN y garantice los derechos de las infancias trans.
El tema continúa generando un intenso debate político, jurídico y social en Puebla, donde aún no existe una fecha definida para la votación del dictamen, mientras el Poder Legislativo analiza una posible prórroga para atender el mandato del máximo tribunal del país.
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