Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 21 de abril de 2026.— La dirigencia del PRI en Oaxaca protagonizó este martes una conferencia de prensa que giró en torno a un solo eje: el empobrecimiento sistemático de las familias mexicanas bajo el gobierno de Morena. El diagnóstico fue contundente y los ejemplos, deliberadamente cercanos.
La presidenta estatal del partido, Carmelita Ricárdez, abrió la sesión con una imagen que difícilmente admite réplica oficial: una madre de familia que sale al mercado con 500 pesos y regresa con las manos casi vacías. No fue retórica. Fue la descripción de una realidad que, según la dirigente, se repite cada semana en los hogares oaxaqueños mientras la inflación, que el gobierno federal califica de “temporal”, vuelve obsoleto cualquier plan de gasto antes de que acabe el mes.
“¿Temporal para quién?”, cuestionó Ricárdez. “¿Para las familias de Etla, de Tehuantepec?” La pregunta no esperaba respuesta oficial. Esperaba eco en quienes la escuchaban.
El contraste que desplegó la dirigente fue tan simple como eficaz: la tortilla que con el PRI costaba 12 pesos hoy se vende a 25. La gasolina, en una trayectoria similar. El pollo, aseguró, ha registrado un incremento de 300 por ciento desde que Morena llegó al poder. Cifras que el gobierno federal no ha desmentido con contundencia y que, en los mercados populares del estado, encuentran respaldo cotidiano.
Ricárdez apuntó también contra uno de los argumentos más recurrentes de la administración federal: el de las Tiendas del Bienestar como alternativa de abasto popular. Con visible ironía, recordó que en Oaxaca esos establecimientos llevan dos o tres años cerrados. “No hay tienda en Salina Cruz, no hay en Juchitán, no hay en Pinotepa”, enumeró, mientras la presidenta de la República, señaló, celebraba en la capital del país los precios subsidiados de esos mismos establecimientos. Un elogio, concluyó la priista, que revela cuánto desconoce el gobierno federal la geografía del país que gobierna.
El deterioro del campo completó el cuadro. La desaparición del programa Alianza para el Campo, que antes cubría la mitad del costo de maquinaria agrícola para pequeños productores, ha obligado a los campesinos a absorber por su cuenta los costos del diésel, cuyo encarecimiento se traslada de inmediato a los precios de los alimentos. Un círculo que el gobierno, acusó Ricárdez, no solo no ha roto, sino que ha contribuido a cerrar.
El secretario general del partido, Jesús Madrid, tomó la palabra para ampliar el diagnóstico hacia la arquitectura institucional. Morena, argumentó, no solo ha encarecido la vida: ha desmantelado los contrapesos que podrían frenarla. La reducción presupuestal al INE, el debilitamiento del INAI, la reforma al Poder Judicial y la reciente selección de consejeros electorales afines al partido gobernante componen, a su juicio, un patrón deliberado de concentración del poder. “Lo que se construyó en 30 años, lo vinieron a tirar”, afirmó, con referencia directa a los avances democráticos que México consolidó desde la alternancia de 2000.
Madrid no evitó el terreno local. Exhortó al gobernador del estado a redirigir recursos hacia los municipios con mayor índice de pobreza —San Juan Teotitlán, Coicoyan de las Flores, Santiago Textitlán—, en lugar de destinarlos a lo que calificó como una “farsa de centro de acopio” para enviar ayuda a Cuba. La crítica conectó dos frentes: el abandono de las comunidades más vulnerables de Oaxaca y el apoyo del gobierno federal a un régimen que, en palabras del dirigente, no garantiza a sus ciudadanos ni el derecho a comer ni el derecho a manifestarse.
La delegada política en la capital, Rebeca Cervantes, puso el foco en la inseguridad como variable económica. La violencia, argumentó, inhibe la inversión, reduce el empleo y contrae el poder adquisitivo, alimentando así el mismo ciclo de precariedad que el gobierno dice combatir. Su intervención llegó cargada de casos concretos: el tiroteo en Teotihuacán —zona turística sin detectores de metales pese a los niveles de violencia del país—, el caso de Edith Guadalupe y los protocolos de búsqueda que, denunció, siguen sin aplicarse con rigor. “No solamente tenemos problemas de corrupción”, advirtió Cervantes, “también tenemos problemas de ineficiencia y de falta de sentido común”.
Edwin Vásquez, secretario de Acción Electoral, cerró su intervención con un señalamiento puntual: la elección de tres nuevos consejeros del INE, cuya fecha límite vencía al día siguiente, se perfila —según el PRI— como una designación cerrada, sin apertura real de perfiles y orientada a colocar operadores afines al gobierno federal. “Una nueva farsa”, la llamó, en la que el partido no participará. El diputado federal Rubén Moreira ya había adelantado que el PRI no avalaría el proceso.
El delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Heliodoro Díaz Escárraga, cerró la conferencia con el tono más político de la jornada. Respaldó los calificativos que el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, ha lanzado contra el gobierno federal —“cínicos, corruptos, ineficientes”— y los justificó uno a uno: el caso de la familia de un funcionario alojada en la embajada de Londres a costa del erario, la tardanza de 20 minutos en responder al incidente de Teotihuacán pese a las denuncias previas de extorsiones en la zona, y los asesinatos de tres jóvenes en Juchitán, municipio gobernado por la izquierda durante años. “Los calificativos de Alejandro Moreno se quedan cortos”, sentenció. La brecha entre el dato macroeconómico y el recibo del mercado es, precisamente, el territorio donde el PRI ha decidido librar su batalla rumbo al 2027.
Al cierre, Carmelita Ricárdez refrendó el respaldo de la dirigencia estatal al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, cuya línea de confrontación directa con el gobierno federal (inflación, inseguridad, corrupción institucional) es hoy la columna vertebral del posicionamiento priista en todo el país. Un alineamiento que no es solo declarativo: es la apuesta electoral con la que el tricolor busca recuperar terreno en un estado donde, según sus propios dirigentes, la gente está “espantada y asqueada” de lo que ocurre. La pregunta que queda abierta es si esa indignación, cuando llegue el momento de la boleta, se traducirá en votos o simplemente en abstención.
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