- Oaxaca registra una problemática de seguridad y justicia, cuyo deterioro se ha agudizado en los últimos años, lo que ha llevado a un incremento en la demanda de justicia, que ha rebasado la capacidad del recurso humano, material y financiero en los juzgados de la entidad.
En compañía de magistradas y magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Eugenia Villanueva Abraján, titular del Poder Judicial del Estado (PJE), acudió al Congreso Local para entregar la cuenta pública del año 2018 y el informe del primer trimestre del 2019.
Es importante señalar que la asignación financiera al PJE es y ha sido siempre un tema que impacta directamente en el fortalecimiento del sistema de justicia. Recordemos que al asumir la presidencia de este Tribunal y del Consejo de la Judicatura, la magistrada Villanueva Abraján reconoció recibir una institución que arrastraba un significativo déficit presupuestal por lo cual convocó a las y los servidores judiciales a unir esfuerzos, hacer economías y sumarse a la austeridad republicana emplazada a nivel nacional.
“Estudios y encuestas desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y demás análisis internacionales, coinciden que Oaxaca registra una problemática de seguridad y justicia, cuyo deterioro se ha agudizado en los últimos años, lo que ha llevado a un incremento en la demanda de justicia, que ha rebasado la capacidad del recurso humano, material y financiero en los juzgados de la entidad”, apuntó la presidenta del TSJ.
En este contexto, en el año 2018, el Congreso del Estado autorizó a este órgano judicial un presupuesto de $819,339,886; a pesar de ello, se ejerció un monto de $919,080,824, el cual no cubrió los compromisos de servicios personales de este poder, por lo que la Secretaría de Finanzas aprobó un adelanto al presupuesto del presente año por $82,767,556 destinado al pago de aguinaldos, generando un déficit de origen en el ejercicio fiscal 2019.
Igualmente, en el año que transcurre, el PJE solicitó $1,242,962,226, autorizando la cámara de diputados $915,270,853, monto que presentó una disminución del 26.36% correspondiente al adelanto económico otorgado en el 2018, resultando un déficit presupuestal de origen por $410,458,930, esto sin considerar los recursos financieros no ministrados de los ejercicios fiscales 2015 al mes de abril del año en curso, de $69,531,966.
Respecto al rubro de servicios personales que representa: sueldos, jubilaciones, primas de antigüedad, impuestos, entre otros, se otorgó un presupuesto de $734,817,760, cuando el requerimiento para este ramo es de $892,981,07 predestinado únicamente para la nómina ordinaria que representa 2 mil 673 plazas; sin mencionar que es una realidad la escasez de personal en los diversos juzgados del estado, carentes de jueces, secretarios judiciales, actuarios y oficiales administrativos.
“Un tema de particular importancia, es el relativo a garantizar los valores y principios fundamentales de la infancia, sin embargo, el PJE ha trastocado el interés superior del niño, al carecer, por razón presupuestal, de peritos en genética para realizar la prueba biológica de ADN, como evidencia suficiente para el reconocimiento de la paternidad y por ende el derecho del menor de recibir alimentos”, manifestó la presidenta del TSJ. De igual forma indicó, que la judicatura local precisa en dotar a su Dirección de Periciales de contadores valuadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, criminalistas e intérpretes; ya que solo cuenta con 26 peritos para atender las necesidades de 109 juzgados y además se requieren espacios físicos adecuados y equipados, ya que el dictamen pericial en la impartición de justicia, es decisivo e imprescindible, dijo.
Por su parte, la Visitaduría General recibe aproximadamente 550 quejas al año que en su mayoría originan instructivos de responsabilidad y cuadernos de investigación a servidoras y servidores públicos judiciales, sin embargo la necesidad de este servicio tiene un rezago importante en visitas, en razón a no contar con personal suficiente, con mobiliario, equipos de cómputo, vehículos y asignación de un presupuesto necesario.
Actualmente el PJE, cuenta con 109 juzgados: 78 del sistema tradicional y 31 del sistema acusatorio adversarial; que en muchos casos funcionan en condiciones físicas deficientes, requiriendo atención inmediata como: mantenimiento y o reparaciones en instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; en otros casos existen daños estructurales en los inmuebles derivados del uso cotidiano, así como de los movimientos sísmicos.
Oaxaca, es uno de los dos estados pioneros en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no obstante de los 9 centros de justicia construidos, funcionan 3 de manera incompleta y requieren mantenimiento inmediato, los otros 6 aún no están habilitados; para poder hacer funcionar estos 9 centros con la infraestructura básica, se requiere una asignación presupuestal de $40,163,431 y $69,350,982,para trabajar con las condiciones ideales, sin considerar gastos de operación anuales.
Por lo anterior, ante la presencia del presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado, Diputado César Morales Niño; de la Presidenta de la Junta de Gobernación Política de esta legislatura, Diputada Laura Estrada Mauro; del Presidente de la Comisión Permanente de Administración Pública del Congreso Local, Diputado Ericel Gómez Nucamendi; del Secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui y ante la presencia de diputadas, diputados, magistradas y magistrados, así como invitados especiales, la titular del PJE, resaltó indispensable encaminar rumbo a la eficiencia y eficacia a este órgano judicial con el objetivo de brindar a la sociedad seguridad jurídica y acceso a la justicia, principalmente a los sectores más desprotegidos.
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