Joel Hernández Santiago
El 29 de diciembre el influyente periódico The New York Times publicó de forma destacada, en sus páginas y en su digital, una amplia investigación de sus reporteras Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, con imágenes de Meridith Kohut, sobre México; en particular sobre Sinaloa.
En el texto relatan su llegada a un pequeño laboratorio en el que se procesa el fentanilo. “…El cocinero vertió un polvo blanco en una olla llena de líquido. Empezó a mezclarlo con una batidora de inmersión y de la olla surgieron vapores que inundaron la diminuta cocina”, describen las periodistas. Y así, en adelante explican paso a paso el proceso por el cual, los laboratoristas del fentanilo –dicen- ‘tienen que preparar una entrega urgente de 10 kilos’.
El reportaje es amplio y detallado y al mismo tiempo muy grave. No sólo por lo que significa este procedimiento ilegal, como también porque de ahí presuntamente surge una de las substancias químicas más peligrosas de nuestros días y el que ha generado una gran disputa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano.
Ya desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le habían recriminado desde EUA que la substancia se procesara en laboratorios clandestinos de México y enviada al país del norte por grupos criminales. La respuesta contundente era: ‘no, en México no se procesa fentanilo, no hay cómo hacerlo y no existe ninguna posibilidad de que así sea’. Y así toda la administración AMLO.
A lo publicado esta vez, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, respondió con que lo publicado eran mentiras y –siguiendo el guion que heredó de su antecesor en la presidencia–, descalificó a la publicación y a lo publicado.
Al día siguiente presentó en su mañanera a especialistas del Ejército mexicano que dicen que lo dicho ahí resulta imposible porque no es así como se procesa el fentanilo pues resultaría mortal para el laboratorista.
[“El laboratorio estaba oculto en una casa en pleno centro de la ciudad de Culiacán, en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida. No había olores ni humo en el exterior que pudieran alertar a un transeúnte de las grandes cantidades de fentanilo que se estaban cocinando detrás de la puerta.” TNYT]
El diario, a su vez, respondió a la presidente de México que ellos tienen la certeza y la confianza en lo publicado; que lo que ellos publican se rige por el rigor periodístico y que es tarea de los medios informativos dar a conocer la verdad de los hechos.
Y así, dimes y diretes, para descalificar y para justificar. Pero esto no es nuevo. Durante el gobierno anterior eran frecuentes las descalificaciones a medios que daban a conocer sus investigaciones sobre asuntos y temas del gobierno mexicano.
Así era para periódicos y periodistas mexicanos que informaban y daban a conocer mediante periodismo de investigación lo que el gobierno mexicano pretendía ocultar o consideraba que no debería ser conocido por los mexicanos.
Y apaleaba lo mismo a los medios mexicanos y periodistas mexicanos como a periódicos y periodistas del extranjero, como El País de España, al Financial Times, británico y medios y periodistas estadounidenses que dijeran lo que el gobierno mexicano consideraba una irreverencia, una falta de respeto y una “intromisión” en asuntos mexicanos y que, además, respondían a intereses mercantiles y del conservadurismo nacional e internacional.
Como cuando en la mañanera del jueves 22 de febrero de 2024, AMLO reveló que el periódico estadounidense The New York Times le envió un documento para pedir su opinión sobre un reportaje que iba a publicar sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña presidencial de 2018, en la cual resultó vencedor.
AMLO tachó de prepotente y amenazante el cuestionario enviado por la corresponsal en México, Natalie Kitroeff de quien, por cierto, expuso sus números telefónicos mientras lo leía en vivo. Por supuesto descalificó el trabajo publicado por el diario estadounidense.
Pero sobre todo era usual que durante sus mañaneras descalificara toda información, reportajes, crónicas, entrevistas o artículos de opinión que él consideraba falsos, irreverentes, adversos y “que atacan al pueblo de México”, decía, sin probarlo.
Susceptible a la crítica López Obrador actuaba en consecuencia. Muchos periodistas, analistas, comentaristas de medios impresos, electrónicos y digitales fueron removidos de sus fuentes luego de que se ejercía presión desde la presidencia del país para que así fuera.
Y ese discurso de odio en contra del periodismo y sus medios fomentaba el odio en contra de periodistas críticos del país, tan es así que durante los seis años de gobierno de AMLO fueron asesinados 47 periodistas y desaparecieron 30, según la organización Artículo 19.
La descalificación a la prensa desde el gobierno mexicano, no viene acompañada de argumentos sólidos, datos, información que demuestre su verdad; en general son adjetivos, son descalificaciones que agravian a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento.
Ninguna razón es válida para el gobierno mexicano, ni verdad ni argumento que muestre sus contradicciones entre el discurso y la realidad.
Luego de las descalificaciones al TNYT, medios mexicanos dieron a conocer que el domingo 5 de enero de 2025 fue descubierto y desmantelado por autoridades mexicanas, en Topolobampo, Sinaloa, un narcolaboratorio que estaba en la localidad de Corral Viejo, del municipio de Topolobampo, en Sinaloa.
Perseguir a la prensa más que a la delincuencia no es razonable, ni gobernabilidad, ni democrático.
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